El Ministerio de Consumo obligará a las empresas a explicar cómo usan los algoritmos para decidir sus precios y personalizar la publicidad

Pablo Bustinduy ha anunciado que regulará la información de los algoritmos para que sus parámetros sean transparentes y accesibles y prohibirá que sean discriminatorios o se aprovechen de situaciones de emergencia

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que su departamento regulará los algoritmos que utilizan las empresas para personalizar precios y publicidad. Lo hará, según ha explicado, obligando a que los parámetros que usan estos algoritmos sean transparentes y accesibles para los consumidores.

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Además, el ministro ha anunciado que se prohibirá que cualquiera de estos parámetros sea discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad. Por otro lado, las empresas no podrán variar los precios que se personalicen de forma automática durante todo el proceso de compra, con el objetivo de evitar que los usuarios sientan la presión de tomar decisiones apresuradas por la incertidumbre de las variaciones.

De esta manera, desde Consumo se pretende facilitar información útil a los consumidores para que eviten posibles prácticas discriminatorias o engañosas. También se busca una mayor concienciación sobre el uso de datos personales y un mayor control sobre la privacidad.

¿Cómo se regulará?

El Ministerio ha explicado a modo de ejemplo cómo tendrán que actuar las empresas de servicio de transporte por coche. En este caso, la plataforma tendrá que ofrecer una información clara al usuario de cómo se ha formado el precio que se le muestra. Es decir, el usuario podrá conocer en base a qué parámetros se ha fijado ese precio, si ha sido por la distancia hacia el destino, por la hora del viaje, por la frecuencia con la que realiza ese trayecto o por la concurrencia de eventos masivos en la ciudad en la que se encuentre… Además, se prohibirá que el precio del viaje se fije por razones discriminatorias, como, por ejemplo, que el usuario tenga una discapacidad, o por su perfil racial. El precio tampoco se podrá fijar en base a una situación de emergencia o de necesidad para el consumidor, como que le quede poca batería en el móvil, por ejemplo.

Estas medidas continúan el trabajo realizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo durante la DANA del pasado mes de octubre que causó importantes daños en buena parte del país, especialmente en la Comunidad Valenciana. En esa ocasión, el departamento que lidera Bustinduy prohibió que la personalización de precios derivara en incrementos de precios cuando se producían picos de demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad.

«Ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos«, ha declarado Pablo el ministro, y ha añadido que resulta necesario democratizar las relaciones económicas, «construyendo alternativas, con el objetivo de llegar a tener intercambios justos, transparentes y en igualdad de condiciones«. Por otro lado, Bustinduy ha puesto el foco en las relaciones de consumo que se establecen en los entornos digitales, insistiendo en que debe garantizarse la transparencia dentro de este ámbito y el derecho de las consumidores a una información clara y veraz.

Fuente: facua.org

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