El 26 de febrero, sal a la calle para parar la Ley Ómnibus de Ayuso

Más de 40 organizaciones de la sociedad civil madrileña, la FRAVM entre ellas, se han unido para tratar de paralizar la aprobación de la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, una norma de enorme transcendencia que supone un golpe durísimo contra el medio ambiente y servicios públicos como el transporte y la sanidad. Ante su próxima votación en la Asamblea de Madrid, estos colectivos llaman a protestar el próximo sábado, 26 de febrero, a las 12:00, de Atocha a la Puerta del Sol, ante la sede del Gobierno regional.

El pasado 16 de febrero el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus. Tras este paso, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha remitido el texto a la Asamblea de Madrid para su debate y votación, algo que se producirá en los próximos días o semanas. Nadie entiende las prisas del Gobierno regional en aprobar una norma que, recordemos, modificará 33 leyes y 5 decretos e introduce 15 nuevas disposiciones de muy diversos ámbitos. Apenas han pasado dos meses desde que hiciera público el anteproyecto de la ley y a pesar de las peticiones de la sociedad civil, con el argumento de una urgencia que no ha justificado en ningún momento, tan solo dejó siete días hábiles, entre la Noche Buena y la Noche Vieja, para presentar sugerencias y alegaciones.

Ahora la Ley Ómnibus está a punto de ser aprobada. Por eso, las entidades convocantes de la marcha del sábado, entre las que se encuentran asociaciones vecinales, ecologistas, de transporte, sindicatos, ONG, colectivos por la sanidad pública y por el derecho a la vivienda y asociaciones en defensa del patrimonio, hacen un llamamiento a la ciudadanía madrileña para convertirla en un grito multitudinario de protesta. Una norma tan importante requiere de un amplio consenso, no solo político sino también social.

Recordamos que esta afecta a cuestiones tan dispares e importantes como hacienda, normas de suelo y urbanismo, regulación de la flora y fauna, vías pecuarias, parques regionales, ordenación del transporte urbano, Ley del Juego, carreteras, policía local, Renta Mínima de Inserción, menores, uniones de hecho, transparencia y participación, sanidad pública, igualdad, lucha contra los incendios, emergencias y deporte. Y, tal y como está hoy concebida, en urbanismo reduce las cesiones de suelo público (para equipamientos o zonas verdes), externaliza la gestión de licencias y permite la ejecución de los llamados Proyectos de Alcance Regional (como el fallido Eurovegas) en cualquier clase de suelo, independientemente de su protección. Además, promueve el modelo de vivienda protegida privada frente al modelo de vivienda pública y social y elimina la “red de viviendas públicas o de integración” como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos como red pública.

En materia sanitaria, establece la creación de una Agencia de Contratación, que de forma opaca y sin control de la Asamblea o de la ciudadanía podrá realizar contratos de bienes y servicios, un ente a todas luces innecesario pues la Comunidad de Madrid dispone ya de su Junta Central de Compras para esos fines. En el marco de esta nueva agencia, en periodos de crisis y emergencias la presidenta y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid podrán realizar todos los contratos a dedo que deseen, un hecho que suena a broma macabra después del último caso de presunta corrupción descubierto en la región y que implica al hermano de Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas sanitarias.

En medio ambiente, la Ley Ómnibus incentiva el uso económico de las vías pecuarias, reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos (como los parques regionales del Jarama, Manzanares y Sureste), al permitir actividades como la caza, la construcción y la instalación de negocios hosteleros que antes estaban prohibidos. Además, reduce la protección de parte de la flora silvestre y del arbolado que no está estrictamente protegido.

Respecto al transporte, además de incluir diversas referencias a su liberalización y ni una sola línea al fomento del transporte público, supone un nuevo golpe para el taxi, al eliminar las restricciones actuales a los VTC como el tiempo mínimo de precontratación o la necesidad de volver a la base después de cada servicio.

Por otro lado, la ley presenta duplicidades que empeoran el procedimiento para la obtención de la Renta Mínima de Inserción, reduce los requisitos para la contratación del personal de las residencias y plantea reducir la participación y los controles democráticos, así como la transparencia en diversos ámbitos públicos como la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

Esto es solo un botón de muestra de lo que supondrá la nueva ley, pero recoge razones suficientes para tratar de pararla con todas nuestras fuerzas. ¿Nos ayudas?

¡Vente a la manifestación del 26 de febrero!

La Plataforma Paremos la Ley Ómnibus, que convoca la manifestación del sábado 16, está formada por: Amigos de la Tierra, ARBA, Asociación Mar de Tierras, Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de la Asamblea de Barrios y Pueblos de Madrid, ELITE taxi Madrid, Medsap – Marea blanca, CCOO-Madrid, GRAMA, Asamblea en defensa del Tajo de Aranjuez, No + precariedad, Plataforma de Centros de Salud, FRAVM, Colaterales del Taxi Madrid, MATS, Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), CGT Sanidad Madrid, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón, Ecologistas en Acción de Getafe, Ecologistas en Acción de Valdemoro, Ecologistas en Acción de Sierras de la Comunidad de Madrid, Invisibles de Tetuán, Solidaridad Obrera-Metro Madrid.

Fuente: FRAVM

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