La magistrada destaca la “gravísima inactividad” del Ejecutivo de Carlos Mazón, que fue “absolutamentre incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población”
La jueza de la DANA ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, en un auto notificado este martes en respuesta a la solicitud presentada por una acusación popular, fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Consell es “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias”.
“Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”, añade la instructora.
El auto insiste en la “pasividad” de la Generalitat Valenciana en la respuesta a la catástrofe y destaca la “gravísima inactividad” del Consell de Carlos Mazón ante la catástrofe. Así, el Gobierno valenciano fue “absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población”, apostilla.
La instructora reitera que el objeto del procedimiento es el “análisis” de los fallecimientos de 227 personas —“una de ellas embarazada de ocho meses”, recuerda— y de una desaparecida, además de los lesionados. También acota la instrucción, específicamente, a la “ausencia de decisiones para salvaguardar a la población”.
La resolución afirma que era a la entonces consellera Salomé Pradas, investigada en la causa, a quien le correspondía ejercer el “mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil”.
La jueza recuerda a la asociación Liberum que la imputación de representantes públicos en esta causa “sólo se puede sustentar en la existencia de un nexo causal entre la inactividad de quienes se atribuye la condición de investigados, su posición de garantes y los fallecimientos”.
También alega que la opción de declarar la emergencia nacional (que podrían haber tomado tanto la Generalitat como el Gobierno central) “no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección”. La instructora considera una “voluntad manifiestamente errónea” por parte de Liberum su intención de “hacer responsable” al Gobierno central de la respuesta a la catástrofe.
Por otro lado, la jueza ha citado a 11 testigos entre funcionarios de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y personal laboral de la subcontrata del 112 de la Generalitat Valenciana.
En una providencia, también dictada este martes, la magistrada da un plazo de cinco días al director general de Medio Natural, Luis Gomis, para que detalle en un segundo informe “si los recursos puestos a disposición para la vigilancia del barranco del Poyo (…) fueron utilizados, y en qué momento cesó la utilización de dichos efectivos”.
El alto cargo de Mazón, tal como desveló elDiario.es el pasado 25 de noviembre, reconoció la misma mañana de la DANA que la vigilancia de los caudales de los barrancos también era competencia de la Generalitat. En un primer informe remitido a la magistrada, Luis Gomis explicó que el 29 de octubre ofreció al departamento de Emergencias la vigilancia de ramblas y barrancos, una posibilidad que finalmente no se produjo.
Fallecimiento de dos guardias civiles
La jueza ha dictado otros dos autos. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.30 y las 23.59 del pasado 29 de octubre. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.
El órgano judicial también ha notificado una providencia en la que se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la DANA y de la renuncia de la representación letrada de la asociación SOS Desaparecidos para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de varios de los fallecidos.
Esa providencia dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre las secuelas psíquicas y los daños morales de familiares de fallecidos.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado, desde que inició la investigación por la gestión de la DANA, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.
En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.
Fuente: Lucas Marco en eldiario.es
Foto portada: RRSS
Fuente: Lucas Marco en eldiario.es
Pradas se queja a la jueza de la DANA de que los medios publiquen el listado de sus llamadas y pide “confidencialidad”
La defensa de la exconsellera de Carlos Mazón expresa su “profunda preocupación” ante la publicación de documentos aportados en la fase de una instrucción del máximo interés informativo
La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, que ejercen los letrados Eduardo de Urbano y Sandra Imedio, se ha quejado ante la jueza de la DANA de que los medios de comunicación hayan publicado el acta de su declaración como investigada del pasado 11 de abril y la lista de las llamadas del día de la barrancada aportada a la causa.
La representación jurídica de Pradas, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha quejado de que el listado de llamadas fue publicado por “diversos medios digitales”, entre ellos este diario, y “reproducido en distintas cadenas de televisión” el pasado 15 de abril. “Del mismo modo que sucedió con las llamadas”, ahonda el escrito, el acta de la declaración de la exconsellera también fue publicada “de manera literal”.
Los abogados de Salomé Pradas expresan su “profunda preocupación” ante la publicación de documentos aportados en la fase de una instrucción del máximo interés informativo.
Aunque reconoce que el procedimiento “ha atraído una considerable atención mediática”, los letrados sostienen que “es precisamente por esta razón que resulta aún más imperativo salvaguardar la confidencialidad de las actuaciones procesales” y alertan de que la “divulgación” de la documentación que consta en la causa “puede generar una repercusión extrajudicial perjudicial para el desarrollo adecuado del proceso y para los derechos de todas las partes involucradas”.
Pide “nuevas medidas”
El escrito también asegura que la “publicidad prematura de detalles de la investigación” podría “distorsionar la percepción pública, influir indebidamente en el curso de la justicia y menoscabar la presunción de inocencia de todo investigado”.
La defensa de Pradas pide que se investigue la filtración de sus llamadas y de su declaración y que se “tomen nuevas medidas” para garantizar la “estricta observancia del secreto sumarial” y así evitar que los medios de comunicación informen sobre el desarrollo de la instrucción. Sin embargo, la causa no está bajo secreto de sumario.
