No, compañeras, no todos son iguales

La crítica al Gobierno progresista es legítima y necesaria. «¿Dónde está el Gobierno?», se escucha en las concentraciones. Y es comprensible

«¡Gobierno responsable; PP, Vox y Junts culpables!». El grito ha resonado estas semanas en las plazas con absoluta claridad. También en los platós de televisión, donde las portavoces del movimiento por la vivienda se han convertido en la voz de una generación asfixiada. Sin embargo, el mensaje que en la mayoría de las ocasiones acaba destilándose es: «todos son iguales».

Y así, queriendo o sin querer, se acaba entregando a la derecha y a la extrema derecha una de sus mejores coartadas: diluir la responsabilidad y borrar la vergüenza de sus propios votos. Porque no todos son iguales. Y, en materia de vivienda, tampoco todos han hecho lo mismo.

No se trata de exonerar al Gobierno. Al contrario: se trata de exigir responsabilidades a cada cual por lo que hace y por lo que deja de hacer

La crítica al Gobierno progresista es legítima y necesaria. «¿Dónde está el Gobierno?», se escucha en las concentraciones. Y es comprensible. Se le puede reprochar haber llegado tarde, haber sido demasiado prudente o haber impulsado medidas insuficientes ante una de las mayores angustias sociales de nuestro tiempo. Pero una cosa es exigir más al Gobierno y otra muy distinta es borrar las responsabilidades de quienes han impedido que esas medidas salgan adelante.

Porque hay una realidad parlamentaria que no deberíamos perder de vista: una parte sustancial de las medidas impulsadas para intervenir el mercado de la vivienda han sido tumbadas, una tras otra, por la suma de los votos del bloque conservador y de los intereses que representa. Cuando PP, Vox y Junts -y, según la ocasión, UPN, PNV o Coalición Canaria- unen sus votos para rechazar medidas destinadas a limitar las subidas de los alquileres, proteger a los inquilinos, impedir determinados desahucios o regular los contratos de temporada, se produce una paradoja difícil de explicar al dejar en segundo plano a quienes votaron para impedirlas.

Sería un pésimo negocio para la democracia y para las clases populares que el resultado de tanto esfuerzo sea el abono perfecto para la abstención

No se trata de exonerar al Gobierno. Al contrario: se trata de exigir responsabilidades a cada cual por lo que hace y por lo que deja de hacer.

Hablar de un «Parlamento rentista» como si fuera un bloque homogéneo, sin distinguir entre quienes intentan intervenir el mercado y quienes votan sistemáticamente para impedirlo, no ayuda a identificar al adversario. Tampoco ayuda a señalar las responsabilidades de las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular que disponen de competencias decisivas y que, en muchos casos, se niegan a aplicarlas o a desarrollar instrumentos previstos por la legislación estatal, como la declaración de zonas tensionadas.

Es comprensible la rabia y el reproche ante la mayor angustia social de nuestro tiempo, pero liquidar este debate con un «todos son iguales» -o «muy parecidos»- es transmitir un mensaje que tiene dueño. Y ese dueño es la extrema derecha, que lo tiene patentado en España, en Europa y en el mundo. De ahí extrae su mayor renta electoral: la antipolítica. Una antipolítica que jamás desahuciará a un fondo buitre, porque su único efecto real es vaciar las urnas de un solo lado. Cuando una trabajadora o un inquilino convencido de que «todos son iguales» decide no votar, no desaparecen de las urnas los intereses de quienes viven de las rentas. Las inquilinas y los trabajadores se quedan en casa; el rentista y sus organizaciones, en cambio, no se abstienen nunca.

Por esto creo que resulta oportuna la incorporación de las confederaciones sindicales de CCOO y UGT con la convocatoria de la huelga general. Aunque sea una iniciativa poco ortodoxa sobre la que cabría debatir en circunstancias normales, aporta una virtud democrática fundamental: la capacidad del sindicalismo confederal para reorientar el tiro y ajustar el foco. Permite redimensionar la protesta conectando la emergencia habitacional con la disputa del poder adquisitivo: salarios en la negociación colectiva, Salario Mínimo Interprofesional y revalorización de las pensiones. Los sindicatos ayudan a convertir la movilización en una herramienta de presión efectiva y no en un grito de frustración al aire.

El movimiento social y el Sindicato de Inquilinas han logrado un éxito incontestable: situar la crisis de la vivienda en el centro del debate nacional y movilizar a decenas de miles de personas. Nadie les pide que hagan campaña por ningún partido, pero sí se les puede exigir rigor para que la pancarta señale con claridad quién vota a favor de sus derechos y quién los pisa.

Centrar el mensaje es hoy más importante que el propio recuento de huelguistas. Sería un pésimo negocio para la democracia y para las clases populares que el resultado de tanto esfuerzo sea el abono perfecto para la abstención. Evitemos que la frustración de la calle acabe regalando la victoria a los representantes de aquellos a quienes se pretende combatir.

Fuente: Quim González Muntadas en nuevatribuna.es