Rolex, vuittons y niñeras: así es el acoso sistemático a Irene Montero y su equipo

Las denuncias contra la ministra por “apología de la pederastia” basadas en un bulo ilustran cómo funciona el engranaje contra el Ministerio de Igualdad. Quienes trabajan en el ministerio lo hacen bajo un escrutinio sin precedentes como consecuencia de lo que Montero ha calificado como “violencia política”

“El equipo jurídico de Liberum se ha visto abocado a interponer querella criminal contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. VIVA LA LIBERTAD”.

Con este comunicado, la asociación ‘Liberum Por los derechos humanos y la defensa del consumidor’ anunciaba una denuncia contra la ministra el 22 de septiembre, menos de 24 horas después de una intervención en la Comisión de Igualdad en la que Montero defendía la necesidad de impartir educación sexual.

El 21 de septiembre, la respuesta de Montero a una pregunta de la diputada de Vox Lourdes Méndez había pasado desapercibida. Pero esa noche, un tuit desde la cuenta @MartadePedro que relaciona las declaraciones de Montero con una supuesta defensa de la pederastia se viraliza y pone a funcionar la maquinaria. Julián Macías, experto en redes conocido por analizar cómo funciona el entramado de la desinformación, explicaba en un hilo en Twitter y en su programa de Twitch, Pandemia Digital, cómo se difunde ese tuit mediante cuentas automatizadas, primero, y de forma orgánica, después, hasta producirse “más de 350.000 tuits de la ecosfera digital de derechas replicando la supuesta apología de la pederastia” donde participan políticos de VOX y Ciudadanos junto a “influencers y pseudoperiodistas y trolstars”.

El día 22 de septiembre a las 10h, Hazte Oír tuitea: “¿Sabes cómo se llama eso que está promoviendo Irene Montero en este vídeo, no? Firma la petición exigiendo que la ministra Irene Montero dimita inmediatamente de todos sus cargos públicos”.

Solo dos horas después, Vox anuncia “acciones legales” contra Irene Montero por justificar la pederastia. La campaña lanzada desde Hazte Oír con la etiqueta #IreneMonteroDimisión tuvo en torno a 60.000 tuits donde participan Vox, Edmundo Bal y Ciudadanos, junto a neonazis como Hacer Nación o gente como Javier Negre, explica Macías.

Desde entonces, se suceden varias denuncias y querellas contra Montero, todas en los mismos términos: la acusan de “apología de la pederastia” por estas declaraciones textuales, enmarcadas en una intervención sobre educación sexual: “Todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento”.

La primera la interpone la asociación Liberum. La asociación, que se ha significado por sus denuncias contra diversas medidas tomadas para contener el covid-19, dice haberla interpuesto en un juzgado de instrucción el mismo 22 de septiembre. El día 23 circulan titulares que se hacen eco de una denuncia interpuesta en una comisaría por un ciudadano en Murcia. También Vox interpone denuncia, esta en el Tribunal Supremo. El 26 de septiembre, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción —cuyo currículum incluye la denuncia ante la Comisión Europea de la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Violencia de Género y la de Libertad Sexual— anuncia también una denuncia en el Tribunal Supremo. 

Las denuncias presentadas contra Irene Montero en los últimos días no tienen ninguna posibilidad de ser admitidas, o bien por una cuestión formal o bien por una cuestión de contenido

El abogado Isaac Guijarro, de Olympe Abogados, explicaba esta semana en un análisis publicado en El Salto que estas denuncias y querellas no tienen ninguna posibilidad de ser admitidas, o bien por una cuestión formal —las denuncias en un juzgado de instrucción o en una comisaría no pueden ser admitidas porque Montero es aforada y solo el Tribunal Supremo puede investigarla— o bien por una cuestión argumental —el delito de “apología de la pederastia” no existe y además el Código Penal exige la existencia de víctimas concretas y castiga conductas que se hayan producido, no hipotéticas—.

Sin embargo, la operación ya estaba en marcha y desde el 22 de septiembre las palabras “Irene Montero” y “pederastia” comparten incontables titulares.

Melilla, un Rolex y un bolso Vuitton

La fabricación de bulos y polémicas en torno al Ministerio de Igualdad es un hecho desde el comienzo de la legislatura, en enero de 2020, e incluyen cochinillos segovianosberreas machistas apartamentos en Benidorm. Ampliamente difundidas en redes, este tipo de informaciones han girado a menudo en torno a la relación de la ministra con Pablo Iglesias, dando cuenta de su sesgo sexista.

