9 motivos para no votar a Díaz Ayuso en las elecciones del #4Mayo para el gobierno de la Comunidad de Madrid

El pasado 10 de marzo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular (PP), disolvió la Asamblea de Madrid y convocó elecciones anticipadas. El principal motivo fue anticiparse al movimiento iniciado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mediante el cual, apoyándose principalmente en Ciudadanos (Cs), presentó mociones de censura en varios lugares de la geografía española, incluyendo la Región de Murcia, y que por poco provocan la caída del gobierno de Fernando López Miras.

Finalmente, tras un conflicto jurídico acerca de la presentación de varias mociones de censura en la Asamblea de Madrid, el 15 de marzo se le dio la razón a Ayuso, por lo que las elecciones autonómicas madrileñas se fijaron para el martes 4 de mayo.

Así, automáticamente, la pre-campaña dio comienzo, lo que ha desencadenado sorpresas en apenas una semana. La más sonada fue la presentación de la candidatura de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, a las elecciones, lo que conlleva el abandono de la vicepresidencia segunda del Gobierno de España, así como su voluntad de ceder el liderazgo de la confluencia de izquierdas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una de las caras más populares del Gobierno de coalición.

Por otro lado, el Partido Popular (PP) ha iniciado una campaña enfocada en el falso dilema “comunismo o libertad” para tratar de concentrar al máximo el voto sobre la candidatura de Ayuso, que ya ha dado por sentada la alianza con Vox para gobernar la Comunidad de Madrid. Su cercanía con la extrema derecha y su adherencia al discurso populista han convertido a Ayuso en blanco de todo tipo de críticas, hasta el punto en que internacionalmente se la conoce como “la Trump española”.

Ante este terremoto político, las encuestas de intención de voto han variado de manera considerable de un día para otro. La mayoría de los sondeos coinciden en la subida de Unidas Podemos, la bajada de PSOE, el hundimiento de Ciudadanos (que incluso podría quedarse sin representación) y la concentración de voto en el PP. Sin embargo, todavía queda una amplia campaña por delante.

Durante estos días, Ayuso ha concentrado sus declaraciones en la premisa de “comunismo o libertad” y apelando al discurso populista, seguido por buena parte de la derecha española. En una entrevista con Ana Rosa Quintana, la polémica presentadora de televisión que fue señalada por haber retuiteado un mensaje de Vox y por su manifiesta postura conservadora, Ayuso dijo que el hecho de que te llamen fascista te coloca en “el lado bueno de la historia”.

Mientras tanto, el PP a nivel estatal ha concentrado sus esfuerzos en equiparar el comunismo al nazismo y en relacionar a Unidas Podemos (y a parte de la izquierda institucional) con el comunismo, otra falsa dicotomía que lleva tiempo levantando abundantes discusiones.

Sin embargo, esta estrategia de referirse constantemente a conceptos más bien abstractos y que apelan a las emociones tiene como objetivo no centrarse en cuestiones materiales y evitar la realidad de las consecuencias de las políticas de Ayuso en la Comunidad de Madrid, que en solo dos años de Gobierno junto a la extrema derecha ha levantado muchas críticas.

Razones pragmáticas para optar por otras opciones políticas hay de sobra, y se presentan a continuación.

1. La nefasta gestión de las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia.

En junio de 2020, tras finalizar la primera ola de la pandemia de coronavirus, probablemente la más dura y la que más impacto tuvo en España, los casi 20.000 fallecimientos en mayores residentes en estos centros de la tercera edad suponían el 71,8% del total de muertes relacionadas con la enfermedad.

La mayoría de estos casos se concentraban en la Comunidad de Madrid, con unas 6.000 muertes. Es decir, el 30,6% de las muertes totales en residencias y casi el 70% del total de la comunidad. Así, la comunidad estaba en la cabeza tanto de contagios como de fallecimientos en este sentido.

Durante ese tiempo, tanto el PP como Vox mantuvieron prácticamente una guerra abierta contra el Gobierno de España, centrando su premisa en el llamado “mando único”, argumentando que Pablo Iglesias, como vicepresidente de asuntos sociales, era el responsable.

Estos ataques se concentraron especialmente en abril, donde Macarena Olona, diputada de Vox, culpó al gobierno de aplicar la “eutanasia por la vía de los hechos a más de 8.000 mayores”. Teodoro García Egea, secretario general de la formación, tildó a Pablo Iglesias de responsable directo de todas ellas.

Sin embargo, la realidad demostró que las competencias no solo siguieron en manos de las comunidades autónomas, sino que Ayuso, mientras señalaba al Gobierno de España, llevaba a cabo órdenes para gestionarlas. De hecho, las tres órdenes ministeriales y el decreto aprobado para mejorar la gestión de la pandemia lo que hizo precisamente fue reforzar a las comunidades autónomas. El 19 de mayo, la propia Conserjería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, en manos del PP, confirmó que las competencias no se habían visto alteradas.

