Madrid interviene la sanidad privada, donde se nos va la mitad del gasto público sanitario, para tratar pacientes de coronavirus

La Consejería pagará por cada paciente que sea tratado por coronavirus en un centro privado, derivado de la sanidad pública, 734 euros al día para aquellos que ingresen en planta y 2.084 por día para los que lo hagan en la UCI

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a poner en marcha el “mando único sanitario” para que todos los recursos de los hospitales públicos y privados de la región funcionen como una sola red bajo las órdenes de la Consejería, ante el incremento de ingresos que tiene a la sanidad madrileña al borde del colapso.

Es un mecanismo similar al utilizado por el Gobierno regional durante la primera ola. La diferencia principal es que ahora existe una orden, a la que ha tenido acceso elDiario.es, firmada por el consejero Enrique Ruiz Escudero que establece qué centros privados pasarán a disposición de la administración regional y fija las tarifas que recibirán por cada paciente en función de si ingresan en planta o en una unidad de cuidados intensivos (UCI). La Comunidad de Madrid pagará por cada paciente que sea tratado por coronavirus 734 euros al día para aquellos que ingresen en planta y 2.084 por día para los que lo hagan en la UCI.

La orden, que afecta a 40 centros privados, ha sido firmada este mismo 27 de enero. La medida había sido anunciada el viernes por el consejero de Sanidad y se ha materializado este miércoles con la firma del documento por parte del propio Escudero. En el escrito, el Gobierno regional esgrime como causa para la intervención de los centros privados la evolución epidemiológica en la Comunidad de Madrid que ha provocado “un importante aumento de los casos positivos y de la tasa de incidencia acumulada por SARS-CoV-2 con un elevado y continuo incremento de las hospitalizaciones de pacientes en los distintos centros hospitalarios del sistema público sanitario, tanto en planta como en UCI”.

La administración madrileña determina “la necesidad de reforzar el sistema nacional de salud en el ámbito de la Comunidad de Madrid por razones de salud pública”, para asegurar, añade, “una adecuada atención sanitaria de la población”, incide el escrito. La Consejería recuerda además la “urgencia” de poner en marcha este sistema con el objeto de atender a aquellos pacientes, tanto de patología COVID como de otras, que, por estrictos criterios clínicos, sean derivados desde los centros sanitarios de la red pública a los privados como una forma de frenar así la presión asistencial.

La Comunidad de Madrid ya cuenta a día de hoy con 5.009 pacientes con coronavirus ingresados en los hospitales madrileños y 703 en las UCI. Solo en las últimas 24 horas han ingresado 589 personas, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Las unidades de críticos se encuentran ya al 129% de su capacidad y algo similar ocurre en las plantas y en las urgencias.

Tarifas para pacientes Covid y no Covid

El escrito en poder de esta redacción especifica que los hospitales y clínicas privadas deberán establecer los pacientes que se le derivan son con diagnóstico principal COVID-19 o de otra patología, e indicarán también el número de días de estancia hospitalaria de cada uno de ellos, “distinguiendo entre días de ingreso en planta y días de ingreso en UCI”. El Gobierno regional considera que al tratarse de una “expropiación” dada “la urgencia de la situación” deben establecerse criterios para determinar la valoración de las tarifas en función de si son pacientes con Covid o son tratados de otras patologías.

Para los pacientes que sean tratados de coronavirus, la Consejería de Sanidad ha fijado cuotas de 734 euros por paciente y día para los que sean ingresados en planta y 2.084 euros por día para los pacientes más graves que precisen una unidad de cuidados intensivos.

En el caso de los pacientes que sean derivados a la sanidad privada y que sean tratados de otras patologías, el Gobierno regional ha establecido que tendrá en cuenta los precios públicos fijados por la Orden 727/2017 de la Consejería de Sanidad y añadirá un incremento sobre ese coste [de esta larga lista de precios] de un 7,35%.