Sin embargo, desde el verano se han producido varios episodios de gran alcance. En julio de este año, Irene Montero fue preguntada por su posición sobre los hechos sucedidos en un salto a la valla de Melilla el 24 de junio en el que murieron varias personas. En los pasillos del Ministerio de Sanidad, Montero se pronunció pidiendo una “investigación independiente”. Sin embargo, lo que circuló durante varios días fue un fragmento en el que ella repetía en varias ocasiones: “Siempre van a conocer mi opinión”, dando entender que no se había pronunciado. Pese a que era sencillo escuchar el corte completo para ver que Montero sí lo había hecho, muchos medios daban por cierto el bulo: Patricia Pardo en el programa de Ana Rosa en Telecinco, Susana Grisso en Antena 3 o Carlos Alsina en Onda Cero mantenían que Montero se “choteaba”, en palabras de este último, de los periodistas.

Cuando apenas había pasado este episodio, Montero y varias personas de su equipo hicieron un viaje oficial a Nueva York. Hasta allí se desplazó la ministra junto a la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, su directora de gabinete, Lidia Rubio y la asesora del ministerio, Isa Serra, para participar en diversos actos oficiales. El hecho de que usaran el Falcon, un avión oficial cuyo uso está reservado a “el jefe del Gobierno, vicepresidente, ministros y algún secretario de Estado, además de los presidentes de Congreso y Senado para viajes institucionales”, según la normativa, desató los truenos. El presentador Joaquím Prat cuestionaba en Cuatro al Día que los ministros pudieran utilizar el Falcon para viajes institucionales o que fuera un viaje oficial, dos detalles fáciles de comprobar como explicaba El Salto en este artículo.

Juntar “Igualdad” y “polémica” es un ejercicio en el que los medios están entrenados: “polémica” ha sido la elección del equipo del ministerio, una tarta de cumpleaños o un Rolex que resultó ser un Swatch

Pero juntar “Igualdad” y “polémica” es un ejercicio en el que los medios están entrenados. Así, fue “polémica” la presentación del equipo del ministerio por estar compuesta casi exclusivamente por mujeres o fue polémico un vídeo en el que Montero soplaba las velas de una tarta que le habían comprado su equipo por su cumpleaños. Además, fue no solo polémico sino también falso el uso por parte de la ministra de un reloj Rolex de 7.000 euros que resultó ser un Swatch o de un bolso Vuitton que resultó no ser suyo. 

El frente judicial

Más allá de los titulares, el señalamiento tiene también un frente judicial. Este lawfare o “guerra jurídica” se ha traducido en el caso del Ministerio de Igualdad en varios ejemplos. Uno de los más recientes es el caso de Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla —la mujer condenada por secuestro después de ocultarse durante un tiempo con su hijo tras denunciar abusos sexuales al pequeño por parte del padre y que estos fueran sobreseídos— ha anunciado que presentará una querella contra Montero. La acusa de “intromisión ilegítima al derecho al honor” por unas declaraciones en las que celebraba el indulto de María Sevilla y añadía que “los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas” en una intervención en el Congreso. Después de no acudir Montero al acto de conciliación al que había sido convocada este verano, los abogados de Marcos han asegurado que presentarán a finales de septiembre o principios de octubre según uno de sus medios afines, Vozpopuli. El exmarido de María Sevilla reclama 85.000 euros a Irene Montero y ha anunciado la intención de incluir a la periodista de Público Ana Pardo en su denuncia. 

Las formas y la cantidad coinciden con las que Antonio Arcuri, exmarido de Juana Rivas, anunció que reclamaría a la ministra hace ahora un año. En octubre de 2021, el exmarido de Juana Rivas anunció que presentaría una querella por injurias y calumnias contra Irene Montero y contra el líder de Más País, Íñigo Errejón, por unas manifestaciones que ambos políticos realizaron en abril tras el hallazgo del cadáver de una de las niñas de Tenerife —Olivia y Anna—. “Para evitar que los maltratadores sigan asesinando y ejerciendo violencia contra los niños y niñas que son víctimas de violencia de género hay que defender a Juana Rivas”, dijo la titular de Igualdad en las redes. Arcuri ha anunciado recientemente su decisión de desistir en la presentación de esta querella.