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Correo electrónico del Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria justificando las directrices con respecto al no traslado de pacientes mayores a residencias el 24 de marzo de 2020. Autor y fuente: eldiario.es (CC BY-NC 3.0.)

El 1 de junio, finalmente, salió a la luz la verdad: entre el 18 y el 25 de marzo se enviaron protocolos para no derivar a personas enfermas de residencias a hospitales. Díaz Ayuso informó de que se trataba de un “borrador” y que, en realidad, no se llegaron a llevar a cabo.

El 5 de junio se desveló que el consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, envió dos correos el 22 de marzo al responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP.

En ellos, advertía de la posibilidad de que muchos mayores falleciesen “en unas condiciones indignas” en las residencias durante la pandemia de coronavirus, según ha desveló El País. También alertaba de que podría incurrirse “en una discriminación de graves consecuencias legales” si en los protocolos se recogía negar el auxilio a personas con discapacidad de cualquier edad.

En el segundo correo, Reyero indicaba como alternativa “medicalizar” las residencias o trasladar a los mayores a “hoteles medicalizados”.

Debido a esto, se intuye por qué el 26 de marzo Isabel Díaz Ayuso, le quitó las competencias sobre geriátricos para transferírselas al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP. En aquel momento, la excusa fue crear un “mando único” para gestionar la crisis sanitaria. Algo que, aparentemente, Ciudadanos aceptó.

Al parecer, Reyero no obtuvo respuesta a estos correos. El consejero insistió con nuevos escritos a la Conserjería de Sanidad el 31 de marzo y el 11 de abril, apoyado por funcionariado de la propia Conserjería. El 14 de abril, el consejero de Ciudadanos criticó en una entrevista en la Cadena SER que Escudero hubiera dado inicio al “repliegue sanitario”, es decir la vuelta a la asistencia normal en los hospitales, en lugar de enviar a esos sanitarios a las residencias.

Por lo visto, hubo hasta seis versiones diferentes de los protocolos con los criterios para no trasladar pacientes de residencias a hospitales. Escudero admitió en su momento que sí llegó a los centros un protocolo para no trasladar a ancianos de residencias a hospitales, aunque señaló que se trató de un “error”.

Sin embargo, el personal sanitario sí que ha confirmado que recibieron indicaciones para no derivar a personas enfermas a hospitales. Así, tanto el consejero de Sanidad como desde las propias residencias contradicen la versión de Díaz Ayuso.

En un correo interno por parte de la gerencia de Atención Primaria, parece que se informó el 23 de marzo al personal sanitario que pacientes de COVID19 mayores de 80 años no debían trasladarse a hospitales. Esto coincide con testimonios de familiares de personas fallecidas en residencias que aseguran que a sus mayores se les negó el traslado solo por superar un número de años. Algunos de estos casos fueron reportados en los medios.

La situación fue tan grave que marcó el primer cisma entre PP y Ciudadanos, y se habló por primera vez de una posible moción de censura.

Las ampollas terminaron de saltar el 11 de junio, cuando el periódico El Paísdesveló que a las personas mayores en residencias que poseían una sanidad privada (algo minoritario en España, que cuenta con cobertura sanitaria pública universal) no se les aplicaron estos protocolos.

Además, Ayuso mintió constantemente sobre la situación de las residencias. El 12 de marzo, una semana antes de la aprobación de los protocolos, había anunciado un plan para “medicalizar” residencias para mayo, pero el equipamiento prometido fue insuficiente. De hecho, el plan ni siquiera se llegó a implementar. En algunas residencias, se recurrió incluso a la evacuación debido al descontrol del virus. A pesar de eso, el 17 de marzo Ayuso afirmaba que las residencias estaban completamente medicalizadas.

A finales de marzo, mientras Ayuso criticaba que Reyero solicitara ayuda a la UME porque la situación de los hospitales era positiva, el personal sanitario de hospitales públicos de Madrid pedían ayuda ante la inminente saturación de los mismos.

En conclusión, la gestión de las residencias por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid dio como resultado que 8 de cada 10 personas mayores enfermas de COVID19 murieran en la propia residencia.

2. Los menús infantiles de Telepizza.

Durante dos meses, desde el 18 de marzo al 18 de mayo, Isabel Díaz Ayuso estableció convenios con la empresa Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes para sustituir los menús de las becas comedor de unas 11.500 familias en situación de vulnerabilidad por menús de comida rápida, que incluía pizzas, hamburguesas y sándwiches, entre otros.

La medida fue rápidamente criticada por sectores de la nutrición, médicos y el propio Gobierno de España. Además, dado que estas franquicias no estaban establecidas en todas partes, varias familias se quedaron sin poder acceder a este recurso. 17 nutricionistas llegaron a presentar una denuncia mediante un informe señalando la insalubridad de estos menús, que se viralizaron en redes sociales.