Estos precios distan mucho de los que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, cifró en el mes de marzo –durante la primera ola– para los pacientes con coronavirus. ASPE estableció en 250 euros al día el coste de hospitalización de un paciente con Covid en planta. En el caso de los que ingresaban en las UCI, la cuantía subía a entre 650 y 700 euros, unas cantidades que incluían habitación, medios y tratamiento, según publicó Infolibre. Cifras muy alejadas de las fijadas por la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional asegura en la misma orden que sus valoraciones toman como referencia “el coste medio de estancia en planta o UCI de un paciente con diagnóstico principal COVID-19, así como la valoración de los costes para un paciente con diagnóstico principal no COVID-19”. La Consejería asegura en el escrito que dicha valoración “ha sido determinada previamente por un experto independiente como consecuencia de la puesta a disposición de los centros sanitarios privados de la Comunidad de Madrid durante los meses de marzo a junio de 2020”.

Los precios también pueden compararse con los que la Generalitat de Catalunya pagó durante la primera ola de la pandemia. Entonces, el Govern catalán ingresó 43.400 euros por cada paciente que hubiera estado en la UCI y hubiera recibido el alta (un paciente coronavirus suele estar ingresado una media de dos semanas), además de 5.000 euros por cada paciente que no hubiera pasado por la UCI y hubiera estado ingresado más de 72 horas o hubiera muerto y 2.500 por cada enfermo que hubiera permanecido en el centro menos de tres días.

La Comunidad de Madrid no es la única que ha recurrido a la sanidad privada ante el colapso de sus hospitales. Otras regiones también están derivando pacientes a la privada durante esta tercera ola, como es el caso de Andalucía, Extremadura, Navarra, Castilla y León y la Comunitat Valenciana.

La duración de la puesta en marcha de esta orden entra en vigor este miércoles y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2021 pudiendo prorrogarse, “en caso de ser necesario, mientras no se declare la finalización de la situación de crisis sanitaria”. Las clínicas afectadas en la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes.

[scribd id=492339672 key=key-EzQkJOCIjNfDgaWwOlxV mode=scroll]

Fuente: Fátima Caballero en eldiario.es

OPINION: @carabanchelnet

Parece increible…
¬No contratan rastreadores… por lo cual aumentan los contagios hasta cifras exponenciales, por no saber de donde vienen los contagios.
¬No ponen controles en los transportes diarios, ni amplian los trenes, metros, autobuses, donde se mueven cientos de miles de trabajadores todos los dias, con la excusa que no hay conductores (cómo va haberlos si no se preocupan en buscarlos y formarlos?).
¬No contratan enfermeras, ni médicos, ni celadores… y los que están la mayoría con contratos precarios, temporales, doblando turnos, sin conciliación…
¬Se gastan cientos y muchos millones de euros en un hangar con camas a medio hacer, sin sanitarios y con falta de medios de todo tipo…

¬Y claro ahora hace falta ayuda… Está claro, la de siempre… el agujero por donde se nos van los impuestos que [email protected] madrileñ@s pagamos… LA PRIVADA.

Aquí os ponemos un artículo de elsalto para ampliar…



La empresa privada se embolsa casi la mitad del gasto público sanitario en Madrid

Un estudio de Audita Sanidad revela que de un total de 8.365 millones del presupuesto de la Consejería de Sanidad, 4.131 millones fueron a manos de entidades privadas.

La empresa privada sigue haciendo caja con las arcas públicas madrileñas. Según el informe ‘El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña’ de Audita Sanidad, que ha presentado este miércoles, analizando el gasto sanitario en el trienio entre 2015 y 2018 (últimos datos disponibles) se descubre que en 2018 el 49,4% del presupuesto sanitario fue a parar a manos privadas. Así, de un total de 8.365 millones, 4.131 millones del presupuesto de la Consejería de Sanidad fueron para empresas. En 2015 se desviaron un total de 3.575 millones, por lo que el porcentaje de dinero entregado al capital privado se ha incrementado un 15,6% en tres años.

“El sector privado de la sanidad en la Comunidad de Madrid constituye un agente privatizador. Absorber más del 49% de todo un presupuesto sanitario nos da que pensar”, ha expuesto Carmen San José, portavoz de Audita Sanidad. “La mayoría de prestaciones y servicios se podrían realizar de manera pública, pero se han recortado las plantillas y habría que hacer más contrataciones. No tenemos ni la plantilla adecuada”, ha asegurado.

