- Mónica García: “Proponemos soluciones reales, inmediatas y que se hacen cargo del sufrimiento de centenares de familias. Frente al desprecio, el insulto y la falta de empatía por parte de Ayuso, hay otra política que atiende, acompaña y se esfuerza en que los madrileños y madrileñas vivan mejor.”
- Actualmente, más de 150 vecinos han tenido que abandonar sus casas y, por el momento, se han derribado 27 viviendas como consecuencia de las grietas, roturas y desperfectos.
Más Madrid ha registrado esta mañana en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley de medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 7 de Metro de Madrid en la localidad de San Fernando de Henares, tras 15 años de su inicio y dos desde que se realizaran los primeros derribos. La ley ha sido anunciada por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y la diputada, Esther Rodríguez.
La Proposición de Ley incluye, entre otras medidas, la adopción inmediata de medidas de asistencia y apoyo a las personas afectadas y el restablecimiento de infraestructuras públicas mediante la reconstrucción económica y social del municipio de San Fernando de Henares a través de la cooperación y colaboración entre las distintas administraciones implicadas.
En palabras de la portavoz de la formación madrileña, Mónica García, “frente al desprecio, el insulto y la falta de empatía por parte de Ayuso, me siento orgullosa de demostrar que hay otra política que atiende, acompaña y se esfuerza en que los madrileños y madrileñas vivan mejor. Por ello, proponemos soluciones reales, inmediatas y que se hacen cargo del sufrimiento de centenares de familias”.
Por su parte, la diputada de Más Madrid, Esther Rodríguez, añade que “proponemos una ley que ofrezca un suelo normativo sobre el que reconstruir sus vidas a las personas afectadas y que asegure compensaciones económicas dignas para reparar esas vidas rotas. El gobierno debe aliviar el sufrimiento, no ahondar en él, y desde Más Madrid nos comprometemos a acabar con la política de parches y excusas que el PP ha mantenido hasta ahora”.
Actualmente, la gravedad de las afecciones ha impactado en dotaciones públicas con el derribo de una parte del Complejo El Pilar, el traslado de varias dotaciones como la escuela de adultos y la escuela infantil de El Tambor. Asimismo, más de 150 vecinos han tenido que abandonar sus casas como consecuencia de las grietas, roturas y desperfectos que han aparecido en sus viviendas, y, por el momento, se han derribado 27 viviendas, mientras que otras tantas están a un paso de seguir el mismo camino, según anunció en diciembre la Comunidad de Madrid.
En 2021, el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una Proposición No de Ley en la que instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha un Plan Integral para abordar la situación en San Fernando de Henares en torno a dos ejes: en primer lugar, analizando las causas que originan los daños en las construcciones e infraestructuras y, en segundo lugar, agilizando la reparación de los daños causados por la ampliación de la línea 7B de Metro de Madrid. En la actualidad, todavía no se han tomado medidas contundentes mientras que el volumen de afectados continúa creciendo, por lo que, desde Más Madrid consideran “obligatorio dotar de una herramienta normativa que permita agilizar la concesión de ayudas para paliar la situación de emergencia en la que se encuentran las personas afectadas por esta ampliación de la línea 7B de Metro”.
Entre otras medidas, se propone:
Indemnizaciones inmediatas a los afectados por la pérdida de su vivienda. Esto supone la suma entre la tasación de la vivienda, más 65.000 euros por daños materiales y 30.000 euros más por daños morales.
La reparación de los inmuebles afectados no derribados.
Garantizar el acompañamiento institucional a los vecinos mediante el asesoramiento, la intermediación, o el refuerzo psicológico. Se propone una subvención para financiar prestaciones básicas de servicios sociales.
Puesta en marcha de una línea de ayudas a comerciantes que han visto paralizado su negocio. Se concederán ayudas para paliar daños de cualquier naturaleza en las edificaciones, instalaciones o bienes de equipamiento afectos a la actividad empresarial.
Recuperación de los servicios públicos liquidados por los derribos, tales como la escuela oficial de idiomas o escuelas infantiles.
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Proposición completa…
Fuente: masmadrid.org
Fuente: Irene Castro (Bruselas) en eldiario.es
La Eurocámara mantiene abiertas las quejas de los afectados por la línea 7 de Metro de Madrid y las aparadoras
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decide hacer seguimiento de los dos asuntos, pese a que la Comisión Europea considera que las instituciones comunitarias no son competentes para analizar esos problemas nacionales.
Las quejas han llegado a Bruselas y se mantienen abiertas. Se trata de los problemas de los afectados por las obras de la línea 7 de Metro de Madrid, que en muchos casos han tenido que abandonar sus casas, y las condiciones laborales de las trabajadoras del calzado, las llamadas aparadoras de Elche. Ambos conflictos han llegado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha decidido mantenerlas vivas para intentar darles una respuesta, a pesar de que la Comisión Europea se ha declarado incompetente para meter mano en los dos casos.
“Rabia e impotencia” es lo que ha relatado que siente el representante de la asociación de afectados de la línea 7 del Metro de Madrid por lo que ha definido como “abandono de la presidenta” de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por lo que ha dicho que son 15 años de desatención desde que las obras de esa infraestructura empezaron a causar daños en en centenares de viviendas de San Fernando y Coslada. Recientemente 24 familias han sido desalojadas. Además de solicitar al Parlamento Europeo que envíe una misión para analizar la situación sobre el terreno, la asociación ha pedido que “se investiguen las ayudas de fondos europeos” destinados a ese proyecto.
