La Sanidad Pública tiene un serio
problema con el gasto farmacéutico porque los precios de los nuevos
medicamentos están creciendo de una forma exorbitante, con lo que se
produce un verdadero agujero negro para el Sistema Nacional de Salud que
pone en riesgo su sostenibilidad. Valgan algunos ejemplos: en 2019 se
aprueba un medicamento (Kymriah, Yescarta) con un precio de 320.000
euros y se anuncia para 2020 un medicamento con un precio de 2 millones
de euros. Por eso el gasto en medicamentos hospitalarios aumento un 24%
entre 2014 y 2018 y sigue subiendo. Al final será imposible asumir
estos precios por el sistema sanitario público que entrara en quiebra.
No se explican estos precios, que son
meramente especulativos, y que no tienen relación ni con el coste en
investigación y menos aún con el de producción: por ejemplo, el coste de
fabricación de los nuevos medicamentos para la Hepatitis C es de 100
euros por tratamiento, sumando el coste de investigación, nos
situaríamos en 300 euros por tratamiento. En España hemos pagado una
media de 19.000 euros. Como se ha tratado a más de 130.000 pacientes
el coste razonable sería de 39 millones de euros y hemos pagado 2.500
millones. Una situación intolerable.
Las empresas farmacéuticas consiguen
gracias a este atropello unas ganancias del 40% sobre las ventas,
mientras que las empresas industriales se mueven en torno al 5%. Ese
fabuloso beneficio se dedica en buena parte a marketing, a propaganda, y
a presión sobre políticos, médicos y opinión pública.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
La industria dice que invierte mucho en investigación, pero no es cierto. Invierte alrededor del 16% en investigación frente al 23% en marketing (en propaganda, en “formación” de los que deciden sobre la prescripción, en viajes, en pseudo congresos científicos, etc). Esta documentado que a veces las empresas compran los resultados de investigación de los equipos públicos a precio de coste y luego ponen precios abusivos a los medicamentos desarrollados.
Los precios tan elevados producen
efectos negativos sobre los enfermos: retrasan la aprobación de nuevos
tratamientos, favorecen el racionamiento, y que las farmacéuticas
retiren los medicamentos más baratos, que son igual de eficaces en
muchos casos, produciendo desabastecimientos y forzando que se recete
los más caros.
Las empresas también presionan a los
médicos, para favorecer que receten de forma innecesaria, provocando
efectos adversos indeseados (todos los medicamentos producen efectos
secundarios que son peligrosos para la salud por lo que hay que valorar
el riesgo/beneficio siempre que usamos un medicamento). Un dato, en la
Unión Europea mueren más de 100.000 personas al año por efectos adversos
evitables de los medicamentos.
Otros efectos de estos precios elevados
es que los gobiernos pongan copagos a la población y se retiren
medicamentos útiles de la financiación pública. En España sucedió con el
RDL 16/2012 que aprobó el gobierno Rajoy, el resultado es que 1,4
millones de personas no retiraron los medicamentos prescritos en 2018. Y
además lo que se paga de más en medicamentos se resta de los
presupuestos sanitarios y la Sanidad Pública se queda sin dinero para
personal, equipos, infraestructuras, de manera que se deteriora la
calidad y aumentan las listas de espera
Unos precios tan elevados e injustos
ponen en peligro la sostenibilidad y la calidad de la Sanidad Pública y
por lo tanto plantean un problema muy grave para la salud.
¿Cómo se puede lograr un precio justo para los medicamentos?.
Tal y como se señala en la ILP hay que
actuar desde ahora en 2 escenarios: A medio y largo plazo es preciso
alcanzar un nuevo acuerdo internacional sobre acceso justo a los
medicamentos en el marco de la UE y de Naciones Unidas. Este marco
debería volver a prohibir la utilización de patentes en medicamentos,
quitando el monopolio que permite el abuso de la industria. La
financiación de la investigación tiene que hacerse con fondos públicos y
de entidades sin ánimo de lucro, a través de un Fondo Global, con
fijación de prioridades en función de necesidades de salud, y con
investigación abierta y colaborativa. Las empresas deben facturar a
precio de coste, con un beneficio industrial razonable, en torno al 5%.
Mientras tanto es importante aumentar la capacidad de negociación de la
Sanidad Pública para negociar y fijar precios justos con la máxima
transparencia posible. Para ello se ha propuesto la Iniciativa Legislativa Popular “medicamentos a un precio justo”.
La ILP propone cambiar la Ley del Medicamento para lograr
- Que los precios se fijen en relación con el coste de fabricación y los costes de investigación debidamente auditados.
- Que la negociación sea transparente. Las empresas deberán
facilitar toda la información sobre estos costes al gobierno y el
gobierno deberá publicar esta información, así como la deliberación
seguida para fijar el precio. La información es poder. Y la
transparencia en asuntos tan importantes es un derecho de ciudadanía.
- Que se cree un fondo para financiar investigación y formación
independiente, para que ni los médicos ni las asociaciones de pacientes
tengan que ser patrocinados “por las empresas” (con el dinero que les
damos los pacientes y los sistemas de salud a través de los
sobreprecios). Este fondo se financiará con el dinero ahorrado al fijar
precios más justos, y con aportaciones por volumen de ventas de
medicamentos al Sistema Nacional de Salud.
Si la ILP prospera se podrían destinar 1.500 millones de euros anuales al fondo de investigación y formación independiente. La ILP pretende propiciar un amplio debate social , que permita movilizar un apoyo a las medidas que los gobiernos adopten para fijar precios justos. Solo de esta manera podremos mantener y mejorar una sanidad pública de calidad y para todos. Para que se discuta la ILP en el Congreso de los Diputados es preciso reunir 500.000 firmas entre ahora y julio de 2020. Para lograrlo se precisa la colaboración de todos. Más información: https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/
Fuente: nuevarevolucion.es
Tu Barrio