¿Qué hizo Ayuso ante las críticas? Además de justificar la decisión por cuestiones de emergencia, echó en cara a Unidas Podemos que seguramente prefieren lo que se come en Venezuela. Literalmente, dijo: “Seguramente a ustedes no les guste la pizza y no se las hayan comido en la vida pero a los ciudadanos y a los niños… Juraría que al 100% de los niños les encanta“, después de alegar que “los menús que le podrían poner sus señorías de Podemos, a lo mejor son los de Venezuela, que es nada”.

Finalmente, las críticas fueron tan abundantes que Ayuso optó por poner fin a los convenios con estas empresas y reconocer que los menús no eran saludables.

Poco antes se supo que, la Fundación Española de la Nutrición, el organismo que homologaba a las empresas a las que se les permitía trabajar en los comedores de la comunidad madrileña, recibe dinero de Coca Cola, McDonald’s y Telepizza.

Sin duda, una de las manchas en el expediente de Ayuso más surrealistas.

3. Recortes, privatizaciones y adjudicaciones a dedo de servicios públicos.

Durante los escasos dos años que Ayuso ha estado en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, incluso en los peores momentos de la crisis sanitaria, no ha dudado en llevar a cabo externalizaciones de servicios públicos mediante adjudicaciones contractuales, la inmensa mayoría sin razón aparente.

Además de los convenios firmados y adjudicados a dedo con grandes empresas como Telepizza para la entrega de menús infantiles en sustitución de los caterings de los centros escolares como se hizo en otras comunidades autónomas, en junio saltó a las portadas que Ayuso privatizó el servicio de limpieza del Hospital Gregorio Marañón y renovó el de otros seis hospitales.

En la licitación aprobada el 27 de mayo, por un importe de 61.921.933,92 euros desde 2020 hasta 2023, con posibilidad de prórroga, incluía los hospitales de Ramón y Cajal, al Infantil Niño Jesús, al de La Princesa, al Príncipe de Asturias, al de Getafe y al de El Escorial.

Los sindicatos, a través de un comunicado, revelaron que la privatización iba a suponer una merma de hasta el 20% en el salario del personal debido a que el convenio aplicado iba a ser diferente. También señalaron que las privatizaciones empezaron en 2013 en 17 hospitales públicos, ampliándose a 19 en 2016, por lo que se espera que se continúen renovando.

Las movilizaciones no han cesado desde entonces.

Apenas un mes después, el 10 de agosto Ayuso aprobó la adjudicación a dedo del servicio de rastreo de casos de coronavirus al grupo Quirón por 194.000 euros.

La justificación fue la necesidad de incorporar de forma urgente un equipo de rastreadores para controlar la pandemia. Sin embargo, una investigación concluyó no solo que Quirón no tenía a ninguno, sino que los estaba buscando por portales de empleo como InfoJobs. Por otro lado, el Colegio de Médicos de Madrid estuvo cuatro meses enviando listados con hasta 1.800 profesionales perfectamente capacitados para hacer este trabajo, sin recibir respuesta alguna.

Pese a todo, la Comunidad de Madrid en agosto era de las autonomías con menos rastreadores por habitante, con un rastreador cada entre 15.000 y 17.000 habitantes.

Entre julio y septiembre, además, se sabe que la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo varios contratos de transporte a empresas VTC como Uber. adjudica un contrato por valor de 400.522,32€ a UnautoVTC para “Servicio de vehículos de hasta nueve plazas, incluido conductor, y sus conductores para los centros de salud, Covid-19” que, curiosamente, no incluía el horario nocturno. En el mes de septiembre de 2020 a Uber, por valor 624.096,00 euros para realizar servicios similares y en el mes de julio de 2020, de nuevo a Uber, y por valor de 397.861,20 euros.

Como se denunció en su momento, cargos y familiares del PP y de Ciudadanos están relacionados con empresas VTC. En octubre de 2019, Carla Cabedo, que fue “dircom” de Uber, pasó a ser asesora de Ciudadanos. Xavier Cima, diputado de CIU de 2010 a 2015, y marido de Inés Arrimadas, fundó una sociedad bajo la que operaba una consultora cuyos servicios fueron contratados por Uber.

El diputado popular José Manuel Berzal Andrade, quien secretario general del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, y su hijo, Alberto Berzal Marugan, aparecen en varios informes del Caso Púnica y están relacionados con las VTC.

El pasado mes de noviembre de 2020, Ayuso decidió privatizar los servicios dedicados a la conservación de las carreteras regionales de la Comunidad de Madrid. La tarea fue concedida a dos empresas privadas que cuentan con personal y maquinaria propia, por lo que los recursos materiales y humanos públicos dejaron de utilizarse.

En concreto, la Comunidad de Madrid paga 25 millones al año a siete empresas que actúan en nueve áreas de la región. Las empresas son Aceinsa, Durantia, Viabal, Reynober, Obras Y Servicios Sgasa y una unión temporal de las empresas Ferrovial y Cespa.

