El Gobierno de Ayuso reforma la Ley del Suelo sin dotar de medios a los ayuntamientos y de espaldas a la ciudadanía

  • La derecha en la Asamblea de Madrid ha aprobado la decimosexta modificación de la Ley del Suelo en diecinueve años de vigencia. La lectura única no ha permitido la presentación de enmiendas por los diputados y diputadas autonómicas
  • La Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en un informe del pasado mes de julio, alerta de la posible invasión de competencias municipales y de la vulneración de la normativa urbanística básica. Indicios de que podría ser inconstitucional.
  • El principal cambio es sustituir la licencia urbanística sujeta al control municipal desde el inicio por declaración responsable que permite el comienzo de obras y actividades sin supervisión municipal
  • Colectivos ecologistas, vecinales, de defensa del patrimonio cultural, de la vivienda digna, sindicatos y partidos de izquierda de la Comunidad de Madrid, se han opuesto a esta reforma y han pedido un proceso de diálogo que se ha plasmado en un manifiesto, hecho público el pasado mes de junio. Todo ha sido ignorado.
  • El pasado 23 de septiembre en una jornada técnica sobre la modificación de la Ley del Suelo que se ha aprobada hoy, profesores universitarios, técnicos urbanistas y colectivos sociales expusieron las consecuencias urbanísticas de la nueva norma.

El pleno de la Asamblea de Madrid, con la mayoría parlamentaria de los grupos de la derecha, ha aprobado la Ley por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. La aprobación se ha producido por lectura única, es decir sin permitir la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

La modificación consiste en el cambio de 13 artículos (del 151 al 163) de la actual Ley del Suelo. La principal reforma consiste en reducir los mecanismos vigentes de control municipal sobre los actos de uso del suelo, construcción y edificación. En muchos de estos actos, se sustituye la licencia urbanística, que supone una supervisión municipal desde el inicio de la solicitud del promotor, por la declaración responsable. En esta última, el control del ayuntamiento es posterior, una vez iniciada la construcción o la actividad, y siempre que el municipio cuente con medios suficientes de inspección, cosa que en general no sucede, y por lo tanto implica un elevado riesgo de que se realicen intervenciones ilegales que conlleven efectos irreparables (demoliciones de edificaciones históricas, daños a terceros, construcciones ilegales en suelo protegido, etc).

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, en el pleno de hoy, ha vinculado -sin demostrarlo con dato alguno- la llamada reactivación de la actividad urbanística y sus esperados efectos sobre la economía, con el simple hecho de suprimir, lo que considera, cargas administrativas innecesarias. Bajo esta motivación subyace una tesis contraria al necesario e inexcusable control de la legalidad urbanística que se ejerce mediante la licencia, hasta el punto de considerarla un estorbo para la actividad urbanística. Por contra, deja a la iniciativa privada el papel de motor de la actividad económica.

A juicio de Ecologistas en Acción, no se puede cambiar la licencia urbanística por la declaración responsable ignorando la situación de los ayuntamientos y de la propia Comunidad de Madrid. Sabiendo que los servicios administrativos de control urbanístico carecen de medios personales y tecnológicos suficientes, lo que en la práctica supondrá más caos y más impunidad en el urbanismo madrileño.

Pero no solo se ha ignorado a la ciudadanía y a la oposición, el Gobierno regional y los partidos que han votado a favor, también han desatendido muchas de las indicaciones que le fueron sugeridas por sus propios departamentos. Por ejemplo, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha visto rechazadas muchas de las consideraciones de su informe de 15 de julio. Algunas de ellas de carácter esencial como la que recoge la preocupación por la posible vulneración de las exigencias derivadas del principio de autonomía local. Así, en la nueva regulación recogida en el artículo 156 de la nueva Ley, referido al contenido de las declaraciones responsables urbanísticas, se alerta de que se podrían estar regulando materias que son competencia de las entidades locales.

Igual de grave resulta el desprecio a las indicaciones realizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural que ha visto rechazadas todas sus sugerencias y que no duda en entender, en su informe que «la figura de la declaración responsable tiene efectos muy negativos en la protección del patrimonio cultural. Su aplicación en la práctica supone que la necesaria autorización previa —como requisito que garantiza que no se realizan ni actuaciones ni usos que pueden dañar los bienes culturales— es sustituida por un control realizado a posteriori que en la mayor parte de los casos tiene lugar una vez producido un daño que ya es irreparable».

Los efectos de las muchas deficiencias de esta reforma de la Ley del Suelo, a juicio de Ecologistas en Acción, la hacen susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Por ello, desde hoy la organización trabajará en este sentido.

Fuente: ecologistasenaccion.org