Ley Ómnibus: Nueva «Agencia de privatización» sanitaria, creada por el Gobierno de Ayuso, con nocturnidad festiva y sin transparencia

El anteproyecto de ley ómnibus de Ayuso permitirá que las promotoras no tengan que ceder suelo a los ayuntamientos

El Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, que modifica hasta 32 leyes autonómicas de diversos temas, tiene el 3 de enero como plazo para presentar alegaciones.

“Una nueva Ley del suelo por la puerta de atrás”. Así ha calificado Nines Nieto, experta en urbanismo de Ecologistas en Acción, los cambios legislativos relacionados con urbanismo recogidos en el Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

El texto del anteproyecto de ley, que fue publicado el pasado 24 de diciembre y para el que la Comunidad de Madrid da tan solo hasta el próximo 3 de enero para hacer alegaciones, consta de más de 200 páginas en las que se anuncian cambios en 32 leyes y cinco decretos autonómicos que abarcan ámbitos desde hacienda y tasas, urbanismo, medio ambiente, transporte, carreteras, policía local, parejas de hecho o sanidad, entre otros temas. 

En relación a ordenación del territorio y urbanismo, esta especie de ley ómnibus supone la modificación de diez artículos de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo y otros 15 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en la que también mete un nuevo artículo titulado “Régimen de la colaboración público-privada”, por el que se da potestad a entidades privadas a gestionar el otorgamiento de licencias urbanísticas o verificar usos de suelos.

“Es una modificación de un alcance enorme que se hace con trámite de urgencia, lo que va a dificultar el proceso parlamentario y la información a la ciudadanía, y se hace en plenas fechas navideñas y con la sexta ola de Covid”, lamenta Nieto. “Es una especie de golpe de Estado a los derechos de la ciudadanía”, añade.

En vez de ceder suelo, el promotor tendrá la opción de pagar una cantidad monetaria, lo que la ley actual solo permite cuando este justifique que no tiene suelo que pueda ceder

Según explica Nieto, los cambios que introduce el anteproyecto de ley que acaba de publicar el Gobierno de Díaz Ayuso harán posible que, por ejemplo, se permita edificar en espacios protegidos de la Comunidad de Madrid y emprender en estos espacios actividades hosteleras o instalaciones hosteleras en vías pecuarias. También eliminará una de las bases del ordenamiento urbanístico, que es la obligación de ceder suelo al ayuntamiento por parte del promotor para la construcción de dotaciones como hospitales, parques o centros escolares. Ahora, en vez de ceder suelo, el promotor tendrá la opción de pagar una cantidad monetaria, lo que la ley actual solo permite cuando este justifique que no tiene suelo que pueda ceder. El texto del anteproyecto de ley lo plantea sumando una parte bis al artículo 19, con el título Régimen de las actuaciones de dotación, en el que, como punto 4, posibilita que los promotores que aumenten la edificabilidad con respecto a lo ya construido —por ejemplo, al derribar un edificio antiguo de tres alturas y construir en ese terreno un edificio con más alturas— paguen también con dinero en vez de con suelo.

“Eso quiere decir que, en pleno centro de Madrid, se va a poder usar hasta el último centímetro cuadrado sin ceder suelo y pagando cuatro duros, porque se permiten unas valoraciones de suelo muy por debajo del valor que luego maneja el promotor”, alerta Nieto.

La regulación de los planes de interés regional es otro de los temas que modifica esta ley ómnibus. “Con Esperanza Aguirre e Ignacio González ya se modificó para dar vía verde al proyecto Eurovegas, pero ahora vuelven a modificarlo para que haya aún menos controles. Esto abre la puerta a intereses muy concretos para permitir que hagan lo que quieran en detrimento del interés público”, continúa Nieto. Entre los cambios con respecto a los proyectos de alcance o interés regional, el anteproyecto de ley cambia el punto 3 del artículo 33 para permitir la construcción en terrenos no urbanizables, antes excluidos. También elimina la necesidad de justificar su alcance regional a la hora de ser aprobados. Y, como en el caso anterior, también da la opción a la promotora el pago a la Administración con dinero en vez de con suelo.

