Razones para cerrar los CIE

Terminado el Estado de alarma, la progresiva apertura de las fronteras internacionales abre la puerta a que los CIE recuperen su funcionalidad. Este es un recorrido de los momentos más oscuros en sus 35 años de historia.

El pasado 6 de mayo la liberación de la última persona migrante que quedaba retenida en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras marcó un hito en la lucha contra los CIE, fue la primera vez en sus 35 años de funcionamiento que esos dispositivos de encierro quedaban ociosos. Antes de su reapertura vale la pena hacer un recorrido por su historia más trágica.

En julio de 1985 el gobierno de Felipe González sancionó la primera ley en democracia que preveía “la detención del extranjero con carácter preventivo o cautelar” mientras se tramitaba su expulsión. El encierro máximo se fijó en 40 días y los primeros CIE funcionaron en Valencia, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza.

En el caso de Madrid, los subsuelos de la comisaría de Moratalaz sirvieron a tal fin. En 1991 se inició allí una sonada huelga de hambre, acompañada desde afuera por un grupo de abogados que ayunó en la sede del Club de Amigos de la UNESCO. Mientras tanto, en el Centro de La Verneda, en Barcelona, nueve internos eran heridos tras una revuelta con quema de colchones.

En 1996 el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció la administración de Haloperidol a 103 personas migrantes expulsadas a Mali, Camerún y Senegal. El sedante puesto en el agua, afectó incluso a algunos policías que tenían la misión de custodiarlos.Hacia 1998 eran seis los CIE abiertos y las quejas se repetían pese a las nulas consecuencias penales, administrativas o políticas para quienes vulneran los derechos de las personas retenidas allí o en otras dependencias de encierro y traslado forzoso, como las comisarías de extranjería o los vuelos de deportación.

Ser mujer y migrante representa una especial vulnerabilidad entre los muros de un CIE. Un caso significativo fue la demanda por abuso sexual en el centro de Capuchinos, Málaga. Un grupo de internas acusó que entre junio y julio de 2006 fueron obligadas entre siete policías a participar en fiestas sexuales donde “había bebidas alcohólicas, comida y chocolate”. El CIE cerró en 2012 y el juicio fue recién en 2015. La Justicia los absolvió pese a comprobarse la realización de las fiestas.

Ser mujer y migrante representa una especial vulnerabilidad entre los muros de un CIE. Un caso significativo fue la demanda por abuso sexual en el centro de Capuchinos donde un grupo de internas denunció haber sido obligadas entre siete policías a participar en fiestas sexuales

En 2013 Olga, de origen ruso, fue víctima en Galicia de una violación a punta de pistola. La Guardia Civil consideró que mentía para obtener los papeles y un juez ordenó su ingreso al CIE de Aluche, en Madrid. Como documentó la Fundación Aspacia, no tener el pasaporte en vigor evitó su deportación.

En su Informe Anual 2018, basado en la visita a cinco CIE, el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E) detectó 93 posibles casos de encierro ilegal de menores. El Ministerio de Interior, a solicitud de la ONG, admitió que fueron 89 los ingresos de menores de edad, una práctica expresamente prohibida.

LAS QUE YA NO TIENEN VOZ

¿Cuántas muertes se han producido desde la apertura de los CIE? ¿Hasta qué punto se han investigado? ¿Cómo se han desarrollado los procesos judiciales y qué responsabilidades se han depurado? ¿Cómo es que las instituciones han normalizado la muerte de tantas personas entre sus rejas?

La primera muerte de la que hemos tenido constancia en este recorrido, se produjo en la noche del 9 de julio de 2002, cuando el ciudadano georgiano de iniciales D.M. aparecía ahorcado con una sábana, en la reja de acceso al módulo que ocupaba en el CIE de Málaga. Llevaba desde el día 1 de ese mes encerrado y ya había sido trasladado a un centro hospitalario por una crisis de ansiedad. El 4 de julio se le había denegado su solicitud de asilo, aunque a su muerte, no había recibido la notificación oficial.

