El Gobierno de Ayuso deja en la calle a 20 familias que perdieron sus casas por las obras de la línea 7 de Metro

A punto de que la circulación se suspenda por novena vez, la Comunidad de Madrid dejará de pagar el alquiler en apartamentos provisionales a los dueños de las viviendas de San Fernando de Henares que fueron desalojados hace un año ante el peligro de derrumbe

Hace casi un año, los bomberos desalojaron a toda prisa el bloque que hace esquina en las calles Rafael Alberti y La Presa, en la localidad de San Fernando de Henares, ante el peligro de derrumbe que habían detectado los peritos de la Comunidad de Madrid. Ese edificio pertenecía a la ‘zona cero’ de los daños causados por las obras de la Línea 7B de Metro que Esperanza Aguirre impulsó desoyendo las advertencias de los informes técnicos. El Gobierno regional envió a las familias a unos aparta-hoteles en un polígono industrial cercano, en los que la mayoría sigue viviendo a día de hoy pero que tendrán que abandonar el 20 de septiembre, porque el Ejecutivo madrileño ha decidido ahora no renovar la orden de emergencia que le permite financiar esos alquileres. 

Aquellas familias, desalojadas a finales de septiembre de 2021, pensaron en ese momento que pasados unos meses, tras los estudios y las obras pertinentes, podrían volver a sus casas. El consejero de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, les aseguraba entonces que cuando volviesen lo harían “con la absoluta tranquilidad de que es el edificio más sólido de España”. “Al principio pensábamos que íbamos a volver, que serían unas pruebas y volveríamos”, cuenta Eva, una de aquellas vecinas. El edificio, sin embargo, quedó reducido a escombros el pasado mayo, después de que los peritos concluyesen que su estado era irrecuperable. “Al final ni prueba ni nada. No tengo casa, no tengo vivienda, no tengo hogar. Nos han jodido la vida”, explica al otro lado del teléfono. 

Durante este tiempo la mayoría ha montado una vida provisional en los aparta-hoteles que la Comunidad les asignó en un polígono a las afueras de San Fernando, pero tendrán que abandonarlos el 20 de septiembre. Los vecinos lo supieron en una reunión que mantuvieron el 28 de julio con el viceconsejero de Transportes, Carlos Díaz-Pache. “Nos dijeron que no se podía ampliar la orden de emergencia porque ya no existía emergencia”, relata Juan Fuentes, portavoz de la plataforma de afectados, que recuerda su respuesta: “La emergencia es la que no tenéis vosotros, pero son viviendas que habéis derribado vosotros, que seguimos pagando sin tenerlas y, ahora, si no hay cambios, nos vemos abocados a la calle”. 

Primer bloque de viviendas demolido por los problemas con la línea 7 de metro en San Fernando de Henares

A partir de septiembre, explica Fuentes, los alquileres que ahora asume el Gobierno deberán pagarlos ellos. “Yo en mi caso pago 400 euros de hipoteca, pero hay vecinos que pagan 800. Si tienes que sumarle un alquiler de otros 1.000, dime cómo lo haces con un sueldo de 1.400 o 1.500 euros. La emergencia es ahora cuando más existe”, protesta en declaraciones a elDiario.es. 

“Nos dejan con una mano delante y otra detrás. Completamente tirados”, lamenta Mari Carmen, otra de las vecinas desalojadas, que no sabe cómo se las va a arreglar ahora para pagar un alquiler de 1.000 euros, los gastos de vida con dos hijos adolescentes y la hipoteca en la que se metió en 2019 para pagar un piso del que ahora solo quedan ladrillos rotos y arena. “Habrá gente que pueda costearlo, pero en mi caso yo o lo voy pidiendo prestado o tengo que irme a casa de mi madre”, explica. Ella es una de las pocas vecinas que ha conseguido abandonar los aparta-hoteles y alquilar un piso decente, aunque ha tenido que mudarse a Coslada. “Alquilé un piso porque en esos apartamentos era imposible vivir. Mucha gente de paso, era un bajo de 30 metros cuadrados para una madre y dos hijos. No tienes intimidad”, describe. En esas circunstancias siguen viviendo 20 familias que en cuestión de semanas tendrán que buscar un alojamiento, acudir a un familiar o se quedarán en la calle. 

Eva sigue viviendo con su marido y su hijo en los aparta-hoteles. “Yo estoy en paro. solo tenemos el sueldo de mi marido. Seguimos pagando una hipoteca y una serie de gastos que si no los pagas te vienen a buscar. No podemos irnos de alquiler. La gente que tienes alrededor te va ofreciendo, pero yo no quiero estar dependiendo de nadie, quiero las condiciones que tenía antes”, se resigna. 