Otra ley que se modificará será la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental. “En 2014, González la derogó para eliminar los problemas de ruido de un centro de bodas que tenía en El Pardo Carmen Cafranga Cavestany [también titular de una tarjeta Black de las de Bankia], socia de su mujer, porque tenía aparatos de sonido de hasta 90 decibelios, lo que no se permite en espacios no urbanizables. Solo dejó vigente la parte de evaluación por parte de los ayuntamientos, y ahora lo modifican también”, explica Nieto. 

“Esta ley es legislar para facilitar el ‘yo hago lo que me da la gana porque soy amigo del que manda en la Comunidad de Madrid’”, denuncia Nines Niet, de Ecologistas en Acción

“Esta ley es legislar para facilitar el ‘yo hago lo que me da la gana porque soy amigo del que manda en la Comunidad de Madrid’”, denuncia Nieto. “No sé si esta gente se da cuenta de las consecuencias que va a tener para la ciudad, porque aprobarlas no les cuesta nada, pero se tardan décadas en corregirlo”, concluye.

Fuente: Ter García en elsaltodiario.com

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Fuente: tercerainformacion.es

Más Madrid denuncia la Ley Ómnibus como “la excusa para seguir con su modelo de ladrillazo, desigualdad y descontrol”

Mónica García: “ El Gobierno de Ayuso oculta en su Ley Ómnibus nuevas facilidades para los abusos urbanísticos, un ataque a la independencia de la Cámara de Cuentas y un paso atrás en materia de transparencia”.

La portavoz regional de Más Madrid, Mónica García, ha descrito la nueva Ley Ómnibus presentada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso como “un lobo vestido de cordero” y “la excusa para seguir con su modelo de ladrillazo, desigualdad y descontrol”.

Un día antes de Nochebuena, sin publicidad y saltándose todos los procedimientos, Ayuso registró este texto que afecta a una treintena de leyes, siete decretos, sobre materias muy diversas como medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, ordenamiento del juego, transporte urbano, administración local, servicios sociales, deporte o las tasas, que merecen un tratamiento pormenorizado y su correspondiente debate. En palabras de Mónica García, se trata de “un intento de ocultar profundos retrocesos en materia de protección urbanística, transporte urbano, transparencia y control de las cuentas y la contratación, especialmente la sanitaria”

De esta manera, la fecha de presentación , la omisión del trámite de consulta pública y el uso del trámite de urgencia, lo que permite reducir a la mitad, de 15 a 7 días laborables, el periodo audiencia e información pública, muestra, para Más Madrid, la voluntad del gobierno de ocultar el calado de las medidas que propone, dificultar el acceso de la sociedad madrileña y evitar rendir cuentas y asumir responsabilidades.

Para Más Madrid, esta ley, “mientras se escuda en el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración, le pone la alfombra roja a la especulación y a los pelotazos urbanísticos, elimina la obligación de hacer públicas las agendas de los miembros del gobierno y los cargos públicos y atenta contra la independencia de la Cámara de Cuentas”.

“Incluso las buenas ideas corren el riesgo de acabar pervertidas, como la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria que, conociendo los antecedentes del Partido Popular, es muy posible que acabe sirviendo para generalizar la contratación sanitaria opaca, con falta de concurrencia y discrecional”, añade García.

Estos son algunos de los principales efectos de esta ley:

→ Ordenación del territorio: Abren, aún más, la puerta a abusos urbanísticos al otorgar al Consejo de Gobierno la potestad de decidir si un proyecto tiene o no “alcance regional”; es decir, si el Gobierno quiere, se podrá construir en cualquier tipo de suelo, incluso protegido. Se trata de una modificación que se va a traducir en más especulación, menos protección del territorio y ausencia total de búsqueda de proyectos social y económicamente responsables.

→ Transparencia: Elimina la obligación de publicar las reuniones que mantengan los miembros del gobierno y cargos públicos. Introducen la “reunión de cortesía institucional” para no tener que dejar constancia de una reunión. Convierten una obligación en un elemento voluntario.