Las dos últimas zonas donde operaban trabajadores públicos eran Chapinería y Gandullas, cuya gestión ha sido concedida respectivamente a Aceinsa (por 363.000 euros al año) y la UTE de Ferrovial y Cespa (por 428.000 euros al año).

Esto provocó que, durante la borrasca de Filomena, que hundió a la Comunidad de Madrid en una ventisca de hielo y nueve, el Gobierno de Ayuso no tuviera recursos para reaccionar. De hecho, la maquinaria pública se quedó aparcada y sin utilizar, hasta nueve máquinas “quitanieves”. Ayuso se vio obligada a pedir ayuda a la UME para hacer frente a la emergencia.

A todo lo anterior le ha seguido la privatización del Plan de Vacunación del coronavirus y el almacenamiento de las vacunas. El pasado 5 de enero, Ayuso adjudicó de forma totalmente arbitraria un contrato de seis meses a Cruz Roja por 804.098 euros a para dar un “servicio de apoyo a la vacunación” de la Covid-19, un total de 133.512 euros mensuales.

La justificación viene dada, según el gobierno madrileño, por la incapacidad de los sistemas de salud de ponerse al día con el plan de vacunación. Sin embargo, las fuerzas políticas de la oposición señalaron lo que, a su juicio, no es más que el modus operandi del PP de Ayuso, y del PP en general en la región: precarizar un servicio público para, después, justificar su externalización.

De hecho, en 2019, Ayuso desvió hasta 145 millones de euros de gasto social, educativo y en sanidad mediante una reordenación de las partidas del presupuesto de ese año.

En cuanto al almacenamiento de las vacunas, la Comunidad ha adjudicado la conservación, preparación y distribución de los viales a Logista Pharma y DHL por 261.949,06 euros.

4. La oposición de Ayuso a las medidas para evitar contagios y la mala gestión de la crisis sanitaria.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha destacado también por una oposición, en ocasiones casi férrea, a adoptar medidas para frenar los contagios del coronavirus, lo que ha contribuido a que la Comunidad de Madrid lidere la tasa de contagios y de fallecimientos totales y en cada momento de los puntos más álgidos de las tres olas que se han dado de momento en España.

Como añadido a la gestión de las residencias de mayores, a las mentiras sobre la situación de colapso de los hospitales públicos madrileños y a las privatizaciones en plena pandemia, se le suma la negativa o la oposición a adoptar restricciones en la actividad económica y de movilidad durante toda la crisis sanitaria, lo que ha llevado a expertos epidemólogos a calificar de “pésima” la gestión de Ayuso de la pandemia.

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En todo momento, Ayuso se mostró partidaria de seguir la estrategia de buena parte de la extrema derecha mundial e incluso la derecha de “priorizar la economía” y buscar relajar las restricciones para no provocar un descenso en la actividad económica, aun a riesgo de aumentar los contagios.

Esto se vio claramente durante la aprobación del plan de desescalada de la primera ola del coronavirus, en mayo de 2020, cuando Ayuso pidió pasar de fase aun cuando no cumplía los requisitos, trasladando la responsabilidad al gobierno central. Pronto reconocería que Salud Pública no avalaba en su informe pasar a la Fase 1 y que ello provocó la dimisión de la responsable, Carmen Yolanda Fuentes.

Más tarde, en plena segunda ola de contagios, Ayuso optó por aprobar el confinamiento por barrios durante la última semana de septiembre, delimitando 37 regiones sanitarias. La medida, aunque fue aplaudida por algunos expertos sanitarios por su efectividad, fue criticada por llegar tarde, centrarse en los barrios humildes y por no implementar medidas sanitarias adicionales. El 25 de septiembre, el periódico El Plural reveló que las zonas de la Comunidad de Madrid con mayoría de voto al PP no fueron cerradas, aunque tuvieran tasas de contagio más elevadas.

Unos días después, tras haber aceptado un pre-acuerdo sobre una unificación de los criterios sanitarios para aplicar restricciones, se opuso al mismo para evitar el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid en un “tira y afloja” que dura hasta el día de hoy. Ayuso, una vez más, apeló a la “libertad” como justificación.

Poco después, ya en octubre, contraatacó de nuevo pidiendo un cierre selectivo y una rebaja de los criterios para su aplicación.

En noviembre, hubo de nuevo enfrentamientos con el Gobierno de España acerca de las medidas que se aplicarían en diciembre por las fiestas de Navidad. En general, cada vez que el Gobierno hacía una propuesta, el Gobierno de Ayuso emitía una y que rebajaba las restricciones. Por ejemplo, cuando se propuso que las reuniones fueran de hasta 6 personas y el toque de queda hasta las 1:00 horas, Ayuso propuso hasta 10 personas y un toque de queda hasta las 1:30 horas.

