A propósito de “okupas”

La mayor parte son personas vulnerables y no integrantes de una organización criminal, como pretenden trasladar la derecha y la ultraderecha españolas. No es un problema legal, sino social ante el que el PP no muestra la más mínima sensibilidad al abrazar el discurso de Vox

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 

El artículo 47 de la Constitución es bastante explícito: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda y los poderes públicos impedirán la especulación. Fin de la cita. Nada que añadir, si no fuera porque no se cumple ni lo uno ni lo otro. Un derecho puede ser constitucional pero no real y algunas Administraciones públicas, lejos de poner coto a la voracidad urbanística y evitar los pelotazos inmobiliarios, los han fomentado e incluso beneficiado de todo ello.

Anda estos días la derecha tan revuelta con la inminente aprobación de la ley de vivienda que en lugar de reprochar al Gobierno que haya aprovechado la campaña electoral para desempolvar el texto y anunciar la movilización de recursos públicos para la construcción de promociones públicas,  se ha dedicado a vaticinar ya los supuestos efectos indeseados de la norma: subida de los precios y aumento de la okupación.

Con ustedes, uno de los bulos favoritos de la derecha y la ultraderecha. Ya saben aquello de que en España un ciudadano cualquiera puede irse de vacaciones y cuando vuelve, “Podemos le ha dado la vivienda a sus amigos okupas”. Lo dijo Ayuso. Y  basta que lo diga la presidenta madrileña para que los medios amigos lo conviertan en tema de portada, de tertulias televisivas y de reportajes denuncia. Es una forma como otra cualquiera de llevar el asunto al centro de la agenda pública para generar alarma social. Da igual que los datos no acompañen y desmientan un relato falso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid puso en marcha en junio de 2022 un teléfono gratuito contra la oKupación de bienes inmuebles porque, según consta en su página web, “constituye un fenómeno que genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”. Recordaba también que la ocupación es una conducta que atenta contra dos derechos fundamentales de las personas y como tal, objeto de especial protección por nuestra Constitución (CE): la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 CE) y el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 17 CE), además de suponer una violación del derecho a la propiedad privada (artículo 33 CE). En sus primeros seis meses de funcionamiento, el servicio apenas registró seis consultas al día, lo que demuestra el desbordante interés que suscitó el teléfono antiokupación entre los madrileños alarmados  por la okupación de su vivienda. 

Sobre el asunto se acumulan bulos, mentiras, medias verdades y discursos políticos interesados, como demuestra el último informe de la Fiscalía General del Estado, que revela que en 2021 se incoaron 9.739 procedimientos judiciales por usurpación de viviendas, solo nueve más que en 2020. 

Se denomina informalmente ocupación a lo que la justicia considera usurpación,  un delito leve que consiste en entrar de forma ilegal en un inmueble deshabitado sin consentimiento de los propietarios con el fin de convertirlo en residencia. El allanamiento, en cambio, se refiere a la entrada en el domicilio habitual de una persona y es un delito grave con penas de prisión de seis meses a dos años, pudiendo llegar hasta cuatro años si media violencia o  intimidación. 

Tras una denuncia por allanamiento, con independencia de lo que se dilate el procedimiento judicial, la Policía puede desalojar al intruso en pocas horas. La usurpación tarda más tiempo en resolverse porque suele estar asociada a viviendas o locales vacíos que pertenecen a bancos o fondos buitre. Y he aquí el aspecto nuclear del debate: la premeditada insistencia política y mediática en confundir allanamiento con okupación sin explicar que en muchos casos, la okupación ilegal de viviendas es la última alternativa de personas desahuciadas en situación de vulnerabilidad o de arrendatarios de viviendas sociales que algunas administraciones vendieron a fondos buitre a precio de saldo y éstas, después, subieron desorbitadamente la renta a sus inquilinos.

Jueces, fiscales e institutos públicos coinciden en que la mayor parte son personas vulnerables y no integrantes de una organización criminal, como pretenden trasladar a la opinión pública la derecha y la ultraderecha españolas. Familias, sobre todo, a las que las Administraciones no han dado una alternativa social.

El problema no es tanto legal como social y económico. Y eso es lo que precisamente pretende solucionar -aunque tarde, sí, y como reclamo electoral, también- la nueva Ley de Vivienda, la movilización de las 50.000 casas del SAREB y la construcción pública de otras 43.000 anunciadas por el gobierno.

Hace décadas la okupación era una  actividad reivindicativa, hoy minoritaria. En 2023, hablamos de otra cosa: de vulnerabilidad, de desigualdad, de desahucios de familias que no pueden hacer frente a los alquileres o las hipotecas por falta de recursos y de españoles que viven en precario sin trabajo o con sueldos muy bajos.  Pero, el PP, al abrazar el discurso de VOX, ya ha sentenciado que la ley de vivienda será derogada si vuelve al Gobierno porque es “un chollo para los okupas”.  

Sobra populismo y falta sensibilidad.

Fuente: Esther Palomera en eldiario.es
Foto portada: Montaje con foto izda eldiario.es y dcha wikipedia

Fuente: Cristina G. Bolinches en eldiario.es

Por qué la ley de vivienda no es un chollo para los ‘okupas’

El texto que tiene que aprobar el jueves el Congreso incluye un procedimiento de mediación en casos de desalojo de viviendas habituales de ocupantes en situación de vulnerabilidad económica y solo en inmuebles de grandes tenedores

El pleno del Congreso de los Diputados tendrá que dar este jueves luz verde a la ley de vivienda para que, una vez pase por el Senado y vuelva a la Cámara Baja, esté en vigor coincidiendo en el tiempo con las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. No es un calendario casual, porque la vivienda y la emergencia climática se han convertido en ejes de la campaña.

