La empresa de desalojos extrajudiciales colabora con la policía en el desahucio de un piso, mientras dificultan el trabajo de defensa jurídica de sus habitantes
Todo comenzó a mediodía con una visita nada amigable de Desokupa. Ocho personas viven en este piso ocupado de Carabanchel (Madrid), en la calle Duquesa de Tamames. Fueron los propios trabajadores de la empresa dirigida por el mediático Daniel Esteve quienes llamaron a la Policía Nacional, según el abogado que asiste a los jóvenes, Diego Redondo García.
Un dispositivo intentó entrar en la vivienda a la fuerza, pero los habitantes “han puesto en medio todo lo que tenían para que no pudieran abrir la puerta” y consiguieron frenar el desahucio el tiempo suficiente para que llegara el abogado y consiguiera negociar la presencia de los bomberos para asegurarse de que no existe un daño estructural en el edificio.
Según cuenta Redondo García a El Salto, alrededor del bloque Duquesa de Tamames hay dos controles policiales, en el primero y más alejado 18 agentes contienen a los vecinos y personas que han acudido para solidarizarse con los jóvenes. Un segundo frente consiste en un policía municipal y todos los trabajadores de Desokupa dentro del cordón policial. “Es una discriminación bastante gorda”, resume el abogado.
En contraste con la “colaboración total” entre Desokupa y la policía, el abogado denuncia que fue sacado del cordón policial de “malas maneras”
En contraste con la “colaboración total” entre Desokupa y la policía, el abogado denuncia que fue sacado del cordón policial de “malas maneras” sin permitirle, después de los primeros momentos, asistir a sus clientes dentro del piso.
La colaboración entre las empresas de desocupaciones y la policía, especialmente la dirigida por Esteve, saltó al debate público después de que en agosto el Sindicato Unificado de Policía firmara un acuerdo con Desokupa para brindar formación a 30.000 agentes. La colaboración y puertas giratorias entre las fuerzas de seguridad y las empresas desokupas, con prácticas que van desde la intimidación a la violencia física, han sido denunciadas en incontables ocasiones. Las prácticas intimidatorias de estas empresas han merecido varias condenas de la justicia, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid contra los trabajadores de la empresa Bastión Desokupa en 2022.
La prohibición de los desahucios extrajudiciales y las empresas que ganan dinero con ellos es una demanda repetida por el movimiento de vivienda y por los aliados de izquierda del Gobierno central. Sin embargo, no hay todavía ninguna propuesta en firme del Gobierno de Pedro Sánchez para prohibir estas prácticas que tantas veces se ven amparadas por la propia policía.
Fuente: elsaltodiario.com