Las 11 horas de bulos de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez

Ni el juez instructor ni los informes de la UCO valoraron las mentiras difundidas por la presidenta y su jefe de gabinete contra el fiscal general antes de que se desmontara la patraña

Isabel Díaz Ayuso se tomó 30 horas para responder a la exclusiva publicada a las seis de la mañana del 12 de marzo por elDiario.es sobre la querella de la Fiscalía contra su novio, Alberto González Amador, por dos delitos fiscales castigados con penas de 2 a 10 años de cárcel. Las respuestas de Ayuso y las de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, son hechos que sucedieron en la jornada del 13 de marzo y que ni los informes de la UCO ni el juez instructor, Ángel Hurtado, tuvieron en cuenta, al analizar lo ocurrido después.  

La presidenta de la Comunidad de Madrid compareció al mediodía del 13 de marzo ante la prensa en Leganés tras reunir a su consejo de Gobierno y habló de los problemas fiscales de su pareja. “Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020 y 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe (…) Es falso que sea él quien debe a Hacienda 300.000 euros por fraude y no solo no le debe nada sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar… por intereses”.

Cuando los periodistas intentaron aclarar las explicaciones difusas de la pareja del supuesto defraudador fiscal, entró en juego su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien durante las siguientes 11 horas desparramó mentiras entre los medios para acusar en falso a la Fiscalía de montar una operación contra un rival político del Gobierno.

Isabel Díaz Ayuso comenzó aquel día sus ataques en defensa del novio con la frase “por lo que yo sé”. Debió informarse por su pareja, fuente principal de cualquier información sobre el problema con Hacienda que le podía llevar a la cárcel. En ese momento, Alberto González Amador andaba enfrascado en un intento desesperado por evitar un juicio en el que se enfrentaría a una petición de entre dos y 10 años de prisión por defraudar 350.000 euros en sus declaraciones del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

El novio de Ayuso había presentado en julio de 2023 una declaración del impuesto de sociedades ante la Agencia Tributaria cuyo resultado era pagar más de 600.000 euros a Hacienda. Con esa declaración, donde incluía ingresos que no tuvo aquel año, intenta reparar el daño causado en los dos ejercicios anteriores por sus declaraciones fraudulentas con 15 facturas falsas. Pero la Ley impide ese tipo de apaños cuando el contribuyente está sometido a una inspección.

Lo que Ayuso trasladó a los periodistas en aquel momento, 30 horas después de que elDiario.es hubiera informado del caso, era una versión falsa de lo que en realidad ocurría. De hecho, en enero de 2024, dos meses antes de la declaración de la presidenta madrileña, su pareja ya sabía que Hacienda no aceptaba ese pago para reparar el daño ocasionado por las dos declaraciones fraudulentas, que le devolvería el dinero pagado de más y que seguiría adelante con la petición de responsabilidades por un doble delito fiscal. Hacienda acabó devolviendo 552.000 euros en abril de 2024 a González Amador, pero la querella de la Fiscalía por el fraude seguía su cauce en los tribunales.

Tampoco existía una inspección fiscal salvaje contra González Amador, como denunció públicamente Ayuso. La Agencia Tributaria abrió el expediente porque el contribuyente anónimo González Amador, propietario de la empresa Maxwell Cremona, hizo algo que activó las lógicas alarmas de la inspección fiscal como hubiera sucedido con cualquier otro ciudadano particular.

El contribuyente González Amador pasó de facturar con su empresa 357.000 euros en 2019 a 2.330.000 euros en 2020 (este año ganó dos millones de euros por una rápida intermediación en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia). A ese aumento de sus ingresos (seis veces más que un año antes) le correspondió una sospechosa disminución en el pago de impuestos (la base imponible de 2019 fue de 27.498 euros y la de 2020, solo 11.233 euros, menos de la mitad). A la inspección fiscal le costó muy poco descubrir la trampa: González Amador se había desgravado unos gastos de 620.000 euros por el pago de comisiones a una empresa mexicana que nunca se produjeron. Hasta el novio de Ayuso lo admitió mucho tiempo después cuando la Agencia Tributaria logró acreditarlo.

Miguel Ángel Rodríguez, fiel escudero de su jefa, fue confirmando a los periodistas con nuevas mentiras el relato de Isabel Díaz Ayuso aquel 13 de marzo de 2024 en defensa del supuesto defraudador. “No hay ninguna factura falsa, ninguna trama, ninguna empresa pantalla. No es verdad que hacienda le pida eso. Ya lo pagó (…) Pagó una multa de un primer expediente antes de que Hacienda lo elevara a la Fiscalía. Le abrieron otro, pero no pudo pagarlo porque no le dejaron y por eso está en Fiscalía. Toda una trama corrupta de Hacienda y Fiscalía para llegar a este lío en el que no hay ninguna factura falsa, ninguna trama, ninguna empresa pantalla”.