El derecho a la vivienda centra el debate político no solo por las medidas para intentar frenar el precio de los alquileres. También porque el texto pactado por el Gobierno de coalición incluye nuevas medidas de protección para las personas vulnerables en caso de desahucio, lo que ha llevado al PP a asegurar que los ‘okupas’ tienen un “chollo” con el actual Ejecutivo.

“Sánchez es una oportunidad fantástica para los ‘okupas’, es un chollo para los ‘okupas’, pero tengo que decirles que este chollo se terminará cuando Feijóo llegue al Gobierno y no tendrán esta situación tan cómoda”, afirmó este lunes en la sede de Génova su portavoz de campaña, Borja Sémper.

“Es muy importante no confundir las okupaciones con K con una política pública de vivienda pensando en los que tienen más dificultades”, contestó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

En esa misma dirección apunta a elDiario.es Laura Barrio, coordinadora de la Vivienda de Madrid de la Plataforma Antidesahucios (PAH). “Las declaraciones de que se favorece la okupación son una lectura interesada de los grandes capitales para meter miedo a los pequeños rentistas. En juego hay una batalla cultural. Tienen unos intereses de extracción de rentas y de meter miedo a los pequeños propietarios y que se contagien de esa ambición”, argumenta. 

¿Qué cambia con la ley?

En materia de desahucios, la medida clave que incluye la enmienda al texto que salió de Moncloa pasa por una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje “para los grandes tenedores de vivienda cuando hay vulnerables económicos”, explican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En este caso, se entiende como grandes propietarios a quienes tienen 10 o más inmuebles, matizan.

El objetivo de esta disposición es dar tiempo suficiente a las administraciones para poder encontrar una solución habitacional para las personas vulnerables, sin que se limiten ni eliminen los derechos de los propietarios. De esta forma, se respondería a las peticiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en varias ocasiones ha reprendido a España por vulnerar el derecho a la vivienda. 

A ese procedimiento de intermediación no llegarán todos los casos, sino que se tendrán que cumplir varios requisitos al mismo tiempo. Por un lado, solo se aplica a viviendas de grandes tenedores y no de pequeños propietarios. Por otro, tiene que ser la vivienda habitual de la persona ocupante y esta además tiene que estar en situación de vulnerabilidad económica. Además, previamente no se ha tenido que iniciar un procedimiento de mediación y arbitraje sobre ese inmueble y tampoco tiene que haber un procedimiento judicial en marcha.

De esta forma, esa intermediación “solo se podrá aplicar cuando hay vulnerables acreditados por los servicios sociales y en riesgo de exclusión social” porque se busca “evitar que sean desahuciados por no poder pagar un alquiler niños, ancianos, dependientes o víctimas de violencia de género”. Es decir, las personas que ahora mismo están protegidas por el escudo social, que se aprobó para hacer frente a los efectos de la pandemia, que impide los desahucios de familias vulnerables y que decae el próximo 1 de julio.

Para llevar a cabo este proceso de mediación, indican las citadas fuentes, se establece un mecanismo para que cuando haya personas vulnerables, la administración tenga conocimiento e intente que no avance el desahucio. El órgano mediador será la comunidad autónoma donde esté el inmueble, para que intente alcanzar un acuerdo entre las partes y, si no es posible, que la administración aporte una solución habitacional a la persona o familia vulnerable antes de la interposición de la demanda. Para ello, recuerdan que las comunidades autónomas disponen de fondos aportados por el Estado a través del Plan Estatal de Vivienda y destinados específicamente para cubrir ese tipo de situaciones.

Críticas porque los cambios se quedan cortos

Este procedimiento de conciliación no es suficiente para la PAH, que considera que esta es una medida “maquillaje”. La PAH ya había sido muy crítica con el proyecto de ley que salió de Moncloa, al entender que, en materia de desahucios, dejaba un “cráter”. “El marco conceptual de la ley pasa por posponerlos, suspenderlos mientras los servicios sociales buscan alternativa. Y eso es una trampa. Sabemos que no siempre se da traslado a los servicios sociales, que, por otro lado, están colapsados. Además, no hay alternativa, porque no hay casas”, explicaba Laura Barrio en febrero a elDiario.es ante una ley que los expertos consideraban que se quedaba corta. 

Ahora, la medida de poner en marcha un procedimiento de mediación ante un posible caso de desalojo supone que ocupante y gran tenedor, en apariencia, “se sienten a negociar de buena fe, pero lo cierto es que no hay garantía de que esto ocurra”.

“Se va a tratar de una conciliación desigual, no entre dos partes con igualdad de poder. Esto es David contra Goliat”, compara Laura Barrio. No es que “vayamos a conseguir que los fondos buitres se sienten a negociar, que nos escuchen, es una ilusión utópica. Lo normal es que acudan a mediación con unos servicios jurídicos que contraten y que simplemente se demoren [los desahucios] hasta cinco meses”, con un mediador “que les va a costar 50 euros”. 

“No va a tener efectividad para los inquilinos. Seguirán las cosas tal cual porque no se obliga a los grandes tenedores” sobre “en qué tiene que derivar la conciliación, ni en un porcentaje mínimo de aceptación de alquiler social. No se pone una solución”, recalca. “Nosotros pedíamos que, antes de interponer en el juzgado cualquier demanda que pueda acabar en desalojo, había que poner un alquiler social encima de la mesa, en esa vivienda o en otra. Los grandes tenedores tienen que ofrecer una alternativa de alquiler asequible a las personas que quieren desahuciar porque no pueden pagar los precios de mercado. Se ha quedado un poco en una medida teatro”, concluye Barrio.

Fuente: Cristina G. Bolinches en eldiario.es