¿Cuántas muertes se han producido desde la apertura de los CIE? ¿Hasta qué punto se han investigado? ¿Cómo se han desarrollado los procesos judiciales y qué responsabilidades se han depurado?

Luis Pernía Ibáñez y Gabriel Ruiz Enciso, de la Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes en Málaga, hablan en el libro Cárceles encubiertas de otro deceso, en este caso, en el Centro de Hoya Fría (Tenerife). “El 1 de diciembre de 2006 moría un inmigrante de 19 años identificado como B.S. natural de Gambia, que había llegado en cayuco el día anterior a la Isla de Hierro y fue trasladado de inmediato a Tenerife, según la Subdelegación había muerto de una úlcera estomacal, pero si fue así no fue atendido hasta el día siguiente de su llegada”, denuncian.

Seis meses más tarde la víctima sería Osamuyi Aikpitanyi, llegado en patera a las Islas Canarias en 2003 con 19 años. En 2006 las exigencias burocráticas le impidieron regularizarse a través del Arraigo Social. El 9 de junio de 2007, custodiado por dos efectivos de la policía nacional, fue subido en un vuelo de Iberia rumbo a Lagos, y ante su resistencia, lo amordazaron con una venda y taparon su boca con cinta adhesiva.

En el aire notaron signos de asfixia y el avión aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Elche, Osamuyi había muerto por una “parada respiratoria secundaria y asfixia por sofocación”. Por increíble que resulte, un nuevo protocolo de actuaciones del Ministerio de Interior contemplaría que “en ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado”.

El juicio por su fallecimiento se celebró en 2012. Los peritos determinaron que la muerte se habría producido “con o sin mordaza”, aunque no pudieron determinar en qué medida esta obstruyó su respiración. Fiscalía rebajó la acusación de “delito” a “falta por imprudencia leve” y cada policía fue condenado a una multa de 600 euros.

La siguiente víctima se produjo el 31 de agosto de 2008 en el CIE de Zapadores (Valencia). Un hombre nigeriano de 47 años que según el Informe 2009 de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPDT), murió de forma “natural” cuando “se encontraba en la ducha”.

Recién en 2019 las organizaciones valencianas supieron de otro caso hasta entonces desconocido. En respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu y el grupo mixto, Jon Iñarritu García, el Gobierno revelaba que “el 19 de febrero de 2009 murió en el Hospital General de Valencia un nacional georgiano, procedente del CIE, por causas naturales”.

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SUICIDIOS EN BARCELONA

El ecuatoriano Jonathan Sizalima tenía 14 años cuando en 2003 llegó a España con su hermano César. Su madre, Gladys Aguilar, no pudo reagruparlos y optó por pagar los billetes para que entraran al país como turistas. En 2008 la policía detuvo en la calle a César y lo expulsó por estar en situación irregular.

El 18 de junio de 2009 Jonathan fue detenido y trasladado a la Comisaría de Extranjería de Barcelona para abrirle un expediente de expulsión. Un día después aparecía ahorcado en su celda. Lo extraño es que el mismo jueves la policía avisó a Gladys que el joven sería puesto en libertad. Incluso el viernes al mediodía al llamar preocupada le reiteraron que ya estaba libre. Sus dudas sobre el supuesto suicidio se acrecentaron cuando solo le permitieron ver el cuerpo tras un cristal y tapado con una manta que apenas dejaba el rostro al descubierto.

También fue caratulada como suicidio la muerte del marroquí Mohamed Abagui, de 22 años, ocurrida el 13 de mayo de 2010. Detenido y trasladado desde mediados de abril al CIE de Zona Franca, el primo que lo visitaba notó cambios en su estado de ánimo y salud, y advirtió a los policías “que ya había estado con tratamiento psiquiátrico y que no lo veía bien, que por favor lo trataran”.

