El sufrimiento innecesario silenciado en los Centros de Internamiento de Extranjeros

En 2023, 2.000 personas pasaron una media de 30 días en los CIE. El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia un año más las vulneraciones de derechos humanos que sufren estas personas encerradas por encontrarse en situación administrativa irregular

Cada año, desde la pandemia, unas 2.000 personas pasan por los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Sometidas a privación de libertad por hallarse en situación irregular administrativa, su realidad queda invisibilizada para la mayoría de la sociedad, y fuera de la agenda política. Frente a este silenciamiento, el Servicio Jesuita a Migrantes, presentaba ayer 10 de junio, en la mesa del congreso, su informe sobre los CIEs anual, titulado justamente como “‘Internamiento ‘muteado’’,

Siendo ya el número 14 en la labor de documentación y denuncia de la situación de las personas internas en los CIE, el SJM insistía una vez más en la necesidad de cerrar estos centros, en los que, a los que las administraciones recurren de manera desproporcionada. En el informe recuerdan que el internamiento, es la última de las medidas cautelares previstas por la ley, y que sus consecuencias son altamente lesivas para las personas internadas. 

Medidas especialmente lesivas también, cuando afectan a personas arraigadas en el territorio, como es en la mayoría de los casos, con muchos años de residencia en el país, vínculos familiares, o personas a su cargo. Frente a este perfil, son escasos los casos de personas con antecedentes penales, apunta la organización, desmontando la narrativa que justificaría la existencia de estos centros por razones securitarias. La gran mayoría de las personas retenidas, un 71%, lo fueron con una orden de expulsión, el 27% lo fueron por devolución. Por otro lado, solo un 30% de las repatriaciones forzosas que se realizaron desde el Estado español el año pasado se hicieron desde un CIE.

Exceptuando los CIE de Madrid y Tenerife, que registraron una baja actividad en estos años, las personas fueron retenidas por una media algo superior a 30 días. Cuatro de cada diez fueron liberadas tras el internamiento, mientras que el 55% fue expulsado, un porcentaje similar al de los últimos siete años. El informe habla de unas 4.000 personas expulsadas desde 2020, frente a las 10.000 personas anuales que solían sufrir la misma suerte antes de la pandemia.

Un espacio opaco

El SJM cuenta con voluntarios y voluntarias que actualmente visitan los CIE de Barcelona, Madrid, Algeciras y Valencia. En su labor, las personas denuncian las trabas con las que se encuentran para visitar a las personas internas, con la injerencia de policías en muchas ocasiones, la ausencia de privacidad, y la falta de condiciones adecuadas para dar un buen acompañamiento y orientación jurídica a las personas internas. 

Además de las dificultades a la hora de acompañar a personas que se han visto repentinamente privadas de libertad, y desconocen cuál va a ser su destino, mientras se siguen registrando actos de racismo, hostilidad, y un trato degradante por parte de los funcionarios policiales, especialmente ante situaciones de tensión, el SJM denuncia la grave situación en cuanto a la salud mental que se da en estos centros.

Un informe realizado conjuntamente por la organización junto al CESPYD de la Universidad de Melilla, y publicado en enero, reporta cómo el 70% de las internas que participaron en la investigación mostraban síntomas de ansiedad y depresión. Dos de cada diez habían llegado a intentar autolesionarse. El problema no incumbe solo a la salud mental, desde el SJM consideran que urge revisar las contrataciones del servicio médico sanitario. 

Sufrimiento inútil

En la presentación del informe, María Morell, abogada y coordinadora del equipo de visitas de SJM Valencia, que lleva visitando el CIE de Zapadores desde 2015, ahondaba en los problemas de salud mental que han encontrado a lo largo del tiempo entre las personas internas. 

Siendo los CIE un espacio en el que las personas quedan expuestas a la despersonalización, que incrementa el riesgo de desarrollar daños psíquicos, la activista denunciaba la ausencia de servicio de salud mental y mentaba el informe realizado con la universidad de Sevilla, en el que se refleja que, tras una semana de encierro en el CIE, las personas ya entran en un estado importante de deterioro de la confianza e incertidumbre que produce un gran sufrimiento. 

Ante esta problemática, recordaba Morell, la existencia de un servicio formal de acompañamiento psicológico, la preparación de herramientas para profesionales, proporcionar información clara sobre su situación administrativa a las personas internas y reducir la duración del internamiento, son las principales medidas propuestas. 

Por su parte, Paloma Aguilera, quien pertenece al equipo de visitas al CIE Madrid, Pueblos Unidos, citaba  las dificultades que encuentran las voluntarias, como ella, a comunicarse con otros actores involucrados en el funcionamiento del Centro, como la Cruz Roja. Así como los obstáculos puestos desde el CIE para que puedan comunicarse con las personas internas, como el no permitirles usar el móvil impidiendo que pueda recurrir a programas de traducción instantánea, lo que llega a frustrar las posibilidades de hablar con personas que no comparten idioma. 

A las dificultades para comunicarse, se añade la sensación de que no son bienvenidos, desarrollaba la voluntaria, con una mayor vigilancia policial desde que se cambiara la dirección del Centro de Aluche (Carabanchel). Mientras, las personas internas les expresan que se sienten humillados cuando los funcionarios les llaman por su número, en lugar de su nombre, o los llevan esposados. Sin que se les dé posibilidad de usar el teléfono hasta la tarde, muchos tienen dificultades para contactar con sus abogados, según afirmó Aguilera, quien además apuntó a la negligencia de algunos letrados. 

Qué futuro para los CIE

En la presentación del informe, el autor Josep Buades Fuster, perteneciente a la Asociación Claver-SJM, compartió la percepción derivada del trabajo hecho durante los últimos tiempos, de que el hecho de que los CIE se mantengan en una baja ocupación desde el 2020 muestra que probablemente, frente a un Pacto Europeo de Migración y Asilo focalizado en la restricción de la libertad en fronteras, los CIE acaben ejerciendo un rol testimonial en las políticas migratorias. 

De hecho, la tendencia en los últimos años muestra que se realizan cada vez más expulsiones de personas que no llegan a pasar por el CIE, mientras que la repatriación desde estos centros, más costosa, está en retroceso. Así, acabar encerrado en un CIE, y ser devuelto se convierte en una cuestión casi arbitraria que depende del criterio de los jueces de instrucción, a quienes desde el SJM se les plantea que el internamiento es una medida desproporcionada y que muchas veces se decide desde el desconocimiento de la normativa. 

Baudes también comunicó la preocupación por parte de la organización en torno al trabajo de los jueces de control, pues consideran que a menudo no ejercen su mandato de fiscalización como debieran, manteniendo “perfil bajo y dejación de sus funciones”, al no investigar asuntos que debería inquietarles. 

La falta de interés en la problemática de los CIE por parte de los partidos políticos, que en los últimos dos años prácticamente no han abordado la existencia de estos centros, su alto coste y “baja eficacia” en cuanto que ni siquiera sirven para el propósito para el que se supone que existen, o la construcción del CIE de Botafuegos, una nueva instalación en Algeciras aprobada en 2017 con capacidad para 500 personas, cuando los CIE existentes siguen infrautilizados, son algunas de las cuestiones que se destacaron en la conversación posterior a la presentación, en la que, en referencia al título del informe, se invitó a los medios de comunicación a “quitar el mute sobre los CIE”.

Fuente: elsaltodiario.com