Existe una lógica irrefutable que gira en torno a la redistribución equitativa de derechos y obligaciones dentro de una sociedad. O lo que es lo mismo, redistribución de derechos y de cargas. Por ejemplo, la igualdad de trato en la proporcionalidad entre años cotizados y pensión recibida, en el primer caso, y la no concentración de las cargas de un sistema (como el de las pensiones) sobre un grupo social concreto, en el segundo de ellos.
Utilizando esa lógica inexcusable, miles de personas desde dentro y fuera del colectivo de ASJUBI40 nos hacemos con frecuencia cuestionamientos cargados de perplejidad acerca de las políticas implementadas y proyectadas por los gobernantes con las que se abordan las pensiones de personas con largas carreras de cotización que se han jubilado o pretenden jubilarse anticipadamente. Un colectivo a extinguir dadas las enormes dificultades que desde hace años se vienen produciendo para el acceso al mercado de trabajo y el consecuente retraso en la edad para ello por parte de los jóvenes.
Lo paradójico de estas políticas es que son los propios gobiernos los que conducen a situaciones kafkianas, incomprensibles para la mayoría de la ciudadanía por las contradicciones que conllevan. Señalemos algunas muy visibles:
- Por un lado, las personas que llevan trabajando toda una vida (¿40 años o más no son suficientes?) tienen la necesidad de dejar de hacerlo porque la vida es solo una y el cuerpo aguanta hasta un límite, se trate del sector laboral del que se trate, habida cuenta de que es el factor tiempo lo que produce el desgaste y su repercusión directa en la salud. Estas personas NECESITAN salir del mercado de trabajo con una pensión sin reducciones que por derecho les corresponde gracias a su enorme contribución al sistema de pensiones, en virtud de los principios de contributividad y del de equidad en el reparto de las cargas de dicho sistema, declarados y aprobados por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en su sesión del día 27 de octubre de 2020, y posteriormente por el Congreso de los Diputados del Estado español el 19 de noviembre de 2020.
- Por otro lado, están los que ya se han acogido a una jubilación anticipada después de más de cuarenta años de trabajo, que han sido expulsados del mercado laboral mediante despido o ERE, y que se han visto abocados a acogerse a una jubilación anticipada con coeficientes reductores para poder subsistir. Estas personas NECESITAN igualmente que se les restituya su pensión sin penalizaciones, en virtud de los mencionados principios de contributividad y de equidad en el reparto de las cargas.
- En tercer lugar, están los jóvenes que encuentran enormes dificultades para acceder al mercado laboral, sobre todo en condiciones dignas; y los menos jóvenes, parados de larga duración, que se encuentran desesperados. Todos ellos NECESITAN un empleo para poder vivir dignamente. El cuello de botella que genera las penalizaciones DE POR VIDA de las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización al pretender alargar la vida laboral de los/as que ya llevan buena parte de su tiempo vital trabajando impide que se liberen miles de puestos de trabajo para todos/as los/as que están intentando acceder al mercado laboral o se encuentran expulsados del mismo. El gasto en desempleo generado para el Estado se reduciría si se les dejara paso en sustitución de los/as que llevamos toda la vida trabajando, como también se reducirían las cifras que periódicamente se publican sobre el número de parados existente en nuestro país.
- ¿Y los empleadores? Tanto en el ámbito privado como en el público, ¿no necesitan, acaso, contar con trabajadores más jóvenes o que no se encuentren físicamente desgastados por el trabajo de toda una vida? ¿No NECESITAN renovar su plantilla y obtener una mayor productividad?
- ¿Y la Sanidad Pública? Si la prolongación forzada de la vida laboral después de 40 o más años de trabajo da lugar a un empeoramiento de patologías con el consecuente gasto sanitario público que ello conlleva, ¿de verdad que supone un ahorro para el Estado intentar atar laboralmente sin escrúpulos a este colectivo de personas que llevan desde tempranas edades sin descansar? Y aquí no vale el argumento de que son competencias delegadas a las Comunidades Autónomas, porque el aumento del gasto de las mismas ¿no implica una mayor necesidad de transferencia de recursos desde el Gobierno Central?
Si el Gobierno suma los gastos en prestaciones por desempleo y los derivados del incremento de los servicios sanitarios que se prestan, a la vista de las razones expuestas anteriormente, ¿dónde se halla el ahorro para el Estado cuando se penalizan a las jubilaciones anticipadas con 40 o más años cotizados?
Si cada Ministro de un Gobierno defiende sus competencias como si de una parcela se tratara, sin tener en cuenta las repercusiones en los demás Ministerios y actuando como si fueran compartimentos estancos, los desequilibrios e incongruencias saltan enseguida. Y así ocurrirá si el Sr. José Luis Escrivá atiende exclusivamente a los intereses concretos de su cartera ministerial, ignorando de motu propio las repercusiones que sus decisiones puedan generar en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. El Gobierno de un país es un todo, y las actuaciones diversas de cada Ministerio no deberían ir cada una por su lado y ser contradictorias entre sí menoscabando unas a las otras, sino, por el contrario, deberían llevarse a cabo de manera coordinada y equilibrada. ¿Se produce así en materia de pensiones? Esto es lo que no se evidencia.
¿Quién gana, pues, con las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas con largas carrera de cotización? ¿Quién gana con estas políticas incongruentes?
¿Ganan los que se han jubilado anticipadamente o necesitan hacerlo con 40 años o más trabajados (y cotizados) viendo los derechos económicos de sus pensiones mermados porque se ignora deliberadamente su contribución al sistema de las mismas y sus derechos adquiridos?
¿Ganan los jóvenes y los parados en general porque la oferta de empleo está limitada en tanto que no se liberan miles de puestos de trabajo al estar ocupados por la generación de personas que llevan trabajando toda una vida, habiendo contribuido sobradamente, y a las que se pretenden seguir atando con penalizaciones vitalicias para que no se jubilen antes de la edad legal?
¿Gana el Estado si, como consecuencia de lo anteriormente indicado, las cifras de parados crecen y tiene que desembolsar más cantidad de dinero por las prestaciones de desempleo?
¿Gana la Sanidad Pública si, a raíz de los problemas de salud que genera el alargamiento indeseado de la vida laboral en personas que llevan cuarenta o más años de trabajo, los requerimientos de los servicios sanitarios son mucho mayores y el gasto en los mismos también?
¿Ganan los empresarios y los empleadores públicos con plantillas agotadas después de toda una vida de trabajo, y con una productividad disminuida en consecuencia? ¿Gana el país por esta misma razón?
¿Gana un país que pretende ser competitivo en el ámbito internacional pero que, paradójicamente, sus gobernantes adoptan estrategias encaminadas a mantener una plantilla de recursos humanos envejecida en todos los sectores productivos y de servicios?
Después de cada uno de estos cuestionamientos, cabe volver a preguntarse: ¿quién gana con estas políticas que penalizan de por vida a las jubilaciones anticipadas con cuarenta años o más cotizados (trabajados)? Tal vez la respuesta de todo esto está en que, como se suele decir a menudo, “gana la banca”. Fuensanta Martín Quero, escritora y socia de ASJUBI40.
Fuente: Fuensanta Martín Quero en contrainformacion.es
Tu Barrio