El modus operandi es tan flagrante e impune que nos hace prever que esto es solo la punta del iceberg. Las empresas pagan sobornos y se redactan leyes a medida para pagar menos impuestos y que la legislación les sea favorables
OPINION POR Antonio Maestre
“Mafia o democracia”. Ese era el lema de la manifestación del PP con la que intentó tumbar al Gobierno por el caso de corrupción de Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Ya era ambicioso establecer un dilema de ese porte con lo hasta ahora conocido con el PP como protagonista cuando había convertido el Ministerio del Interior en una Gestapo al servicio de los intereses corruptos del PP en la época de Mariano Rajoy hace menos de una década. Eso sin pensar en su plétora de casos de enriquecimiento corrupto. Pero aún suena más impactante después de conocer que en el PP también tenían a su servicio el Ministerio de Hacienda al completo funcionando como un célula criminal al servicio de la organización y de las empresas corruptas para tener un Estado a su medida que también sirviera para perseguir a adversarios políticos.
No he encontrado precedentes en la historia reciente de Europa y las democracias liberales de un caso como el que asoma en la investigación de un juez en Tarragona sobre un Ministerio de Hacienda implicado de manera integral en un caso de corrupción en el que se considera a todos los altos cargos miembros de una organización criminal.
El auto del juez explica de manera detallada cómo las empresas gasísticas redactaban ellas mismas las leyes a través de la elaboración de informes y reformas legislativas por parte de Ernst & Young y pagaban a Equipo Económico (la consultora de Cristóbal Montoro) para que lo ascendiera al Ministerio de Hacienda y se copiara la ley tal cual la exponían las empresas involucradas. Pagaban según el juez a Equipo Económico una coima y tenían una ley que se redactaban ellos mismos para bajarse los impuestos. En España no emprende el que no quiere.
El modus operandi es tan flagrante e impune que nos hace prever que esto es solo la punta del iceberg y que todos aquellos que decíamos como proclama política que en España mandan los ricos y las empresas éramos clarividentes pero sin ser conscientes que lo éramos hasta el punto de que se escriben sus propias leyes de manera literal. Sin intermediarios. Las empresas pagan sobornos y se redactan leyes a medida para pagar menos impuestos y que la legislación les sea favorables.
En Italia, cuna de la Mafia y su relación con la política, ha habido casos de influencia para que legislen a su favor y modifiquen el ordenamiento jurídico para que las favorezca, pero no a ese nivel ni con una estructura como la que se revela que había en el ministerio de Hacienda de Mariano Rajoy. La trattativa Stato-Mafia se produjo para eliminar el régimen penitenciario 41-bis que se había instaurado tras los asesinatos de los jueces Borsellino y Falcone para perseguir a la mafia. Posteriormente investigaciones judiciales revelaron que funcionarios del Estado, ministros y cargos públicos de diversos gobiernos habían negociado con la Mafia para eliminar el 41-bis y eliminar las confiscaciones judiciales a la mafia que tanto daño les hacían. Algo parecido ocurrió en Colombia con el narco Pablo Escobar cuando influyó de manera directa para que se cambiara la Constitución para prohibir la extradición de nacionales por el miedo que tenía a ser extraditado a EEUU. Leyes a medida, pero solo una ley, en el caso del ministerio-consultora-mafia de Cristóbal Montoro es algo estructural y nunca antes conocido. Montoro y el PP han sublimado el modo mafioso llevándolo a un nuevo nivel.
Según se van conociendo detalles de la trama, más impactante resulta y con derivadas que nos enseñan cómo funcionan las relaciones de poder. En el año 2017 ya se hablaba de Equipo Económico como un factor de corrupción. Pero el caso que se había estado instruyendo durante dos años fue archivado en el año 2019 en el juzgado de instrucción número 22 de Madrid por la jueza Patricia Jiménez Alfaro Esperón después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una denuncia por malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La jueza no vio delito en las actividades de la consultora de Montoro. Ahora sabemos gracias a la investigación de un juez de Tarragona que la empresa Codere pagó 679.000 euros a la consultora del ministro de Hacienda para que modificara leyes a su favor. De forma nada extraña uno de los altos directivos de Codere es José Antonio Jiménez-Alfaro Esperón, hermano de la jueza que tras dos años de investigación concluyó que no había nada que juzgar porque todo estaba bien. Las casualidades de la endogamia tienen estos giros del destino.