Suspensión del metro por novena vez

Mientras los vecinos debaten qué acciones tomar y prometen que será un otoño “calentito” para los responsables de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha anunciado que a partir del 24 de agosto suspenderá parte del trayecto de la línea 7B. En concreto, quedará suspendido el servicio entre las estaciones de Jarama y Hospital del Henares para “comenzar los trabajos de reparación de la infraestructura”. “Los últimos informes elaborados por los técnicos han aconsejado realizar un cierre preventivo de las estaciones afectadas para acometer lo antes posible los trabajos necesarios de reparación”, explica Metro en un comunicado en el que detalla que los trabajos servirán para afianzar “las infraestructuras y el terreno afectado, para asegurar su estabilidad y resolver los problemas debidos a las filtraciones de agua” en ese tramo. 

Desde hace varias semanas, los vecinos habían detectado que los vagones de metro al pasar por San Fernando reducían la velocidad. No es la primera vez que lo sienten ni la primera vez que Metro suspende la línea para realizar obras. De hecho es la novena. Todo se remonta a los problemas que presenta el subsuelo de la zona, los mismos que han provocado que más de 176 viviendas presenten desde hace años grietas que se van ensanchando y que algunas de ellas, como las de Mari Carmen y Eva, hayan tenido que ser demolidas. 

Juan Fuentes, con su familia, tras la demolición de su vivienda, el pasado mayo

El origen del problema está en la ampliación de la línea 7, la que discurre por el corredor del río Henares, por el noreste de la Comunidad de Madrid. Las obras comenzaron en 2004, pero dos años más tarde, a las puertas de la campaña electoral, Esperanza Aguirre pidió cambiar el trazado para crear dos estaciones nuevas y conectar el flamante Hospital del Henares. Todo ello se hizo finalmente pese a que varios informes desaconsejaron agujerear un subsuelo de importante composición salina, inundado hace millones de años por un mar. Los técnicos detectaron incluso cavidades en el terreno sobre el que debían circular los trenes.

En 2008, un grupo de geólogos de la Universidad Autónoma de Madrid advirtió en un estudio sobre las dificultades que presentaba el terreno sobre el que se había construido la línea. Un año antes, un informe de la dirección facultativa de la obra al que tuvo acceso después este diario exponía los problemas del cambio de trazado. Solo hace unos meses, el Gobierno autonómico reconoció públicamente que la situación que se vive en San Fernando de Henares tiene relación directa con las obras del tramo de la línea 7B, a pesar de que los problemas comenzaron hace 12 años y que incluso hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2019, que concluye que la responsabilidad fue de la administración por “no tener en cuenta las singularidades del terreno”. 

Sin noticias de las indemnizaciones

Cuando se declaró la ruina del edificio de la calle Alberti y los bomberos derribaron el bloque, el Gobierno regional reconoció su responsabilidad patrimonial y habilitó un plazo para que las familias solicitaran una indemnización. Esos expedientes debían resolverse en un plazo de seis meses que acaba de vencer sin que los afectados hayan recibido ninguna noticia al respecto. En la última reunión con el Gobierno, cuenta Fuentes, el portavoz de los afectados, el viceconsejero les trasladó que seguían trabajando en los expedientes y que tendrían noticias pronto. “Llevamos once meses y en once meses no han hecho nada. Lo veo muy difícil. La pequeña esperanza es que resuelvan los expedientes antes del 20 de septiembre, pero creo que si se hacen cargo, lo van hacer para cumplir con el expediente, no para poder rehacer nuestras vidas”, plantea. 

Mari Carmen recuerda que la Consejería les dijo que, como son expedientes separados, los tienen que mirar uno a uno, y eso lleva tiempo. “Yo como lo compré hace poco tengo fotos, facturas, documentación que he aportado. Pero hay gente que vive desde hace muchos años en esos apartamentos y es mucho más difícil de calcular el valor de todo”, opina. Eva se desespera al otro lado del teléfono: “No tenemos ninguna señal de ellos. Ni buena ni mala. Nos vemos debajo de un puente, no sabemos a dónde vamos a ir. No pedimos nada del otro mundo. Toda la vida trabajando para que nos dejen sin casa y ahora en la calle”. 

Fuente: Alberto Ortiz en eldiario.es
Fotos: Patricia J. Garcinuno

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