Almeida dice que los hogares que ganan entre 32.000 y 88.000 euros al año tienen “problemas económicos” para alquilar

El Ayuntamiento de Madrid invierte 30 millones de euros en un plan municipal dirigido a la “clase media trabajadora” que aspira a alquilar 500 viviendas vacías en los próximos tres años

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes su plan de alquiler municipal. Una estrategia dirigida a la “clase media trabajadora”, según la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ofrece por primera vez ayudas directas a los hogares con ingresos entre 32.200 y 88.200 euros brutos al año y con la que el Consistorio quiere hacer de ” dique de contención “a las” políticas intervencionistas “del Gobierno de España. “Vamos a hacer exactamente lo contrario con fórmulas liberales que proponemos y que van a hacer que bajen los precios”, ha asegurado el número dos del Gobierno municipal.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha justificado que el segmento de población que podrá recibir el llamado bono vivienda tiene “problemas socioeconómicos” para poder acceder a la vivienda teniendo en cuenta los precios de mercado en la capital: “Hay que atender también a los que, sin tener consideración de vulnerables, tienen dificultades socieconómicas para independizarse “. Villacís ha insistido en esta idea. “No podemos calificar de rico a quien gana 24.500 euros al mes”, ha señalado, aclarando que los umbrales marcados por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) son ingresos brutos, no netos. Ante la polémica por las horquillas marcadas, el alcalde ha recordado que el plan se aprobó “por unanimidad” en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo,

La EMVS ha publicado una tabla que marca los topes en cada hogar, según los miembros de la unidad familiar. Si vives solo o sola, solo puedes recibir la ayuda si tu sueldo bruto es de 32.200 euros al año. 2,666 euros al mes. Los 88.200 -equivalentes a 7350 euros brutos mensuales- se han fijado para familias a partir de seis miembros.

Los receptores de esta nueva ayuda, llamada bono vivienda, además de cumplir este requisito económico, deben ser menores de 35 años, mayores de 65, familias con menores de 25 años, personas divorciadas o separadas con hijos o familias con miembros con discapacidad o dependencia y llevar empadronadas al menos cinco años en la capital. En ningún caso, las familias pagarán menos de 450 euros y el bono tiene un tope de 900 euros mensuales. Todo ello sobre la premisa de que nadie invierta más del 30% de sus ingresos en el alquiler.

El resto de personas con los mismos ingresos que no encajan en estas circunstancias también pueden acceder a viviendas gestionadas por la EMVS pero sin bono siempre que se cumpla la premisa del 30%. A ellas se les pedirá un empadronamiento mínimo de un año.

Los bonos no pueden actuar en cualquier vivienda. Solo en aquellas en desuso que el Ayuntamiento logre recuperar para incorporarlas temporalmente a la EMVS. Esa es, en, la pata principal del plan, sobre la que giran las ayudas. Porque si no hay viviendas disponibles, no hay ayudas. El Consistorio ha abierto ya una convocatoria para los propietarios que tienen viviendas vacías desde hace más de nueve meses pueden cederlas en usufructo por cuatro años a la EMVS en condiciones ventajosas.

A los tenedores se les ofrece ventajas como adelantarles hasta 45.000 euros del coste de las reformas, si fueran necesarias; la renta garantizada pague o no pague el inquilino y la garantía de que la vivienda se va a devolver tal y como se entregó. Las más de 11.000 viviendas de uso turístico que hay en la capital, y por las que nadie ahora está dispuesto a pagar con el desplome del turismo, entran dentro de esta convocatoria y además se les exime del requisito de los nueve meses. Todas se tasarán de manera independiente y después se negociará con el propietario sobre esa tasación.

El objetivo es “aumentar la oferta”. Así, sostiene el Gobierno municipal, bajarán los precios automáticamente, sin necesidad de limitarlos, como propone el Gobierno de España. “Se aprende en primero de cualquier cosa. Es el sota, caballo y rey ​​de las reglas de mercado”, ha señalado Villacís, que ha reiterado la cruzada del Consistorio contra las políticas de vivienda estatales basadas en controlar los precios del alquiler en “zonas tensionadas “. La legislación, en todo caso, lleva retrasándose meses.

Según los cálculos de la EMVS, hay “10.000 viviendas” en la capital susceptibles de entrar en este plan. El Ayuntamiento aspira a recabar solo un 5% de ellas en el primer mandato (unas 500) y un 10% si sigue gobernando el mismo equipo de Gobierno en 2025. “Esto es solo una pieza más de la política de vivienda”, ha explicado el regidor, que asegura que está “preocupado” por la larga lista de personas, unas 30.000, cuyos ingresos son inferiores a 32.000 euros y que esperan la adjudicación de una vivienda social en alquiler. Este grupo numeroso queda fuera del bono social.

El plan municipal también contempla adelantar la fianza a las personas con ingresos inferiores a 42.000 euros brutos anuales. Este dinero, que se exige al firmar un contrato de alquiler, se podrá devolver en 24 meses sin intereses.

Fuente: Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es

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