En medio de las sospechas sobre las causas del suicidio, una versión cobró fuerza entre los familiares y organizaciones de Derechos Humanos: Mohamed Abagui habría muerto encerrado en una celda de aislamiento, una acusación desmentida por la policía, negando la existencia de un tipo de celdas que, sin embargo, se habían anunciado cuando el complejo carcelario había sido inaugurado.

SIGUEN LAS MUERTES

Otra muerte con escasa información es la que recoge como “caso 209” el Informe 2010 de la CPDT. Se trata de la muerte de “A.B. de 55 años y origen marroquí”, fallecido el 16 de octubre de 2010 en el CIE de Zapadores, a donde fue llevado tras ser reconocido en el Centro de Salud de la Fuente de San Luis. “A.B. no llegó a ingresar en los calabozos del centro, cayendo desplomado al acceder a la Inspección central de Guardia de Zapadores”, denuncia.

Por el contrario, un caso mediático fue el de la congoleña de 34 años Martine Samba, ingresada en el CIE de Aluche el 11 de noviembre de 2011. Llegó trasladada desde el CETI de Melilla y murió el 19 de diciembre, solicitó al menos en diez ocasiones asistencia médica sin que fuera llevada al Hospital hasta horas antes de su muerte. En Melilla le habían realizado dos analíticas que dieron positivo de VIH, pero su expediente nunca llegó a Madrid.

El proceso judicial impulsado por las organizaciones sociales se celebró en junio de 2019. Ocho años después se sentaba en el banquillo uno de los médicos imputados, Fernando Hernández Valencia. El juzgado penal nº 21 lo absolvió pese a determinar que “está claro que su actividad fue uno de los factores que provocó el deceso de la Sra. Martine”.

“Sería injusto, en definitiva, cargar al acusado en exclusiva el fallecimiento de la Sra. Martine y tanto las omisiones de otras personas como las deficiencias burocráticas tuvieron un peso muy relevante en que la interna no recibiera el tratamiento debido”, argumentó el juez. El otro doctor imputado y una enfermera a día de hoy siguen prófugos de la justicia y quien ejercía de jefe de seguridad, Antonio Montes Rodríguez, tiempo después sería ascendido a director del centro.

LA HISTORIA QUE QUISIERON BORRAR

No había pasado un mes y el horror se trasladó otra vez a Zona Franca. Idrissa Diallo, guineano de 21 años, sufría una “muerte súbita no violenta”. Según la policía la noche del 5 de enero de 2012 el joven cenó antes de retirarse a la celda que compartía con cinco personas, y al descompensarse los esfuerzos por reanimarlo no alcanzaron para salvarlo.

Por el contrario, los compañeros denunciaron que pasada la media noche habrían advertido a los policías de la necesidad de asistencia médica, sin tener respuesta. El centro no contaba con servicio médico durante las 24 horas y tampoco tenía traductores, dos carencias que los internos señalaron como claves.

Los compañeros de Diallo denunciaron que pasada la media noche habrían advertido a los policías de la necesidad de asistencia médica, sin tener respuesta. El centro no contaba con servicio médico durante las 24 horas y tampoco tenía traductores

En julio el Juzgado de Instrucción nº 5 de Barcelona archivó la causa y ordenó el entierro del cuerpo en un nicho sin identificación. Nadie avisó a familiares ni amigos, su historia quedaba sepultada en el anonimato. Cinco años después un equipo de la productora audiovisual Metromuster y del periódico La Directa localizó a su familia y el lugar donde estaba enterrado el cuerpo. El documental Idrissa, crónica de una muerte cualquiera, reconstruye la odisea. En 2018 los restos fueron exhumados y trasladados a Tindili, su ciudad natal.

MÁS SUICIDIOS

Aramis Manukian, para sus amigos Alik, era un joven armenio de 32 años. Padre de una niña de 7, apareció muerto en el CIE de Zona Franca en la madrugada del martes 3 de diciembre de 2013. Llevaba 12 días encerrado a la espera de su expulsión. Según la policía, se ahorcó con los cordones de los zapatos en una celda a la que había ingresado “con total normalidad”.