Sé que puede resultar extraño para el común de la ciudadanía, pero es que las familias pobres no estamos tan bien relacionados. Es por eso que siempre digo que todo está en Bourdieu y proclamo con indignación y hastío cómo el capital social de los privilegiados es la enfermedad de nuestras democracias. Sirva como apunte pintoresco que la otra hermana, María Jiménez Alfaro Esperón, está casada con Santiago Milans del Bosch, el sobrino del general golpista Milans del Bosch, y que formó parte del asalto al bar el Largo en Valladolid por el que su hermano fue condenado a cuatro años de cárcel por dejar parapléjico a una persona por varios disparos. Quizás piensen que no tiene nada que ver con Montoro y Hacienda, pero este es un caso de lo que supone estar bien relacionado y saber a dónde acudir.
La frustración y el desencanto que las personas de clase trabajadora, de extracción humilde, sentimos al constatar cómo funciona el país es demoledor. No hay ninguna posibilidad de cambio porque la estructura es corrupta al estar cooptada desde arriba por unas pocas familias que se conocen entre sí y se hacen el país a medida de sus intereses. Estoy seguro de que habrán leído muchas veces que este, el caso que nos ocupa en cada momento, es el mayor escándalo de la democracia o el caso más grave de corrupción de los hasta ahora conocidos. Yo no diré tal cosa, pero sí es el más devastador que jamás se ha dado para el ánimo de quien considera la política la mejor manera de mejorar la vida de las clases populares. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo las élites se reservan el poder para ellos mismos incluso cuando no lo tienen, una muestra perfecta de cómo funciona el capital social y las estrategias de autoprotección de las élites y las grandes familias para siempre salir ganando y caer de pie. No sé si es el caso de corrupción más grave de la democracia, pero desde luego es el más pedagógico para enseñar a la izquierda y la clase trabajadora que cuando esas élites tienen el poder lo usan de manera sublime para jodernos de maneras que ni siquiera habíamos imaginado.
Fuente: Antonio Maestre en eldiario.es (título editado por @carabanchelnet)
Imagen portada RRSS
Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es
Cristóbal Montoro, el ministro que hizo giratoria la puerta principal de Hacienda
El auto del juzgado de Tarragona dibuja cómo el despacho que fundó en 2006 se convirtió en un caladero de altos cargos de Hacienda y la Agencia Tributaria de los gobiernos de Aznar y Rajoy que supuestamente influyeron para cambiar leyes a favor de empresas gasísticas
“¿Le parecen éticos los episodios de puertas giratorias que se producen continuamente a su alrededor? ¡Usted ha plantado la puerta en medio de su despacho!”. Leire Iglesias era diputada del PSOE por Cáceres cuando en 2015 preguntó a Cristóbal Montoro por su habilidad para saltar del Gobierno de José María Aznar a una empresa privada y de vuelta a Moncloa con Mariano Rajoy. “Mi escala de valores puede ser diferente a la de otros”, contestó el entonces ministro de Hacienda. Una década después, Montoro ha sido imputado junto con su núcleo más cercano en el despacho y en el ministerio por crear una puerta giratoria entre ambos que llegó a influir en los Presupuestos Generales del Estado para beneficiar a empresas del sector del gas.
Cristóbal Montoro formó parte del grupo de economistas que en la década de los noventa susurró al oído de José María Aznar hasta que se convirtió el ministro de Hacienda de referencia del Partido Popular. Primero con Aznar (2000-2004) y después con Mariano Rajoy (2011-2018), ejerciendo de diputado y eurodiputado durante las dos legislaturas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue en ese ínterin, mientras representaba al PP en Bruselas, cuando puso en marcha lo que entonces se llamó “Montoro y Asociados”.
El gurú fiscal del PP daba una entrevista a El Mundo en 2006 y celebraba la gran afluencia de cargos del partido que iban a trabajar con él. “Se trata de aprovechar el buen entendimiento que tenemos entre nosotros para seguir trabajando, en este caso al servicio de nuestras empresas clientes”. Finalizaba con una frase entre risas: “No vamos a hacer tráfico de influencias. Eso no va conmigo. Si hubiera querido dedicarme a eso, no necesitaría montar un equipo tan amplio”.
Lo que montaba entonces Montoro era una puerta giratoria de altos cargos de Hacienda y la Agencia Tributaria que habían trabajado con él en los ejecutivos de José María Aznar y que volverían a hacerlo, algunos de ellos, con el regreso del PP a la Moncloa en la etapa de Mariano Rajoy. El propio Montoro presidió el despacho hasta que vendió sus acciones en 2008 y volvió al Congreso. El despacho pasó a llamarse Equipo Económico y ahora está bajo la lupa de un juzgado por si sus conexiones con Montoro y el Gobierno de Rajoy sirvieron para que varias empresas gasísticas desembolsaran 779.000 euros al despacho, sin contar las posibles minutas. Según el sumario del caso, no fueron las únicas.