La Comisión de Peticiones, con el apoyo de socialistas, verdes, izquierda y liberales, ha decidido mantener el asunto abierto y tendrá que decidir si envía una representación, aunque en principio no sería pronto. Sin embargo, la representante de la Comisión Europea ha asegurado que no tiene capacidad para entrar en el tema porque no supone una aplicación como tal de la normativa europea, sino que es un asunto de carácter interno. “La Comisión Europea carece de potestades generales para intervenir”, ha expresado.
“La UE tiene que dar respuesta”, ha expresado la representante del PSOE, Cristina Maestre. El de Ciudadanos, Adrián Vázquez, abogó por no “polarizar” el asunto en términos políticos y defendió mantener la petición abierta “siempre que las partes se sienten en Madrid y encuentren una solución inmediata a este problema”. “Cuando se trata de ciudadanos, hay que estar para protegerlos”, dijo Ana Miranda (verdes), que aseguró que la Eurocámara está “cuestionada” por el escándalo del Qatargate y debe “dar ejemplo”. La eurodiputada de IU Sira Rego afeó a la Comunidad de Madrid que enviara un representante a la comisión para “desplegar un mar de recursos y acciones que no se han puesto a funcionar”.
“Estoy perplejo porque tras escuchar a la Comisión, que ha dicho que no se tiene competencia, que se mantenga una petición abierta como esta (…) es una cuestión electoral, ruido mediático”, se quejó el eurodiputado del PP Pablo Arias, que emplazó a los vecinos a sentarse con la Comundad de Madrid para “buscar una solución definitiva”. “No vengan como si fuera eso un ring para empezar una campaña electoral”, reprochó al resto de grupos.
“No es demagogia, no es política, es la realidad que estamos viviendo 600 personas con muchas afecciones”, le contestó el representante de la asociación, que reclamó “solidaridad con los vecinos” y lamentó los “realojos infrahumanos”: “Hemos tenido dos años para sentarnos con la Comunidad de Madrid y siempre se han negado”.
Las condiciones precarias de las aparadoras
Horas más tarde llegó la petición de las trabajadoras del calzado, que reclamaron la intervención de Europa ante la situación laboral precaria que tienen. “Estamos en casa, en talleres clandestinos y fábricas”, expuso la representante, Inmaculada Matute, que relató cómo trabajan jornadas interminables por dos o tres euros la hora que han llegado a ser 1,5 euros en algunos momentos. Y puso otras cifras sobre la mesa: 7.300 mujeres que trabajan sin cotizar y, por tanto, sin derecho a la pensión cuando les llega la edad de jubilación.
Matute explicó que recurren a Europa por la “dejación institucional” en España dado que el Ministerio de Trabajo les ha dicho que no es su competencia y el de Seguridad Social no ha dado respuesta. “Nada de lo que dice el marco europeo y la directiva se cumple en este caso”, afirmó.
También en este caso la Comisión Europea rechazó tener competencias y dejó todo lo relativo al reconocimiento de las cotizaciones, de las enfermedades laborales y la aplicación de las normas en materia de empleo. “Son las autoridades nacionales las que deben intervenir cuando no se cumplen las normas”, resumió la representante del Gobierno comunitario, que dijo que no quedaba claro que se hubieran contactado con ellas, lo que produjo una gran indignación en la portavoz de las aparadoras. “Jamás pensé que íbamos a venir aquí a hacer una petición a escuchar tanta mentira y las bondades del calzado”, contestó antes de asegurar que un estudio dela Universidad Miguel Hernández apunta a que el 80% de la industria del calzado es “clandestina y sin control”.
“Cuando hay economía sumergida y es evidente que estamos ante una industria que tiene una parte en economía sumergida es una lastra”, dijo la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñeiro. “Mirar hacia otro lado me parece una vergüenza”, denunció Miguel Urbán (Anticapitalistas), que denunció que la industria se está “lucrando con calzados que se fabrican por 1,5 euros y se venden por mil. Eso está pasando en Europa”.
El eurodiputado del PP Leopoldo Gil López salió en defensa de la patronal del calzado hacia la que se deshizo en halagos. “Las empresas están comprometidas con sus trabajadores, han subido los salarios”, afirmó antes de asegurar que contaban con “buenas prácticas, empleo digno de calidad y proyección de futuro”. “Las empresas, no solo de Europa sino del resto del mundo, confían en el producto pero también en las personas que las elaboran y sus empresas”, agregó sobre uno de los sectores económicos más relevantes de la Comunidad Valenciana.
La decisión de la Comisión de Peticiones fue mantener abierta la queja y solicitar a las Cortes Valencianas el estudio que elaboró en una comisión de investigación para hacérselo llegar las comisiones de Empleo y a la de Derechos de las Mujeres de la Eurocámara, lo que fue acogido con satisfacción por las aparadoras.
El organismo ha tumbado, por otra parte, la intención de Vox de mantener una denuncia sobre la presunta inseguridad en algunos barrios de Catalunya que ha elevado la ‘Plataforma por unos barrios seguros’ con un discurso anti-inmigración.
Fuente: Irene Castro (Bruselas) en eldiario.es
Foto portada: Montaje Bloque derruido línea 7b | Patricia J. Garcinuño y MónicaGarcía | masmadrid.org
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