La Ley del Aborto garantizará las IVE en centros de salud públicos y sin la espera de tres días

La Ley del Aborto de Irene Montero derogará también la exclusión de las jóvenes de entre 16 y 18 años aprobada por el Gobierno de Rajoy

La futura Ley del Aborto, que está terminando de perfilarse desde el Ministerio de Igualdad, contemplará la práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo en centros de salud público, eliminará el periodo de reflexión de tres días antes de la intervención y devolverá la autonomía en esta decisión a las jóvenes de entre 16 y 18 años, derogando la modificación aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Son algunas de las novedades sobre la futura legislación que ha adelantado hoy en el Congreso de los Diputados la ministra de Igualdad, Irene Montero. 

“Es propósito y el deber de este gobierno blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”, ha afirmado Montero durante su comparecencia. Según datos del Ministerio de Igualdad, la gran mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en 2020 se han realizado en centros privados. “Estos datos indican que existe un problema en relación a la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo”, ha señalado la ministra, que apunta que ni Madrid, ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha, ni Murcia han practicado ningún aborto en centros públicos en ese año. También que en hasta doce provincias no se han notificado que se hayan practicado abortos en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados. “Esto quiere decir que las mujeres de estas provincias se han tenido que desplazar cien o 200 kilómetros para poder ejercer un derecho que tienen reconocido”, añade la ministra.

La objeción de conciencia “no puede suponer un impedimento para el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de ninguna mujer”, afirma Irene Montero

Montero ha garantizado que se respetará el derecho a objeción de conciencia de los profesionales sanitarios de los centros de salud públicos, pero ha expresado que este derecho “no puede suponer un impedimento para el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de ninguna mujer”. Para poder respetar la objeción de conciencia sin que se menoscabe el derecho al aborto, la ministra ha explicado que tendrán como referencia la Ley de Eutanasia.

“En definitiva, cuando una mujer decida abortar podrá acudir, por ejemplo, a su centro de salud. Allí recibirá información sobre cómo acceder a la prestación. También podrá, si lo desea, llamar a una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos, donde le informarán del procedimiento y donde también podrá, si más adelante tuviera alguna dificultad en el acceso, informarse sobre los derechos que le asisten, dónde y cómo defenderlos”, ha explicado la ministra. “Todos los hospitales con servicio de ginecología y obstetricia deberán tener profesionales que puedan garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Será la mujer quien decida el método de interrupción. En el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión”, continúa Montero. “Eliminaremos la obligación de recibir el sobre actual, que se proporcionará solo en los casos en los que las mujeres lo soliciten. Inmediatamente podrá ser derivada a un centro hospitalario para acceder a este derecho, por un procedimiento de urgencia, eliminando también los tres días de reflexión obligatoria que existen a día de hoy. Toda mujer que decida abortar deberá poder hacerlo sin ningún tipo de obstáculo ni perjuicio”, continúa Montero.

“Todos los hospitales con servicio de ginecología y obstetricia deberán tener profesionales que puedan garantizar la interrupción voluntaria del embarazo”

Por último, la ministra ha anunciado que la futura Ley del Aborto derogará la modificación sobre la ley de 2010 realizada por el Gobierno de Rajoy en 2015 por el que las jóvenes de entre 16 y 18 años necesitan del permiso de sus progenitores. “La reforma que entró en vigor en el año 2015 no consiguió echar atrás los avances conseguidos en la Ley 2/2010, pero sí supuso una modificación que impide a las adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años el ejercicio con autonomía de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esas jóvenes, entre 16 y 18 años, pueden decidir de forma libre y autónoma someterse a una operación de vida o muerte, pero se les exige el consentimiento paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo”. Montero ha afirmado que su objetivo es blindar este derecho, garantizando que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder a él de manera autónoma, derogando la modificación realizada en 2015. “Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”, afirma.

“Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”

La ministra también ha anunciado que se revisará el OVA impuesto a artículos de primera necesidad usados sobre todo por mujeres, como compresas los relacionados con la menstruación o los cuidados. “Esta pandemia nos ha recordado que hay productos esenciales (mascarillas, test) cuya distribución no puede depender sólo de las reglas del mercado, y que deben estar sometidas, sobre todo, a las reglas de los derechos fundamentales, para garantizar que todo el mundo puede acceder a ellos”.

Fuente: elsaltodiario.com
Foto: David F. Sabadell

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