La lista del trasvase de altos cargos que entraron y salieron del despacho de Montoro es larga y algunos nombres se solapan con la nómina de imputados del juez de Tarragona. Y el trayecto que hicieron muchos demuestra que la puerta no dejó de girar. La documentación del caso apunta a que la puerta, además de girar, llevaba a los despachos del ministerio cuando llegaba la hora de negociar reformas legales para los clientes de Equipo Económico.
Altos cargos, ministros y un condenado
La lista de altos cargos empieza en la propia fundación del despacho en 2006. Ricardo Martínez Rico, actual presidente del despacho, fue secretario de Estado de Presupuestos en la última legislatura de José María Aznar, dos años antes de fundar la empresa con Montoro. Manuel de Vicente-Tutor, socio director de Equipo Económico, se incorporó en 2007, un año después de su creación, y hasta entonces había sido subdirector general de Planificación en la Agencia Tributaria (1999-2001) y jefe de gabinete del director en este organismo (2001-2004). Un director de la AEAT que en ese periodo era Salvador Ruiz Gallud y que hoy es responsable del área fiscal del despacho.
Pilar Platero fue asesora de Montoro con Aznar en el Gobierno, pero se marchó a la asesoría para ser socia hasta la llegada de Rajoy a la Moncloa en 2011, cuando volvió a Hacienda de la mano del otra vez ministro. Fue subsecretaria de Presupuestos hasta 2016 y posteriormente presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita a Hacienda, hasta la moción de censura. Francisco de Asís Piedras es socio director del despacho, pero previamente, entre otros cargos, también fue director de gabinete de Montoro. José María Romero, director de área económica, fue asesor de Montoro en Bruselas, donde estaba destinado como eurodiputado cuando abrió el despacho.
La lista recorre todos los estamentos de la administración pública relacionada con los impuestos. Altos cargos de la Agencia Tributaria, de la gestión de presupuestos y asesores y jefes de gabinete. Y también ministros, algunos pasados y otros futuros. José María Michavila, ministro de Justicia con Aznar, se asoció con la asesoría aunque no puso dinero, y Luis de Guindos, poco antes de convertirse en el ministro de Economía de todos los gobiernos de Rajoy, también jugó un papel discreto en el arranque del despacho con un 5% del capital de apertura.
Altos cargos que entraron y salieron de Equipo Económico compartieron despacho con otros que después formaron parte del banquillo del caso de las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid. José Manuel Fernández Norniella fue uno de los fundadores y principales accionistas del despacho en sus primeros tres años de vida. Antes había sido secretario de Estado de Hacienda con Rodrigo Rato y José María Aznar y su paso por el banco, gastando 185.000 euros con la tarjeta, le costó un año de cárcel.
La vía “más directa” hasta Montoro
El despacho de Cristóbal Montoro, del cual se desvinculó en 2008 tras volver al Congreso de los Diputados, es uno de los ejemplos más concentrados de puerta giratoria en la política española. También de los más expuestos, lo que según el juez de Tarragona no fue un obstáculo para las mayores empresas españolas del sector del gas industrial acudieran a Equipo Económico para buscar línea directa con Cristóbal Montoro y su Ministerio. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda”, dice uno de los correos intervenidos.
El propio Montoro tuvo que referirse al asunto cuando en 2017 la Fiscalía Anticorrupción presentó una primera querella contra su antiguo despacho, un asunto que con los años acabó archivado en los tribunales mientras la segunda causa, que ahora le ha costado la imputación, se abría paso en un juzgado bajo secreto de sumario. “Estando en la oposición entendí que yo no debía estar en ninguna consultora. Por eso vendí las acciones. Para que nadie pudiera decir nunca nada”, dijo ese año en los pasillos del Senado.
Ahora un juez investiga si la puerta giratoria que nació como Montoro y Asociados tuvo su agenda telefónica como principal activo cuando las empresas gasísticas llamaron a su puerta. Pidiendo ayuda para conseguir lo que no había conseguido una consultora del nivel de Ernst&Young: que el Gobierno bajara la factura fiscal del sector.
En la lista de imputados, junto con el propio Montoro, hay nombres que hicieron todas las versiones del viaje. Los que eran altos cargos antes de formar parte del despacho y los que lo fueron tras estar en él. Todos con un denominador común: formaron parte del círculo más estrecho de colaboradores de Montoro. Ahora un juez quiere saber si parte del atractivo de contratar a Equipo Económico residía en que tenían línea directa con su fundador y tenían, incluso, el poder de condicionar la política fiscal de todo el país a demanda de sus clientes.
Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es
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