“Más de una cuarta parte del presupuesto se va a gastos de farmacia, que recae en las manos de los principales laboratorios”, han explicado desde Audita Sanidad

En cuanto a la partida que se come mayor porcentaje de recursos públicos, destaca el gasto farmaceútico, tanto el hospitalario, que es de 900 millones anuales, como el gasto que se realiza a través de las recetas, que es más de 1.200 millones. Esta partida se ha incrementado en más de un 22% entre 2015 y 2018. “Esto supone un 26% del total del gasto, más de una cuarta parte del presupuesto se va a gastos de farmacia, que recae en las manos de los principales laboratorios”, ha añadido San José, quien ha abogado por la necesidad de una farmacia pública como imprescindible en un sector que es “estratégico”, “tal y como ha demostrado la pandemia”.

“El incremento exponencial del gasto farmacéutico tiene que ver con la falta de voluntad política de no sustituir medicamentos de marca por medicamentos genéricos”, ha añadido Vicente Losada, también portavoz de esta organización, en una comunidad que se encuentra por debajo de la media en el consumo de genéricos.

Resumen del gasto de la Consejería de Sanidad en medios ajenos privatizados.
Fuente: Audita Sanidad

Tras el gasto farmacéutico se encontraría el gasto en conciertos con instituciones sanitarias, entre ellas la Fundación Jiménez Díaz y el Laboratorio Clínico Central ( gestionado por United Laboratories España y Ribera Salud), que se lleva más de 340 millones de euros. Tras esto se encuentra la inversión destinada a las concesiones hospitalarias, tanto las que funcionan con el modelo PPP (Colaboración Público Privada) como los centros construidos bajo el modelo PFI (Iniciativa de Financiación Privada). Los primeros, cuya gestión tanto de personal como de servicios depende de entidades privadas, se llevarían más de 300 millones del presupuesto y los segundos, con personal sanitario contratado desde la entidad pública y el resto de servicios externalizados, se llevarían 166 millones.

Los hospitales de gestión externalizada se llevan el 22,3% de los fondos desviados hacia las empresas privadas. “Se trata de una desposesión enorme de un bien que es de toda la ciudadanía”, han insistido desde Audita Sanidad

“La Cámara de Cuentas de Madrid, en el informe de fiscalización de 2018, recoge una deuda de este tipo de hospitales de 722 millones y medio. Esta deuda no la han puesto en balance ni la recogen los presupuestos”, ha añadido la portavoz de Audita Sanidad, antes de destacar que, en conjunto, los hospitales de gestión externalizada se llevan el 22,3% de los fondos desviados hacia las empresas privadas. “Se trata de una desposesión enorme de un bien que es de toda la ciudadanía”, ha añadido.

Según los datos de Audita Sanidad, al mismo tiempo que se ha avanzado en la privatización en el gasto sanitario, se ha incrementado la deuda total de la Comunidad de Madrid. “Entre 2009 y 2019 la deuda se ha multiplicado por 8. Crece exponencial a partir de 2011, con la modificación del artículo 135” ha explicado Losada. “Cada año se desvían unos 500 millones de euros en gasto sanitario, lo que supone un incremento de la deuda”, ha añadido tras indicar otro problema. “En el 99,7% de los contratos que se adjudican se utiliza el modelo de contrato menor —que no requiere concurso público—. Esto representa un incremento de la deuda. Si se sometieran a un concurso de licitación podríamos ahorrar entre un 40 y un 45%”.

Por ello, desde Audita Sanidad, proponen, además de fomentar las auditorias ciudadanas de las cuentas y de los procesos de privatización, plantear estrategias de desprivatización de recursos, aumentar las partidas presupuestarias gestionadas por el sector público y derogar el artículo 90 de la Ley General de Sanidad y la Ley 15/97 “que permiten la entrada del sector privado en la sanidad pública”. “Además, planteamos que la sanidad pública se blinde en la Constitución Española”, ha finalizado el portavoz de Audita Sanidad.
Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com

También podría interesarte