España no tiene un problema de ocupación ilegal, sino de “exclusión residencial, infraviviendas, precios abusivos de alquileres o desahucios de familias sin alternativa habitacional”, UP

El Congreso tumba la propuesta de Ley Antiocupación del Partido Popular

Solo las derechas y la ultraderecha han votado a favor de que la proposición continuara la tramitación parlamentaria

El Congreso de los Diputados ha vuelto a dar hoy la espalda a una de las banderas políticas del Partido Popular: una Ley Antiocupación. Los conservadores solo han conseguido 160 votos favorables, los de sus socios habituales, Ciudadanos, Vox y otros partidos minoritarios entre los que destaca el PdCat, para intentar que su propuesta de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal siguiese el tramite parlamentario. El voto en contra del resto del hemiciclo (178 diputados) lo ha impedido. El PNV, por su parte, se ha abstenido.

«Trabajan poco y les pilla el toro», ha bromeado la diputada socialista Sonia Guerra, que ha recordado al Partido Popular desde la tribuna del Congreso que presentó la misma proposición «hace tan solo nueve meses» y, tres semanas atrás, hizo lo propio en forma de moción. En 2020, a través de Change.org, el Partido Popular de Pablo Casado apenas consiguió 14.000 firmas en 2020 en una petición “contra la okupación ilegal” dirigida al Ejecutivo.

Todas estas iniciativas recogían medidas similares: el desalojo inmediato (en un máximo de 24 horas) de los ocupas y una reforma del Código Penal para castigar con penas de hasta tres años a aquellas personas que usurpasen un inmueble con violencia o intimidación. Asimismo, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo también pretendía dar la posibilidad a las comunidades de propietarios de convertirse en personas jurídicas para que sean ellas mismas quienes inicien los procesos contra la ocupación. De este modo, la norma habría impedido que los ocupantes se pudieran empadronar en los domicilios.

Horas antes, el portavoz del PSOE Patxi López ya avanzó su intención de votar en contra. Su partido apuesta por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar los desalojos si el inquilino no puede demostrar que reside en la vivienda. Desde Unidas Podemos creen que la proposición del Grupo Popular forma parte del “espectáculo” de la derecha política, que basa su estrategia en el  “discurso del odio y del miedo, de la alarma social y, cómo no, de la criminalización de la pobreza”. Por el contrario, UP considera que el problema en España no son las ocupaciones ilegales, sino la “exclusión residencial, las infraviviendas, los precios abusivos de los alquileres o los desahucios de las familias sin alternativa habitacional”, entre otros.

Una posición similar a la que mantienen otros grupos de izquierda como Más País o el BNG: «Es una forma de crear tensión social y un temor hacia un fenómeno que no tiene la dimensión de la que habla la ultraderecha y la derecha ultra», ha asegurado gallego Néstor Rego.

La medida estrella de la derecha y la ultraderecha

Según el barómetro del CIS de octubre, solo el 1% de los españoles señala “la ocupación de viviendas” como uno de los tres principales problemas del país, muy por debajo de otros como “el funcionamiento de los servicios públicos (3%), la vivienda (2,9%) o “los peligros para la salud” (2,5%). A pesar de ello, la lucha contra la ocupación se ha convertido en una bandera política de la derecha y la extrema derecha y también de un suceso recurrente en determinados medios de comunicación de masas.

Tanto PP como Vox han acusado al gobierno de coalición de “blanquear la okupación” y de dejar a los ocupas “campar a sus anchas”. La propia secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha defendido hoy en una tribuna publicada en El Mundo que el supuesto incremento de ocupaciones ilegales en los últimos años «se ha debido también a la inacción de un Gobierno que […] ha generado un clima de impunidad».

Según datos del Ministerio del Interior recogidos por Maldita.es, el número de denuncias por ocupación de inmuebles desde 2017 hasta 2021 -las cuales no distinguen entre usurpación y allanamiento- ha pasado de 10.619 a 17.274, un 62,67% más. No obstante, las condenas por este tipo de delitos han pasado de 7.084 en 2017 a 4.532 en 2021, un 36% menos, según el Instituto Nacional de Estadística. De todas ellas, el 5% son sentencias por allanamiento de morada, es decir, por entrada en una vivienda habitada. El resto, se trata de condenas por usurpación, o lo que es lo mismo, la ocupación de un inmueble vacío.

Fuente: Dani Domínguez en lamarea.com
Foto: Mario Garcés, de Grupo Parlamentario Popular, defiende la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal | CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

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