El exmarido de María Sevilla ha anunciado denuncia a Irene Montero, como en su día hizo también la expareja de Juana Rivas, mientras que varias asociaciones la han denunciado por dañar el honor de Antonio David Flores después de que Montero mostrara su apoyo a Rocío Carrasco

Otra acusación contra Irene Montero procede de las asociaciones Custodia Compartida de Alicante y la de víctimas de GenMad —que se califica como una asociación de víctimas de la ley de violencia de género— que, junto otras organizaciones, interpusieron una denuncia ante la Comisión Europea contra la ministra de Igualdad. Indican que Montero habría acusado sin pruebas a Antonio David Flores por mostrar su apoyo a Rocío Carrasco tras la emisión del documental En el nombre de Rocío en Telecinco.

Sobre estos casos, Guijarro interpreta que se trata también de denuncias con fines mediáticos y con pocas posibilidades de ser admitidas, ya que la ministra se ha limitado a posicionarse en asuntos que de algún modo tienen relación con su ministerio. En el caso de la denuncia europea, además, no se entiende que se tome esa vía sin haber agotado los recursos que existen en el país del que procede la denuncia, y tampoco tiene visos de admitirse una acusación que no ejerce el propio interesado. 

Este lawfare no solo apunta a la ministra sino que señala también a su entorno. En julio de 2022, el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, archivó el “caso niñera” contra Teresa Arévalo (asesora de Igualdad) y Gara Santana (exjefa de prensa de Podemos), ambas cercanas a Montero. El caso, donde Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege se presentaron como acusaciones populares, había comenzado en febrero de 2021 con gran acogida en los medios. El juez dice en en el archivo: “No solo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres, se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público”. 

También Clara Alonso —actual directora de comunicación del ministerio—, ha sido objeto de esta guerra jurídica. Después del intento de que fuera investigada por supuestamente usar su empresa de comunicación para que Podemos desviara fondos en beneficio del partido, el juez concluyó en junio de 2021 que no existen indicios para iniciar una investigación.

El frente administrativo

Otro frente abierto contra el Ministerio de Igualdad es administrativo. A través de preguntas parlamentarias o mediante el Portal de Transparencia, Igualdad se enfrenta a una cantidad de trabajo ingente, como transmite el funcionariado del Ministerio, que asegura no haber vivido esta situación en otros destinos. 

Igualdad, considerado un ministerio menor, tiene a su disposición 331 funcionarios y es el ministerio con menos funcionariado a su servicio según datos del Portal de Transparencia publicados por Newtral. El ministerio ha recibido en esta legislatura 6.592 preguntas escritas con requisito de respuesta formal formuladas desde el Congreso o, en menor medida, el Senado.

Entre ellas hay muchas que se enmarcan en el legítimo derecho de controlar al Gobierno y que piden información sobre la actividad del ministerio, en un uso habitual de las herramientas que se proporcionan para ejercer su labor. Pero el número de preguntas que se alejan de esta premisa es abrumador. La sensación en el equipo del ministerio es que se utiliza el legítimo derecho a controlar al Gobierno para saturar la institución ya que, de hecho, muchas llegan como consecuencia de polémicas en redes y en forma de oleadas. 

Al ministerio llega un número ingente de preguntas como consecuencia de polémicas en redes que no persiguen controlar la labor del Gobierno sino saturar la institución

Otra característica es que se alejan del lenguaje político: en la forma, recuerdan más a Twitter que a un espacio formal como el Congreso. Por ejemplo, el diputado Pablo Cambronero Piqueras —ahora independiente, antes de Ciudadanos—, registraba el día 28 de junio una pregunta “sobre la huida de Irene Montero a EE UU mientras se celebra la Cumbre de la OTAN” en estos términos: “La Ministra de Igualdad, Irene Montero, huye despavorida mientras se va a celebrar mañana mismo la Cumbre de la OTAN en Madrid. […] No irá sola, irá, como mínimo, con su Secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam, que se apunta a todos los ‘saraos’ que se inventa su amiga y jefa Irene”.

La situación se traduce en una presión extra para los trabajadores quienes, además, de forma recurrente se encuentran en la puerta una concentración beligerante o un micrófono de un medio extremista.