Durante los últimos meses, la Comunidad de Madrid ha protagonizado noticias al ser la única región no ya de España, sino de toda Europa, que no ha restringido prácticamente la hostelería, lo que ha suscitado numerosas críticas y polémicas ya que, durante la última semana de enero y el mes de febrero, el repunte de la tercera ola de la pandemia ha hecho que todos los responsables políticos asumieran restricciones.

Esto contrasta, por ejemplo, con la Comunidad Valenciana que, tras aplicar restricciones en el sector hostelero, ha pasado de liderar la tasa de contagios en enero a estar en la cola, con la mejor situación de todo el país.

Por otro lado, aunque es cierto que el sector de la hostelería ha agradecido a Ayuso esta política laxa, coincide también con el hecho de que no ha aprobado apenas ayudas públicas a la economía, lo que también le ha suscitado críticas. Además, en contra de los criterios sanitarios, Ayuso ha adelantado que podría priorizar en el plan de vacunación a trabajadores de la hostelería, incluso a pesar de que no están claras sus competencias al respecto.

Lo último al respecto ha sido su oposición a restringir la movilidad durante Semana Santa, incluyendo el adelantamiento del toque de queda, argumentando que los contagios suceden en casa y no en los bares.

Así Ayuso, que ha llevado toda la crisis del coronavirus haciendo oposición a costa de la pandemia, presentándose como una víctima de las circunstancias mientras le han ido dimitiendo varios de sus responsables de Salud, y llevando la contraria al Gobierno central en todo, incluso a costa de llevarse la contraria a sí misma y a sus socios.

5. Los desastres de Ifema y Zendal.

Si por algo ha destacado también Ayuso en cuanto a la gestión del coronavirus, ha sido las instalaciones hospitalarias de Ifema y Zendal, habilitadas para hacer frente a la congestión hospitalaria pero que han dado numerosos problemas, siendo en ocasiones más bien un ejercicio de blanqueamiento de su imagen política.

El hospital de campaña de Ifema se montó a finales de marzo en el recinto de la Feria de Madrid, en los pabellones 5 y 6. Desde el minuto uno, hubo un caos generalizado por la falta de medios, de personal, de material y de acondicionamiento básico: todo se había hecho con prisas y mal.

Finalmente, en abril se consiguió poner adecuadamente en funcionamiento, eso sí, a costa de donaciones millonarias y de mucho material, de personal voluntario y de personal de otros centros hospitalarios, perjudicando a otros servicios. Parte del colectivo sanitario denunció a la Comunidad de Madrid en repetidas ocasiones por lo que consideraban “un daño a la atención primaria”.

A esto se le suma lapésima gestión económica de Ifema, que costó 19,4 millones de euros de dinero público en contratos de la Comunidad de Madrid. Y eso solo en adjudicaciones directas en infraestructuras y servicios generales como la comida o la limpieza. En total, algunos contratos llegaron a triplicar el coste de los servicios en otros hospitales.

Finalmente, el 1 de mayo, tras poco más de un mes en funcionamiento, el hospital Ifema se desmanteló ante críticas por haber funcionado más como “propaganda” de Ayuso y con polémicas por el acto de clausura, que fue señalado como un acto político, lo que hizo que la propia Ayuso pidiera disculpas más tarde.

Por si fuera poco, el hospital Isabel Zendal, inaugurado en el barrio de Valdebebas en Madrid el 1 de diciembre de 2020, recibió todavía más críticas.

La primera y la más sonada fue la falta de personal, ante lo cual, el gobierno de Ayuso optó, de nuevo, por incorporar hasta 116 personas voluntarias y trasladar de manera obligatoria y forzosa a decenas de trabajadores de otros servicios hospitalarios, lo que los sindicatos médicos calificaron de “desmantelamiento de la salud pública”, subrayando la necesidad de contratar personal propio.

La segunda crítica que se hizo a Zendal fue, como con Ifema, los sobrecostes de las obras. Presupuestado inicialmente en 50 millones, finalmente costó más de 135 millones de euros. El Gobierno de Ayuso justificaba estas ampliaciones por ser gastos impredecibles y urgentes, lo que, además, le permitió adjudicar “a dedo” numerosos contratos.

De hecho, Ayuso recurrió a este tipo de contrataciones para otros servicios del hospital. Sanidad adjudicó de esta forma a la empresa Ferrovial Servicios S.A.U. el contrato de mantenimiento del edificio e instalaciones del hospital, por importe de 1,12 millones euros durante seis mesesEl resto de servicios, como limpieza, comida, seguridad, lavandería, gestión de residuos y un largo etcétera, fueron también adjudicados “a dedo” bajo esta misma justificación.

A las críticas anteriores, se pueden sumar muchos otros despropósitos: se abrió con retraso, no estuvo preparado para atender a pacientes graves llegando al punto de tener que trasladar al Gregorio Marañón a una persona con Covid19 que empeoró y, además, durante las obras se han denunciado numerosas presiones, falta de seguridad y accidentes laborales: el más grave de ellos acabó con la vida de un trabajador.

