Esta iniciativa busca brindar un respiro a las ocupaciones más exigentes y desgastantes, buscando compensar las secuelas derivadas de las duras jornadas laborales a través de una retirada anticipada que no afecte a las prestaciones de los trabajadores
Según información anticipada por el diario El País, el Gobierno tiene la intención de proponer un adelanto en la jubilación para aquellos trabajos caracterizados por elevadas tasas de bajas y alta mortalidad.
Esta iniciativa busca brindar un respiro a las ocupaciones más exigentes y desgastantes, buscando compensar las secuelas derivadas de las duras jornadas laborales a través de una retirada anticipada que no afecte a las prestaciones de los trabajadores.
El primer borrador de esta propuesta ha sido elaborado por el Ministerio de Seguridad Social, y ahora está a la espera de las aportaciones y propuestas de las organizaciones sindicales y los empresarios en la mesa de negociación sobre pensiones, tal y como informa El País.
El objetivo principal del real decreto que se está gestando es establecer un procedimiento general para determinar coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en ocupaciones, categorías o actividades profesionales cuyos trabajos sean considerados penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.
La filosofía de la propuesta es clara, pero los detalles aún requieren un nivel de precisión que generará intensas negociaciones. Se han definido tres índices como guía para la propuesta: el primero se basa en el gasto total en bajas de un grupo específico en relación con las bases de cotización devengadas; el segundo analiza el número de bajas en relación con el conjunto de trabajadores expuestos al riesgo, y el tercero evalúa el número de fallecimientos en relación con el total de trabajadores en esa actividad.
Si la reforma es aprobada, surgirá un nuevo costo, contemplado por el Ministerio de Seguridad Social, que incluirá una cotización adicional a la Seguridad Social a cargo de la empresa y el empleado. Además, los coeficientes serán revisados cada diez años.
Un aspecto novedoso del borrador es quiénes podrán solicitar estos coeficientes reductores, permitiendo ahora que, en un plazo de seis meses tras la aprobación de la nueva normativa, lo hagan las organizaciones profesionales y sindicales en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, así como las asociaciones más representativas de los autónomos.
El Gobierno se compromete a resolver este procedimiento en un máximo de seis meses desde la fecha de solicitud. Esta propuesta refleja la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de abordar las necesidades específicas de trabajadores que desempeñan roles más demandantes en el ámbito laboral.
Fuente: Luna Izquierdo en contrainformacion.es
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