Para los internos la realidad fue otra. “Alik tuvo un enfrentamiento con los policías que vigilan el CIE, entraron a la celda, lo agredieron y se lo llevaron por la fuerza”, contaron a El Diagonal las tres personas que compartían celda con él. Las cámaras de seguridad extrañamente no funcionaban y algunos testigos fueron expulsados con inmediatez. La causa se cerró sin responsabilidades ni culpas.

EL EXPERIMENTO MORTAL

El 20 de noviembre de 2017 el Ministerio de Interior encerró en la cárcel de Archidona, Málaga, a 572 personas (571 argelinos y 1 marroquí), algunas de ellas menores de edad, que días antes habían llegado en patera a las costas de Murcia y Almería. El complejo penitenciario estaba inacabado y ni siquiera contaba con agua potable, muchas voces advirtieron que aquel experimento era una locura que no podía salir bien. Y no salió bien.

Solo duró 52 días. Mohamed Bouderbala, un joven argelino de 32 años, apareció ahorcado en la mañana del 28 de diciembre en la celda de aislamiento en la que había sido recluido 19 horas antes, tras unos incidentes entre la policía y los internos.

Según el informe Cárcel de Archidona: otro agujero negro para los derechos humanos, realizado por la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes en Málaga, “no constaba la resolución motivada del director del centro que debe firmar antes de aislar a un interno. Esa resolución debía enviarse también al juez de internamiento y al juez de control, pero tampoco constaba. Mohamed estuvo 18 horas aislado, sin supervisión, ni comida, como se pudo apreciar a través de las cámaras”. Pese a la petición expresa de que los testigos pudieran prestar declaración ante la justicia, algunos fueron expulsados a su país de origen y el resto trasladados a otros CIE. La causa sigue abierta.

¿LA ÚLTIMA MUERTE?

El 15 de julio de 2019 el marroquí Marouane Abouobaida, de 23 años aparecía ahorcado en el CIE de Zapadores. Según el Gobierno había sido agredido el día anterior por otros internos sufriendo un “traumatismo craneal leve”. Por el temor a ser agredido nuevamente, la policía decidió ponerlo en celda de aislamiento.

Una hora antes del suicidio entregó a la policía una carta para el director del CIE denunciando que no veía por el ojo izquierdo y que sufría dolores de cabeza a consecuencia de la agresión, adjuntando el informe médico de urgencias. Otros internos contarían después que, desde hacía días estaba angustiado, una hipótesis que corroboró una tía suya, quien se había trasladado de Madrid a Valencia alertada por su estado de ánimo.

Son muertes ocurridas bajo la custodia del Estado que, cuando priva de libertad a una persona, se convierte en máximo garante de su vida, su salud y sus derechos

Apenas 40 minutos antes de la fatal decisión fue visitado por un médico. Nada hizo saltar las alarmas ni activar el protocolo de prevención de suicidios. Otra vez recaían las culpas en la decisión de la propia víctima.

En la crónica luctuosa de un Estado (ir)responsable, el ejercicio de hilar las historias ayuda a entender la gravedad de lo que sucede en los CIE. Son muertes ocurridas bajo la custodia del Estado que, cuando priva de libertad a una persona, se convierte en máximo garante de su vida, su salud y sus derechos.

En consecuencia, ante cada violación de los mismos y, muy especialmente, frente a cada muerte, el propio Estado tiene la obligación legal de asegurar una especial diligencia en su investigación. La incompetencia para ofrecer esas mínimas garantías democráticas, demuestra que el único camino es el cierre definitivo de estos centros.

Resumen del texto “Memoria de los CIE” del monográfico “La movilidad humana: entre los derechos y la criminalización”, publicado en el nº 18 de 2019 de la revista Crítica Penal y Poder.
Fuente: Pablo ‘Pampa’ Sainz en elsaltodiario.com