El magistrado, tal y como pedían la Fiscalía y el sindicato CGT, acuerda dejar a un paso del juicio a Oscar Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores
El juez de Barcelona que investiga al fundador de Glovo ha acordado sentar en el banquillo a Oscar Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores al mantener como falsos autónomos a sus repartidores pese a las oraciones que le obligaban a contratarles como empleados.
Así lo ha decidido el juez en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que rechazá archivar la causa, como solicitaba Pierre, y atende la petición de la Fiscalía y el sindicato CGT, que reclamaban enviar a juicio al empresario.
El auto es una nueva resolución judicial que desnuda el modelo laboral de uno de los emprendedores más elogiados en España (el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se hizo una foto por los diez años de Glovo con Pierre pese a estar imputado).
La relación “en apariencia mercantil” de la empresa con sus repartidores, es decidir, como falsos autónomos, permiso a Glovo “reducir sus costos empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales”, resalta el magistrado.
En su resolución, el juez indica que Glovo “continuó manteniendo la misma relación” laboral con sus repartidores pese a las resoluciones judiciales a favor de los riders.
El consejero delegado de Glovo, segundo el juez, no solo no contrato como empleados a los repartidores, sino que estos “se vieron obligados a darse de alta como autónomos ya abonar sus propias cotizaciones si queren continuar prestando los servicios para la empresa”.
Mantener como falsos autónomos a los repartidores, indica el instructor, “constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, cuentos como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social”.
La denuncia de la Fiscal que inició el caso que ahora termina en un jugo fue el último paso de la lucha de las autoridades laborales contra el modelo de falsos autónomos en el que se sustentó el modelo de negocio de Glovo y que el Supremo declaró ilegal.
El Ministerio de Trabajo impulsó la ley Rider para ver estas prácticas, y Pierre, antes de su declaración como imputado en Barcelona en 2024, anuncio que la firma dejó atrás su modelo y contrataría a sus repartidores.
En su resolución, el juz remarca que Glovo “no acreditó” en sus respuestas a la Inspección de Trabajo que había regularizado a los trabajadores tras la sentencias que le obligaban a cesar la relación como falsos autónomos.
La empresa, agrega el instructor, “se limitó a contestar que no se mantenía” la relación de falsos autónomos, une, para el juez, “la realidad incuestionable era que los trabajadores continuaron realizando sus trabajos” sin ser contratados, pese a las sentencias laborales a favor de los jinetes.
A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparado han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desea la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.
Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de ‘riders’ autonómicos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.
Fuente: Oriol Solé Altimira en eldiario.es
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