- En el trigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una declaración institucional con motivo del 30º aniversario de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, hito normativo del que el Gobierno subraya que “supuso un hito histórico y sirvió de referencia para sentar las bases de una cultura de la prevención en nuestro país”.
Con esta conmemoración, el Ejecutivo no plantea “una mera declaración de intenciones”, sino “un llamamiento al conjunto de la sociedad”, y ha acordado declarar 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Gobierno ha subrayado la persistencia de una “epidemia silenciosa” vinculada a la siniestralidad laboral. Según los datos oficiales recogidos en la declaración, 796 personas murieron en su puesto de trabajo o en el trayecto en 2024, lo que equivale “a más de dos cada día”, unas cifras que el Ejecutivo considera “inadmisibles” y ante las que reclama actuar “de manera decidida y sin demora”.
En 2024, 796 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo o en el itinerario a él
El comunicado recuerda que la Constitución española encomienda a los poderes públicos la obligación de “velar por la seguridad e higiene en el trabajo”, y recalca que este debe ser “un lugar donde las personas no pueden poner en riesgo su salud o jugarse la vida independientemente de dónde se ubique o del número de personas con que cuente la empresa”.
El Gobierno cuestiona la idea de que el crecimiento económico esté inevitablemente ligado al aumento de los accidentes laborales y afirma que “no es un mal inevitable”, subrayando que “hay una relación directa entre precariedad y aumento de los riesgos laborales”. En este sentido, vincula la reforma laboral aprobada en esta legislatura a una mejora de indicadores, al asegurar que “permitió que el índice de siniestralidad con baja laboral se redujese un 7,4% y en todos los rangos de edad”.
El crecimiento económico no debe ser sinónimo de más siniestralidad laboral
El Ejecutivo también alerta sobre retos emergentes derivados de la transformación del trabajo, entre ellos “el incremento de los riesgos psicosociales, la falta de plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres —cuyas patologías y necesidades en materia de prevención han sido las grandes olvidadas—, las enfermedades derivadas del trabajo o el envejecimiento de la población activa”.
Incide además en el impacto del cambio climático y recuerda, cuando se cumple un año, “los efectos de la DANA que acabó con la vida de 229 personas”, tragedia que derivó en “medidas laborales audaces como los permisos climáticos que protegen a las personas trabajadoras ante escenarios meteorológicos adversos”.
Como marco de actuación, el Gobierno destaca la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 (EESST), aprobada el 14 de marzo de 2023 “por acuerdo entre las distintas Administraciones Públicas con competencias en la materia y los interlocutores sociales” y alineada con los objetivos del Marco Estratégico Europeo 2021-2027, con especial énfasis en “anticiparse a los riesgos que plantean las transiciones digital, ecológica y demográfica”.
Entre las actuaciones citadas figuran las campañas anuales para prevenir golpes de calor impulsadas por el Ministerio de Sanidad, la Inspección de Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el primer plan de choque contra los accidentes mortales, focalizado en sectores con mayor letalidad, especialmente la construcción, “donde la siniestralidad laboral mortal incide especialmente”.
El Ministerioo de Trabajo también pone de relieve avances normativos para adaptarse a los efectos climáticos. En 2023 se modificó la regulación sobre lugares de trabajo para incluir “la obligación empresarial de adoptar medidas de protección frente a fenómenos meteorológicos adversos”, y en noviembre de 2024 se ampliaron los derechos laborales para reconocer permisos ante “recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento» o “situaciones de riesgo grave e inminente, incluidas catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos”. Además, en línea con la OIT, se incorporó al Estatuto de los Trabajadores el impulso a la negociación colectiva para desarrollar “protocolos de actuación frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos”.
El Gobierno cierra la declaración fijando seis compromisos centrales, entre ellos que “la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida”, y la promesa de seguir impulsando “la adaptación normativa a los riesgos emergentes”, reforzar la investigación, “promover campañas de divulgación, sensibilización e información permanentes”, fomentar la cooperación nacional e internacional y desarrollar políticas educativas adaptadas en esta materia.
Fuente: Andrea Vicario en nuevatribuna.es
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