Mientras tanto, Ayuso se apoyaba en la sanidad privada para derivar a pacientes que no podía asumir en Zendal ni en los centros hospitalarios públicos, ya fuera por falta de personal, ya fuera por falta de preparación u otros motivos. Esto, por supuesto, pagado con dinero público: 734 euros por paciente y día, hasta 2.084 en UCI.

Para finalizar, mencionar el momento en el que Ayuso subió un vídeo a Twitter intentando rebatir el hecho de que la calefacción no funcionara en el hospital y se viralizó que la persona que lo grababa estaba mintiendo al decir que estaba en manga corta y verse de forma clara que no era así, destapándose que no era un ciudadano cualquiera, sino alguien a las órdenes del PP de Madrid.

La gestión de Ayuso podría resumirse, en este plano, en el reparto del dinero público, como si de un pastel se tratase, por diferentes empresas, algunas muy cercanas al PP y a Ciudadanos, aprovechando las necesidades sanitarias. El sector privado ya absorbe uno de cada dos eurosdel dinero destinado a la sanidad pública de Madrid, según un informe elaborado por el grupo ciudadano Audita Sanidad.

6. La gestión del temporal de Filomena.

Durante el mes de enero de 2021, un fuerte temporal, casi inédito, tiñó de blanco la capital de España y también de otras regiones y localidades del país con palmos de nieve considerables. A la gran borrasca se le bautizó como Filomena y acaparó portadas durante días.

Esta vez, ni sus aliados más cercanos apoyaron la gestión que hizo Ayuso con respecto a las consecuencias del temporal. Hasta Vox se sumó al carro de las críticas. Y no fue para menos.

Además de que la privatización del mantenimiento de las carreteras regionales dejó sin equipos al gobierno madrileño para retirar la nieve, uno de los recursos más polémicos utilizados fue pedir a la gente que retirase la nieve de forma voluntaria para que no se formaran placas de hielo. Más tarde, expertos jurídicos aseguraron que la responsabilidad de contratar al personal necesario era del gobierno autonómico, que no tenía por qué pedir a nadie que hiciera nada.

Otra declaración polémica fue cuando aseguró que “nadie fue capaz de detectar semejante borrasca”, intentando justificar su inacción debido a una supuesta sorpresa del fenómeno natural. Sin embargo, esto se desmintió rápidamente, ya que los servicios meteorológicos ya le habían puesto sobre aviso una semana antes.

Fue precisamente esta cuestión la que le hizo notar Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, durante un pleno en cual Ayuso insistió en calificar de éxito su gestión y se dedicó a lanzar exabruptos a los grupos políticos de la oposición.

Es más, Ayuso no reconoció ni un solo error. Es más, llegó a vetar a Telemadrid por haberla puesto en evidencia tras la mala gestión de la pandemia.

Las consecuencias de la borrasca fueron bastante negativas tanto para transportistas como para un buen número de personas, que en muchos casos no tuvieron ayuda del gobierno madrileño, quien se vio obligado a pedir ayuda a la UME.

7. El apoyo de Ayuso en la extrema derecha.

Isabel Díaz Ayuso, apodada “la Trump española”, no ha disimulado el hecho de que se apoya en Vox, el partido de extrema derecha con mayor representación en España. De hecho, probablemente, no pueda gobernar sin su apoyo tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

A pesar de que el PP está, al menos de cara a la galería, tratando de hacer un giro al centro moderado y alejarse de las posiciones de Vox, una cuestión que desde Europa están vigilando de cerca, Ayuso ya ha contactado con Rocío Monasterio, portavoz de Vox en Madrid, para intentar encajar un futuro pacto de gobierno que contente a ambos partidos.

Fuentes de El Plural publicaron que Rocío Monasterio podría ocupar la presidencia de la Asamblea de Madrid a cambio del apoyo de Vox. De ser así, ocuparían un puesto visible aunque sin asumir competencias de gobierno como tal. Se supo que esto había sido una directriz, de hecho, impuesta desde la dirección de partido, liderado por Pablo Casado, como forma de conseguir el apoyo de la ultraderecha pero sin incluirlos en el equipo de gobierno.

Además, la consigna oficial del PP de Madrid es no lanzar ataques a Vox durante la campaña electoral de las elecciones y centrarse en los ataques a los partidos de izquierdas, y viceversa, si bien es cierto que Vox ha retomado algunas críticas a Ayuso para presionar sobre sus puntos programáticos más fuertes, como el veto parental.

Sin embargo, esta relación venía de antes. El País publicó que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso estaba dispuesto a acceder a un paquete de 250 millones de euros en concesiones ideológicas y políticas a Vox. Así, donde Vox exigía “recortar gasto político y acabar con chiringuitos”, PP y Ciudadanos estaban listos para asumir una reducción del gasto de la Administración cifrada en 46 millones de euros (35,7 anulando contratos de soporte administrativo; 4 eliminando alquileres; 3,9 suprimiendo organismos; y 2,3 recortando gastos de promoción).