Tergiversación e invención de los acontecimientos

Los hechos aplastaban aquella sucesión de mentiras. González Amador nunca pagó ninguna multa de ningún expediente. Hizo dos declaraciones fraudulentas y cuando la inspección le cazó en sus engaños, intentó rectificar con una especie de declaración complementaria que su propia asesora fiscal le desaconsejó por ilegal. Había en las dos declaraciones fiscales fraudulentas hasta 15 facturas falsas por 1,7 millones de euros que González Amador usó para deducirse gastos inexistentes con el único objetivo de pagar menos impuestos. Había una trama en la que participaron empresarios, muchos de ellos andaluces, dueños de las empresas que facturaron en falso con González Amador. Hacienda le había llevado a los tribunales por dos liquidaciones vinculadas a delito tras casi dos años de investigación para acreditar el fraude.

Tanto Ayuso como Rodríguez distribuyeron aquel día información de los expedientes tributarios de González Amador pero tergiversando o inventándose los hechos para fabricar una conspiración de la Fiscalía y la Agencia Tributaria contra los adversarios políticos del Gobierno.

Los bulos de Rodríguez fueron creciendo en intensidad contra la Fiscalía aquella tarde del 13 de marzo. A las siete de la tarde, según las comunicaciones que mantenía con periodistas de El País y que se incorporaron al sumario del caso, el jefe de gabinete de Ayuso denunció que habían prohibido al fiscal del caso negociar con González Amador un supuesto acuerdo. “Todo turbio y feo”, contaba Rodríguez. Esa información solo podía difundirla si conocía que González Amador y el fiscal del caso estaban negociando una conformidad, que siempre pasa por el reconocimiento del delito por parte del contribuyente acusado de fraude. “El fiscal le ofreció negociar; después, al fiscal le prohibieron negociar con él”, explicaba Rodríguez sin aportar una suela prueba de esa circunstancia. Aquella mentira se trasladó a un titular de El Mundo (a las 21.25 horas del 13 de marzo), que asumió la versión de Rodríguez sin contrastarla: “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales”. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña confesó en el Supremo que había puesto en contacto a los periodistas de El Mundo con González Amador.

Para apuntalar esta versión falsa de los hechos, que a esas horas ya negaba la Fiscalía sin dar más detalles, Rodríguez facilitó a muchos periodistas el texto de un correo que el fiscal del caso le había mandado al abogado de González Amador unas horas después de que elDiario.es destapase el caso: “Le adjunto copia de la denuncia presentada el 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa. Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto. Aunque se ha denunciado también a otras personas no será obstáculo para llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible”.

El correo no decía nada de la admisión de los delitos, algo que González Amador había hecho a través de su abogado un mes antes a través de un correo electrónico donde proponía un pacto para evitar la cárcel mediante el pago de una multa y la admisión del fraude cometido en dos ejercicios fiscales consecutivos. Rodríguez aseguró en el Supremo que había puesto en contacto al diario El Mundo con González Amador.

El jefe de gabinete de Ayuso concluyó su jornada de intoxicación informativa a determinados periodistas con un nuevo bulo: “Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes ”de arriba“ y retira la propuesta de acuerdo… todo sucio”.  Cuando algún periodista preguntó a Rodríguez qué pruebas tenía de aquello que denunciaba, el jefe de gabinete contestó que el fiscal retiró la propuesta de acuerdo “de palabra”.

El fiscal del caso, Julián Salto, negó en el Tribunal Supremo que hubiera retirado la propuesta de acuerdo. Además, los hechos de los meses siguientes acreditaron que la Fiscalía llegó al primer trámite judicial con la intención de sellar un acuerdo de conformidad con la defensa de González Amador para evitar su ingreso en prisión.

El desmentido de la Fiscalía

Aquella noche de los bulos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, avisado por la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, acordó desmentir la versión falsa de Ayuso y Rodríguez a través de una nota, difundida en la mañana del 14 de marzo, en la que se daba cuenta del procedimiento judicial contra González Amador y se detallaba como el supuesto defraudador había ofrecido el 2 de febrero por correo electrónico a través de su abogado admitir los dos delitos fiscales para cerrar un acuerdo con la Fiscalía mediante el pago de una multa y evitar así la cárcel.

El Supremo aceptó investigar si antes de esa nota, el fiscal general filtró el correo del 2 de febrero a determinados periodistas, vulnerando así supuestamente la confidencialidad debida. Ni el juez instructor Ángel Hurtado, ni la UCO, que informó sobre los hechos, dieron importancia a la fábrica de bulos que Ayuso y Rodríguez -con información tergiversada sobre correos supuestamente confidenciales- pusieron en marcha para defender al supuesto delincuente fiscal aquel 13 de marzo de 2024. Nueve meses después, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña y defensor del supuesto defraudador, confesó en el Supremo sus mentiras contra el fiscal general del Estado. Por lo que parece, esas mentiras carecen de interés para esta causa.

Fuente: José Manuel Romero en eldiario.es