En el entorno de la ministra la percepción es que trabajan bajo un escrutinio sistemático y una altísima presión porque saben que cualquier cosa que proceda del Ministerio de Igualdad puede tener más recorrido del esperado. Y, pese a que la maquinaria es la misma desde enero de 2020, la sensación es que hoy se ha perfeccionado y su alcance es mayor, al conseguir sumar al carro medios mainstream o partidos más allá de la extrema derecha.

“Violencia política”

En la sesión de control al Gobierno el miércoles 28 de septiembre, después de que la diputada de Vox Inés Cañizares siguiera usando el bulo de la supuesta “apología de la pedofilia” de Irene Montero, la ministra le respondió: “Quiero preguntarle a la Cámara hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras, hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo. Les pido que les paremos los pies, las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies. Aprobemos ya la ley del aborto porque a estos fascistas se les para con derechos”.

¿Se puede calificar como violencia política lo que está sufriendo Irene Montero? “Evidentemente sí”, ​​explica Laia Serra, abogada penalista experta en igualdad de género. “Pero es que las violencias machistas son violencias políticas”. Porque otra evidencia para Serra es que el trato que está recibiendo Irene Montero es una violencia por razón de género que tiene relación con las ideas que representa en favor de los derechos de las mujeres, las iniciativas legislativas que lidera o el hecho de estar ocupando un espacio de decisión. Serra entiende ambas caras de la moneda como un todo: “Separar esas categorías [machista y política] me parece absurdo, porque el objetivo final de todas ellas tiene que ver con mantener un determinado statu quo”, analiza.

Serra recuerda que este tipo de violencia que persigue limitar la actividad de las mujeres en la vida pública está conceptualizada y que, de hecho, la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista —la ley catalana de violencia de género de 2008, reformada en 2021, en cuya redacción participó Serra— ya reconoce esta dimensión de la violencia machista. Esta ley define la “violencia en el ámbito de la vida política y la esfera pública de las mujeres” como “la violencia machista que se produce en espacios de la vida pública y política, como las instituciones políticas y las administraciones públicas, los partidos políticos, los medios de comunicación o las redes sociales. Cuando esta forma de violencia machista ocurre en las instituciones políticas o las administraciones públicas y es tolerada y no sancionada, se convierte también en una forma de violencia institucional”.

Laia Serra recuerda que la ley catalana recoge la violencia en el ámbito de la vida política y la esfera pública de las mujeres en su ley contra las violencias machistas y que  este tipo de violencia limita las posibilidades de participación de las mujeres en la esfera pública 

El estudio La violencia política por razón de género en España: una aproximación cualitativa de la delegación del Gobierno contra la violencia de género constata la poca consideración que el fenómeno ha tenido en España, algo que contrasta con el recorrido que sí ha tenido en Latinoamérica, donde de hecho existennumerosas leyes estatales. Se trata de un tipo de violencia “a caballo entre la violencia política y la violencia machista” y que abarca “un amplio espectro de formas que se inserta en la cotidianeidad de la práctica política, y con un importante carácter simbólico”.

Insultos, menosprecio, ataques mediáticos, acoso en el ámbito privado y amenazas o lawfare, son algunas formas de esta violencia que, como otras violencias machistas, tiene forma contínuum —combina formas sutiles con formas extremas— y se produce contra activistas, mujeres con perfiles públicos y también perfiles institucionales. “Si la participación de las mujeres en política ya viene per se determinada por una serie de condicionantes económicos, sociales o familiares, observar violencia política contra mujeres, por el hecho de ser mujer, disuade de habitar espacios de visibilidad y representatividad, limitando un derecho fundamental de las mujeres como es su participación política, pero también su incorporación a puestos de representación la política”, dice el informe.

Laia Serra enmarca lo que está viviendo el Ministerio de Igualdad en una batalla cultural que lleva a una “guerra en la esfera comunicativa y virtual que es tremenda y que va del brazo de la litigación”, analiza recordando el caso de Pamela Palenciano, que ha sufrido violencia digital de manera continuada y ha llegado a tener que responder por una denuncia de una asociación de hombres negacionistas de la violencia de género por su monólogo No solo duelen los golpes. La denuncia fue archivada. “Cada vez estamos teniendo más procedimientos judiciales contra mujeres, precisamente por lo que representan, sean monólogos de teatro, sean opciones políticas o sean estilos de vida; esto pasa y va a pasar más”, lamenta Serra.

Fuente: Patricia Reguero Ríos en elsaltodiario.com
Foto: Irene Montero llega a la Comisión de Igualdad el 21/09/2022 | CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

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