En España, el neofascismo ha asumido la teología neoliberal más extrema: desmantelar lo común y fortalecer lo privado a costa de lo público
La ultraderecha gobierna en nombre de «la libertad». Lo cual significa convertir derechos sociales en oportunidades de negocio y desplazar recursos públicos hacia empresas privadas. Su discurso habla de libertad de elección; sus decisiones benefician, sobre todo, a quienes pueden pagarla. En España, el neofascismo ha asumido la teología neoliberal más extrema: desmantelar lo común y fortalecer lo privado (eso sí, a costa de lo público).
Su programa electoral propone introducir sistemas de «cheque escolar», ampliar la libertad de elección de centro y favorecer la competencia entre escuelas. En la práctica, estas medidas implican transferir financiación pública a centros privados y concertados, debilitando progresivamente la red pública, que es la única que garantiza el acceso universal con independencia de la renta.
En los parlamentos autonómicos donde han sido decisivos para formar gobiernos o aprobar presupuestos, han impulsado el incremento de conciertos educativos, han cuestionado los programas de inclusión y diversidad y se han opuesto a inversiones destinadas a reforzar la educación pública. También han apoyado iniciativas como el llamado «pin parental», que limita la autonomía de los centros y el derecho del alumnado a recibir una educación integral en valores democráticos y derechos humanos (memoria histórica, educación afectivo-sexual, etc.).
El fascismo no empezó con campos de concentración ni con el exterminio, sino con la clasificación de determinadas ideas como «peligrosas» o «degeneradas». En España ya han exigido la revisión de libros de texto
Recordemos que, tras la llegada de Hitler al poder en 1933, el régimen nazi comenzó un proceso de depuración de bibliotecas, escuelas, universidades y teatros. El fascismo no empezó con campos de concentración ni con el exterminio, sino con la clasificación de determinadas ideas como «peligrosas» o «degeneradas».
En España han exigido la revisión o eliminación de libros de texto por tener contenidos sobre feminismo, diversidad LGTBI o cambio climático, en colegios y bibliotecas. Han creado un vigilante de la “neutralidad ideológica” (que es admirador de Franco) para que los centros escolares no se puedan manifestar contra el genocidio en Palestina o por el cambio climático.
Impulsan las procesiones confesionales de papones en los centros educativos y que los niños y niñas se disfracen de legionarios y desfilen imitando a este grupo militar creado por el genocida Millán Astray. Participan dirigiendo “campamentos de verano” para adiestrar militarmente a niños y niñas desde los siete años (como fueron las Juventudes Hitlerianas -Hitlerjugend-), donde los menores se levantan al toque de diana, aprenden instrucción castrense y realizan simulación con armas de ataque en campamentos con nombres como “Tercios de Lezo”.
En Sanidad mantiene una lógica semejante. Sus propuestas priorizan fórmulas de colaboración público-privada (parasitar lo público para “engordar” lo privado), incentivar el aseguramiento privado y una reducción del peso del sector público. Allí donde ha influido en las políticas autonómicas ha respaldado presupuestos que mantienen o amplían la externalización (privatización) de servicios sanitarios y ha rechazado iniciativas dirigidas a revertir privatizaciones o incrementar sustancialmente la inversión en la sanidad pública.
En el Parlamento han votado repetidamente contra medidas destinadas a aumentar la financiación de servicios públicos. Votaron en contra de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que incrementaba la financiación pública y la estabilidad del profesorado. Al mismo tiempo, ha defendido rebajas de impuestos que reducen la capacidad financiera de lo público, especialmente en los tributos que afectan a las rentas y patrimonios más elevados (propone eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, a las empresas, el IRPF, etc.). Menos ingresos públicos significan, inevitablemente, menos recursos para sostener la educación, la sanidad, la dependencia o los servicios sociales.
La ofensiva contra la cultura, la universidad o la escuela pública no puede entenderse aisladamente de la agenda económica de la ultraderecha. Ambas responden a un mismo objetivo: debilitar las instituciones públicas como espacios de construcción de ciudadanía democrática y convertirlas progresivamente en ámbitos sometidos a la lógica del mercado.
Primero se construye el relato de que lo público (la escuela, la universidad, la sanidad, las bibliotecas…) están «ideologizados», «adoctrinan”, son «ineficientes» (chiringuitos) o están controlados por una supuesta élite progresista (dictadura progre). Esto justifica los recortes a lo público y las rebajas fiscales a lo privado. Finalmente, los servicios debilitados se presentan como ineficaces y se abre espacio para el negocio privado, a costa de lo público. Menos Estado, menos derechos y más mercado: esa es la secuencia que conecta la batalla cultural con la agenda económica de la ultraderecha.
En definitiva, la ultraderecha, sus programas, sus votos y las políticas que impulsa muestran una constante: reducir el papel redistributivo del Estado y abrir nuevos espacios de negocio privado en ámbitos que deberían garantizarse como derechos universales.
Fuente: Enrique Javier Díez Gutiérrez, Catedrático de la Universidad de León en mundoobrero.es
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