Madrid medicaliza hoteles pero sigue sin obligar a la privada a entregar sus camas libres

La crisis socio-sanitaria da un nuevo salto en la Comunidad de Madrid. Los contagios avanzan junto a la demanda de hospitalización y camas en la UCI. La Comunidad se ve obligada a medicalizar hoteles o gimnasios y cerrar terrazas, mientras sigue sin obligar a la privada a entregar sus camas libres.

El gobierno de la ciudad de Madrid ha anunciado este viernes el cierre obligarorio de las terrazaas, mientras ha pedido a bares y restaurantes que no abran, para mantener la distancia social entre la población.

La crisis del coronavirus ha dado un nuevo salto en la Comunidad de Madrid. El número de casos ascendía al cierre del jueves a más de 3.000 personas, de las cuales 1.400 estarían aquí. Además de esta rápida progresión, se da la circunstancia que el comportamiento de la enfermedad está dando unas cifras alarmantes.

Del total de los afectados el 60% presenta una sintomatología leve, pero un 30% necesitaría hospitalización y otro 10% algún tipo de tratamiento intensivo. Es aquí, en los recursos de unidades UCI, UVI, respiradores artificiales y personal capacitado suficiente, donde el sistema está entrando en colapso.

La sanidad pública madrileña es una de las más castigadas por una década de recortes y privatizaciones. Una situación que ha llevado a que se tengan que aprobar medidas de urgencia como la contratación de 700 profesionales sanitarios, la habilitación de nuevas plazas hospitalarias o que se pretendan triplicar las camas de la UCI, hasta un total de 1.000 para toda la comunidad.

Los trabajadores sanitarios y sindicatos llevan días denunciando esta saturación. Exigen la contratación de más personal médico -CSIF cifraba en 25.000 los sanitarios que deberían contratarse en todo el Estado para poder dar una respuesta a esta crisis- pero también de limpieza, cocina o celadores, que se encuentran extenuados. También denuncian la falta de equipos de protección para muchos de ellos.

El Consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado esta tarde que se establecerá un mismo mando para coordinar todos los recursos asistenciales, que incluirían tanto los hospitales, residencias de mayores medicalizadas e incluso hoteles que se podrían equipar para la atención de los pacientes menos graves.

Sin embargo sobre obligar a los más de 50 hospitales privados a entregar sus camas disponibles sigue por fuera de la agenda del gobierno autonómico y el central. Hasta ahora lo único que han hecho es solicitar su colaboración voluntaria. Las 2.000 camas cerradas por los diferentes gobiernos del PP en la comunidad, se tienen pues que improvisar en los hoteles mencionado o incluso en antiguos gimnasios de algunos centros hospitalarios.

Para los casos menos leves se ha adoptado la decisión de no realizar la prueba diagnóstica, dándolos directamente por positivos, y enviarlos a un confinamiento doméstico de dos semanas.

Entre las medidas de contención, además del cierre de los centros educativo que hoy se ha extendido a todo el Estado –a la vez que en Francia el gobierno también lo decretaba- , se ha ordenado el cierre de discotecas y algunos parques infantiles. La principal recomendación sigue siendo la de permanecer en casa.

Que el gobierno de Díaz Ayuso, junto al gobierno central, esté tomando medidas de control y usufructo de bienes privados, aunque sean hoteles, da cuenta de la gravedad de la crisis. Pero la tardanza y lo parcial de estas medidas demuestran a su vez que para superarla sin que las clase populares seamos los principales paganos, será necesario un plan de choque que toque en serio las ganancias de las grandes empresas.

La expropiación o puesta bajo control público de los recursos de la sanidad privada, los impuestos a los beneficios empresariales y grandes fortunas y medidas como la prohibición de despidos, permisos retribuidos para el cuidado de menores o el 100% del salario en bajas y suspensiones, son algunas de las propuestas que ya están planteando algunos sindicatos y organizaciones de consumidores

Un plan de choque social, bajo en control de los trabajadores de la sanidad y los usuarios, es urgente y necesario para poder sortear la crisis socio-sanitaria, sus consecuencias y los problemas que la herencia de una década de ajustes genera para afrontarla.
Fuente: Kaosenlared.net

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