También estaban dispuestos a una auditoría de las subvenciones concedidas por la Comunidad en la pasada legislatura. Y además se comprometían a encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una revisión de la eficacia de ese gasto, abriendo la puerta a que en el futuro Vox reclamara dejar de financiar iniciativas vinculadas con el feminismo, los derechos LGTBI, o las ayudas a inmigrantes, como ya había planteado en el pacto de investidura y como, de hecho, han hecho en Andalucía o Murcia.

Esta relación no es de extrañar teniendo en cuenta que Ayuso ha salido en defensa de las ideas de Vox en más de una ocasión. Por ejemplo, llegó a decir hace ya más de un año que “Vox no es extremo, tiene postulados que no comparto”, y hace apenas una semana dijo que si te llaman fascista es que “estás del lado bueno de la historia” en una entrevista con la polémica presentadora Ana Rosa Quintana.

Las ideas y afinidades políticas de Ayuso con la extrema derecha también se pusieron en duda cuando, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, prohibió una charla de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, a un instituto, pero sí que permitió una charla de Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, a otro instituto. No es de extrañar teniendo en cuenta que, un año antes, se había mostrado explícitamente en contra de permitir charlas de igualdad y pro derechos LGTBI en los colegios.

También se ha señalado el hecho de que fuera la única comunidad autónoma que prohibiera las concentraciones por el 8M, al tiempo que ha permitido, por ejemplo, concentraciones franquistas y de extrema derecha tanto en febrero como en marzo de este año.

Además, aunque no es justo juzgar a la gente por su pasado, en un encuentro, el reconocido falangista Eduardo Serrano habló acerca de un hipotético pasado falangista de Díaz Ayuso quien, supuestamente, durante su juventud, se interesaba acerca del falangismo y figuras como la de José Antonio Primo de Rivera.

Parece pues que es razonable inferior un sesgo mucho más a la derecha de lo habitual en la figura de Ayuso al tenor de sus declaraciones, acciones y alianzas políticas que no favorece precisamente a la mayoría de la población y que podrían abrir la puerta a la aplicación de medidas que atenten contra derechos fundamentales.

8. Bajada de impuestos y apoyo de Ayuso a los ricos.

En septiembre de 2020, Ayuso anunció una nueva bajada de impuestos que se sumaría a su ya famosa “rebaja de impuestos más alta de la historia”.

Esta rebaja se traduciría en rebajar medio punto todos los tramos de IRPF, lo mismo para las rentas altas que para las rentas bajas.

Es llamativa la aplicación de esta medida en la comunidad que menos grava las rentas altas en España y que ha sido señalado incluso como un “paraíso fiscal” de manera coloquial dentro del panorama de las comunidades autónomas españolas.

De hecho, esta rebaja acrecentará aún más las diferencias con el resto de comunidades, pudiendo provocar una fuga de capitales y ahondando en lo que distintos cargos políticos, representantes de los técnicos de Hacienda (GESHTA) y sindicatos profesionales han llamado dumping fiscal”.

Esta rebaja además tiene un impacto muy desigual, beneficiando solamente a las clases altas: una persona que gane el SMI no recibirá ninguna rebaja mientras que alguien que gane 300.000 € anuales recibirá un descuento de 1.500 €.

Esto se traduce en una merma en la recaudación con un consiguiente empeoramiento de los servicios públicos madrileños, que fruto de décadas de recortes funcionan bajo mínimos, lo que luego permite justificar su desmantelación y/o externalización para ser adjudicados a diferentes empresas de la órbita del PP y de Ayuso, o incluso de sus socios.

Ayuso ha realizado otras rebajas y deducciones de impuestos que solo afectan a los sectores más pudientes. Uno de estos casos fue aprobación de nuevas deducciones en el IRPF de 2019. Aparte de que estas deducciones solo afectaron al 1% de los madrileños, una de ellas era de dudosa efectividad excepto para ahorrar en el caso de tener ingresos por encima de la media.

Esta deducción permitía deducir 1000 euros de intereses a jóvenes menores de 30 años que puedan comprar una vivienda en Madrid.

Madrid es la ciudad más cara de España para comprar y alquilar vivienda, con un coste en metro cuadrado de 3.687 € en julio de 2019. Por lo tanto solo podría beneficiarse de esta deducción jóvenes de familia adinerada o con un trabajos excelentemente remunerados. Es decir, quién menos lo necesita.

Pero esta política de apoyo a los sectores más ricos de la sociedad no es solo obra de Ayuso, sino que es una estrategia realizada por el PP madrileño.