→ Cámara de Cuentas: Atenta contra la independencia de la Cámara de Cuentas, pasando de una mayoría de dos tercios a una mayoría simple para elegir a los consejeros. Y elimina la obligación de comparecencia previa a su elección (algo que sí se mantiene a nivel estatal).

→ Agencia de Contratación Sanitaria. Conociendo los antecedentes del Partido Popular tememos que sirva para generalizar la contratación opaca, falta de concurrencia y discrecional. Es un asunto que sería merecedora de una ley ex profeso para su creación y podría suponer una oportunidad para acabar con la fragmentación de la contratación en los diferentes centros gestores,

→ Ley de servicios sociales. Implantan la historia social y el registro único. Inicialmente iba a tener un carácter universal pero la limitan a usuarios de servicios sociales, un elemento que no mejora la situación de los servicios sociales ni de los usuarios pero sí los estigmatiza creando un “carnet de pobre”.

→ Decreto de juego. Supone una transposición de elementos de la normativa estatal. Pierde la oportunidad de dar pasos para poner orden en el juego en la Comunidad de Madrid, evitar la incorporación de adolescentes y aumentar la ayuda a las asociaciones de afectados.

→ Transportes urbanos (VTC): cronifica la mala situación para el colectivo de taxistas, ampliando la discrecionalidad y manteniendo la falta de obligación de pre-contratación., Además no explican cómo van a hacer cumplir la relación (1 licencia VTC por cada 30 taxis) que establece la ley (actualmente en Madrid es 1 a 7)

→ Entidades locales: resta competencias a los municipios, establecen diferencia entre Mancomunidad y Mancomunidad de Interés General sin aclarar modos de contratación de la plantilla, sin fijar los plazos para los desarrollos reglamentarios que citan, sin incluir criterio de paridad, sin establecer mecanismos de publicidad y transparencia para los acuerdos y los documentos, sin garantizar informes de impacto territorial desde Medio Ambiente…

 Archivos públicos. Mayor mercantilización por aumento de las tasas de reproducción lo que los convierte en bienes menos accesibles y poco universales.

→ Contratación médicos extranjeros. La “exención del requisito de nacionalidad” es una copia literal de lo que llevábamos en el programa, propusimos en la Asamblea y el PP votó en contra.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid «ante la creación de la Agencia de contratación sanitaria de la Comunidad de Madrid»

El Gobierno Ayuso en la Comunidad de Madrid pretende crear una «agencia de privatización» sanitaria que no estará sometida al control parlamentario.

Comunicado Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

El Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, también denominada ley Ómnibus plantea la creación de una Agencia de Orientación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (artículo 44), que previsiblemente se aprobara en la Asamblea regional dada la mayoría de PP y Vox, ante la misma desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública tenemos que señalar:

  1. La Agencia en principio bajo la apariencia de optimizar y centralizar las compras de suministros de la Sanidad Pública madrileña, recoge toda una serie de cuestiones que solo favorecen la privatización del sistema sanitario regional y la ausencia de transparencia y control sobre esta actividad económica.
  2. Así se señala que podrá constituir o participar en el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil, lo que favorece la presencia del sector privado en las mismas y/o la financiación pública encubierta de empresas privadas.
  3. Por otro lado, la ampliación de la actuación a los servicios que sean declarados de gestión centralizada en el ámbito sanitario, y la determinación reglamentaria de los mismos abarca la posibilidad de externalizar, es decir privatizar, sin límites, todas las prestaciones del SERMAS. Deja por lo tanto en manos de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de la Comunidad de Madrid el tomar decisiones, sin control alguno, que pueden desmantelar la Sanidad Pública madrileña.

Entendemos que se trata de un paso más para la privatización de la Sanidad Pública madrileña que va a permitir al Gobierno de la Comunidad hacerlo sin control ni publicidad, y desviar los ya escasos fondos de la sanidad madrileña para el beneficio del sector privado. Por todo ello rechazamos la creación de esta Agencia, en los términos actuales, y llamamos a los partidos de la oposición y a los profesionales y ciudadanía a contestar enérgicamente esta medida para exigir su retirada.

Fuente: tercerainformacion.es Fotos: tercerainformacion.es

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