Ayuso recurrirá hasta el Constitucional la nulidad de la venta de Viviendas de Protección Oficial a fondos buitre

De la resolución de esta sentencia dependerá si Ignacio González es finalmente juzgado por esta operación.

Ayuso peleará hasta el final la validez de la venta de 2.935 viviendas públicas a Encasa Cibeles, sociedad controlada por Goldman Sachs y Azora. El Supremo anula la venta de estas viviendas sociales al fondo buitre ya que avala los fallos de instancias inferiores que declararon nula esta transacción.

El fallo declara la «inadmisión de los recursos de casación número 5491/2019 preparados por el Letrado de la Comunidad Madrid y por la representación procesal de Azora Gestión S.L., contra la sentencia número 244/2019, de 14 de mayo, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid».

El gobierno regional de la Comunidad de Madrid vendió en 2013 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales, repartidos en 32 promociones del Ivima, a Azora Gestión, sociedad tras la que estaba un fondo buitreestadounidense Goldman Sachs, por 201 millones de euros, activos que se englobaron en la sociedad Encasa Cibeles.

Para poner en contexto el alcance de este importe basta un dato: se trata de la inversión en activos residenciales más importantes del banco en nuestro país, y eso que estamos hablando de uno de los jugadores extranjeros más activos en España, que ha protagonizado importantes operaciones como el Proyecto Atalaya, que supuso la compra una cartera con 2.300 millones en crédito promotor de CaixaBank.

Este vicio procedimental es imputable a la Administración, gobernada por el popular Ignacio González cuando se firmó la venta, y, por tanto, lo que busca Ayuso es la nulidad para evitar que el ex presidente sea juzgado (también) por esta situación.

«La Abogacía de la Comunidad de Madrid está valorando el auto, contra el que cabe la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional», ha señalado un portavoz del Ejecutivo de Díaz Ayuso. Todo un aviso a navegantes de la batalla legal que se avecina y que promete dilatar varios años el capítulo final de esta batalla.

Fuente: contrainformacion.es

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