Hay que recordar que el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, creó una ayuda al alquiler solo para rentas altas: hogares que ganen al año entre 32.000€ y 88.000€, cantidades muy atípicas en España, ya que el salario modal, es decir el más común en España, es de 18.468,93 €.

Por lo tanto, las políticas fiscales y económicas no solo de Ayuso, sino del PP madrileño, se centran en una minoría de la población, pero que se venden como una mejoría para la sociedad en su conjunto mediante hábiles tácticas de propaganda.

9. Ataque a la educación pública.

El ataque a los servicios públicos realizados por Ayuso está presente de manera continua. Ha demostrado siempre su predilección hacia la educación privada y concertada, asegurando que Madrid que “estará siempre al lado de la educación concertada”. Y en esta cuestión ha ido más allá de simples declaraciones de intenciones.

Tras la aprobación de la nueva reforma educativa, más conocida como Ley Celaá, que busca reforzar la educación pública y acabar con ciertos privilegios de la educación concertada, Ayuso encontró un resquicio legal para retrasar la aplicación de la ley en la Comunidad de Madrid.

Usando la potestad de las comunidades autónomas para aumentar los conciertos educativos, Madrid elevó de manera exprés los conciertos de la actual cifra de 6 años a 10 años, haciendo que el actual modelo quede blindado hasta 2027. Así, se aseguraba que, si perdía el poder en la siguiente legislatura, el gobierno entrante tuviera problemas para modificarlo y, de paso, daba tiempo por si cambiaban los colores en el gobierno central.

Pero no es la última medida que ha tomado para beneficiar a la educación concertada. La pandemia por CoVid obligó a contratar profesores de refuerzo tanto en la educación pública como la concertada para subsanar las dificultades al aprendizaje generadas por los confinamientos y por la suspensión de las modalidades presenciales de clases.

Posteriormente, en diciembre de 2020, la Comunidad de Madrid anunció el cese de los 1.117 docentes amparados bajo la figura de “refuerzo CoVid” para esta tarea en la educación pública, pero sorprendentemente no los de la educación concertada, que seguirían con sus tareas.

Esto provocó una oleada de críticas y manifestaciones. La medida afectará a más de 20.000 jóvenes y niños.

Los recortes a la educación pública han seguido este año en plena precampaña electoral. La comunidad de Madrid ha anunciado la eliminación de 114 clases de la oferta educativa de la región. La mayoría de estas clases suprimidas se encuentran en el sur, donde se encuentran más de 56 aulas.

Esta supresión de clases aumentará los ratios, eliminando los 4.987 grupos creados. La desaparición de estas clases traerá el despido de al menos 5.858 docentes según datos de CCOO.

Las pérdidas de aulas podrían ser mucho mayores, ya que el sindicato solo tiene recogidos el 43% de los datos de los 1055 centros.

En solo dos años, los ataques sufridos a un derecho fundamental como es la educación pública son muy amplias, lo que no favorece en absoluto a la mayoría de la sociedad madrileña, ni tampoco al conjunto de España, que sienta un poderoso precedente en el avance de la educación, todavía en la cola con respecto a homólogos europeos.

Ayuso, una mala opción política

La gestión de Ayuso se ha destacado por un denodado apoyo a la gestión privada, en detrimento de los servicios públicos.

Esto ha supuesto de facto una transferencia de capitales públicos a manos privadas como en el caso de Ifema o la educación concertada.

Mientras tanto la desigualdad sigue ampliándose en la Comunidad de Madrid, con unos servicios públicos precarizados.

Los constantes recortes en servicios médicos y educación pública obligan a muchas familias a tener que elegir modelo privados que les suponen auténticos problemas para llegar a fin de mes.

Sin embargo, uno de los problemas que más señalan a Ayuso como una mala opción de gobierno es que no tiene ningún problema en apoyarse en mentiras, en contradecir su discurso y en insistir en que sus políticas son un éxito, cuando la realidad es que prácticamente todas las decisiones que ha tomado son muy cuestionables, y en general las ha llevado a cabo buscando favorecer intereses propios, del partido o de grupos sociales privilegiados.

Y todo esto con el apoyo de la extrema derecha de Vox, en el lado del neoliberalismo en los hechos mientras que intenta apoyarse en el discurso populista de buscar “la libertad” al tiempo que señala a los rivales políticos, a veces con ataques desmesurados y con un tono que recuerda al trumpismo más exacerbado. Y que según las distintas encuestas será una fuerza esencial para construir una posible mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Es muy posible pese a lasantiguas declaraciones del Pablo Casado, que el triunfo de Ayuso en Madrid se convierta tristemente, en la primera región española que de la entrada a la extrema derecha en el poder.

Por supuesto, hay más motivos para no votar a Ayuso, como la propia corrupción en el seno del Partido Popular u otras polémicas que han ido salpicando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero estos 9 motivos son, probablemente, los más relevantes y los que más afectan a la ciudadanía.
Fuene: Adrián Juste en aldescubierto.org

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