Los nuevos colegios concertados de Madrid piden “donaciones” a las familias sin estar construidos

El gobierno de Ayuso ha cedido dos parcelas en Vallecas y Valdebebas a la cooperativa Gredos San Diego que está pidiendo “donaciones” a las familias de hasta 1.901 euros al año. La FAPA Giner de los Ríos denuncia que son cuotas encubiertas

En abril de 2023 la Comunidad de Madrid cedía dos terrenos a coste cero a la cooperativa Gredos San Diego para la construcción de dos centros de enseñanza concertados: uno en Villa de Vallecas y otro en Valdebebas. Ambos ya aparecían en el buscador de centros durante el periodo de escolarización y, tal y como informan desde la web de la cooperativa, en septiembre ya estarán operativos. Pero aún no están terminados y, pese a esto, la empresa ya está pidiendo donaciones a las familias que se acercan interesadas en estos centros. Así lo denuncian desde la FAPA Giner de los Ríos, quienes recuerdan que la obligación de pagar cuotas para acceder a este tipo de centros es ilegal, tal y como recoge el artículo 88 de la LOMLOE.

Así, en los folletos informativos, a los que ha tenido acceso El Salto, ofrecen a las familias tres modalidades de “donaciones”: una básica, de 1.706 euros al año en un caso y de 1.190 en otro, una sostenible de 1.755 euros en un caso y de 1.248 en el otro, y otra solidaria, de 1.901 y 1.404 euros. Desde la FAPA Giner de los Ríos alertan de que se está enmascarando el cobro de estas cantidades como “donaciones”, cuando en realidad son cuotas. Así lo explica Mari Carmen Morillas, presidenta de esta entidad. “No es una donación, es una contraprestación a cambio de un servicio. Ofrecen la posibilidad de pagar este importe de manera mensual y dura los 10 meses que dura el curso. Las familias están copagando por un servicio que ya está financiado por la administración”, expresa Morillas.

La FAPA estima que de media las familias deberán de pagar 3.500 euros al año, sin contar con las actividades extraescolares y otros servicios que ofertan

A estos importes, habría que sumarles otros servicios como el “gabinete de salud”, el “servicio psicopedagógico”, el “servicio digital y material escolar” o el servicio comedor. En total, la FAPA estima que de media las familias deberán de pagar 3.500 euros al año, sin contar con las actividades extraescolares y otros servicios que ofertan, “lo que supone una evidente barrera económica para las familias”, alertan.

Morillas incide en los elevados márgenes de beneficios que obtienen de algunas actividades. “El comedor escolar cuesta casi el doble que en uno público. Con los precios establecidos establecidos por la Comunidad de Madrid en un colegio público se paga 4,88 por día. Pero allí cobran lo que quieren, el menú diario está casi a 16 euros. La tarifa del comedor de un alumno en un colegio público está entre los 95-100 euros al mes, en función de los días lectivos, y en estos concertados te acercas a los 200 euros. Imagínate familias derivadas a estos centros que no tengan más remedio que dejar a sus hijos en el comedor lo que se encuentran”, explica la presidenta de la FAPA.

Libertad de elección

Estos dos colegios están construidos en zonas con altas demandas de escolarización y pocas plazas públicas. La comunidad educativa denuncia que las familias, en muchas ocasiones, se ven obligadas a acceder a estos centros concertados, lo que pone en jaque la libertad de elección. La Plataforma por la Educación Pública de Valdebebas lleva tres años luchando porque finalice la construcción del CEIP Nuria Espert, que solo cuenta con las aulas de Infantil, mientras denuncian la cesión de una parcela a la concertada.

Según el último estudio de la consultora Garlic el 100% de los centros concertados de la Comunidad de Madrid analizados —115 centros que suponen un 20% del total— cobra cuotas a las familias (119,5 € de media mensual), en el 82% de los casos son obligatorias y la tasa de exclusión ante la imposibilidad de pago es la más alta de España (31 %).

“Hemos visto hasta modos extremos de presión, incluso excluir al alumnado de las aulas y discriminarlos por no pagar las donaciones”

Pero ¿cómo se materializa esta exclusión?. Según explica Morillas, si al acceder a estos centros te niegas  a pagar esas donaciones comienza un “sistema de presión”. “Hemos visto hasta modos extremos de presión, incluso excluir al alumnado de las aulas y discriminarlos por no pagar las donaciones”. Otros métodos, cuenta Morillas, son intentar girar el recibo constantemente o incluso decirle a los alumnos y alumnas que sus padres deben de pagar, “medidas que angustian bastante a las familias”. “Hay sitios en los que si no pagas la cuota, no te dejan ir de viaje de fin de curso. Esto acaba en exclusión del alumnado lo que es muy grave y compromete la igualdad en el acceso a la educación”, sentencia.

Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com
Foto: La Plataforma por la Educación Pública de Valdebebas participa en una movilización por la escuela pública en Madrid

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