Fuente: Lucas Marco en eldiario.es
Fuente: Lucas Marco en eldiario.es
El ‘número dos’ de Emergencias declaró que el “principal error” en la DANA fue retirar bomberos que medían caudales
Emilio Argüeso desveló que su cese, el pasado 2 de diciembre, fue a petición propia “porque sentía que el proyecto político ya no se iba a seguir haciendo”
El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, reconoció ante la jueza de la DANA que el “principal error” que se cometió en la respuesta a la catástrofe del pasado 29 de octubre fue la retirada de los bomberos que medían el caudal del barranco del Poyo. Así consta en el acta de su declaración, en condición de investigado, del pasado 11 de abril, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ese “error principal”, achacado al entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, fue “negligente”, afirma el alto cargo destituido por Carlos Mazón. El investigado aseguró ante la magistrada instructora que “no se le informó” de que el responsable de los Bomberos había retirado a sus efectivos desplegados en el barranco del Poyo. Se enteró “a las dos semanas por la prensa”.
De hecho, Emilio Argüeso dijo que Basset “se lo calló hasta el final” en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). “Ni en el segundo Cecopi [del 30 de octubre] les informó de esa retirada”, indica el acta de su declaración. También reprochó su silencio sobre la retirada de los efectivos que medían caudales al gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencia (SGISE), Raúl Quílez, del que dependen los bomberos forestales.
El imputado declaró que, ante las comunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que, hasta las 16.13, indicaban un descenso del caudal, “entendían que no había problemas”. “Además, había gente vigilando”, apostilló.
El correo de las 18.43 de la CHJ que alertó de la crecida de la rambla del Poyo, afirmó Argüeso, “no sabe si fue recibido en la sala de emergencias, pero puede asegurar que no llegó al Cecopi”. El imputado sostuvo que otro de los errores de la respuesta a la emergencia fue la falta de datos por parte de la CHJ, “porque no se puede actuar sin información”.
El subdirector general de Emergencias, el funcionario Jorge Suárez, “no informó de los correos”. El investigado dudaba de que fuera por “mala fe” y especuló con la posibilidad de que Suárez “a lo mejor ni lo leyó” el correo electrónico.
También aseguró que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, participante telemáticamente en el Cecopi, “no dijo nada” y “no informó de la situación”. Argüeso creía que Polo “tampoco sabía del correo”. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, “tampoco lo comunicó”. El investigado reprochó a Bernabé que no asistiera presencialmente al Cecopi, pese a estar a “15 minutos en coche”. “Telemáticamente no eres conocedora de todo lo que ocurre en tiempo real”, afirmó.
El “criterio de Basset” sobre el Es-Alert
Sobre el envío de la alerta, el antiguo alto cargo de Emergencias declaró que Jorge Suárez fue “el primero en plantear emitir una alarma” por el peligro de la presa de Forata. A partir de ese momento, hubo un debate con José Miguel Basset y con un jefe técnico de seguimiento sobre “si enviar o no un mensaje”, que “podía generar incluso más lío”.
“La conversación duró poco y, al final, la consellera ordenó emitirlo y la delegada del Gobierno estaba por la labor de mandarlo”, según indica el acta de la declaración. Sobre las 19.15, sin que se siguiera “el criterio de Basset”, se decidió enviar el Es-Alert.
“El contenido del mensaje no querían que fuera excesivamente alarmante y que fuera comprensible, sencillo, fácil de entender”, agregó Argüeso. El mensaje, tras su diseño y validación, fue enviado a las 20.11, cuando ya se habían producido fallecimientos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por la inundación. Sin embargo, Emilio Argüeso se escudó en que no fue enviado por el barranco del Poyo sino por el peligro de desbordamiento en la presa de Forata. “Para Forata podría haber sido válido”, apostilló.
Argüeso también reveló, a preguntas de su defensa, que el cese del pasado 2 de diciembre fue a petición propia, “porque había entrado en un equipo que ya no estaba y sentía que el proyecto político ya no se iba a seguir haciendo y sentía que ya no debía continuar”. Si no dimitió antes fue “por sentirse responsable”, según reza el acta de su declaración.
Papel “nulo” de Argüeso en el Cecopi
El exdirigente de Ciudadanos apuntó en varias direcciones. Por un lado, deslizó que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, estaba de vacaciones a pesar de ostentar la responsabilidad del “seguimiento, control, operación y toma de decisiones de cualquier tipo de emergencias”. Suárez regresó de sus vacaciones el mismo 29 de octubre.
El investigado se dedicó a atender llamadas de emergencias que le llegaban a su teléfono particular, “conocido por mucha gente”. En el Cecopi le dijeron que ahí no estaban para atender “casos particulares”, con lo cual “se cabreó” y se fue a la sala del 112 para “mecanizar” los avisos que le iban llegando a su teléfono personal.
“Su papel en el Cecopi era nulo, por eso quería hacer algo, cayó la cobertura telefónica, habló incluso con gente que no conocía, que luego la gente le reportaba su agradecimiento, que le confirmaron rescates que él había gestionado”, reza el acta de la declaración. En tono triunfalista, Argüeso, añadió “que no sabe a cuánta gente salvó gracias a su intervención”.
El exsecretario autonómico de Emergencias destacó que “no cobró dietas”.
Emilio Argüeso aseguró que la reunión del Cecopi se convocó por parte de la entonces consellera Salomé Pradas a consecuencia de la situación en el municipio de Requena. “Entonces el barranco del Poyo llevaba un centímetro de agua, por lo que el Cecopi no se convoca por el Poyo”, declaró el investigado.
El exalto cargo de Emergencias dijo que dejó “de tener competencias” desde el momento que se decreta la alerta“ y descargó la responsabilidad en la gestión de la catástrofe en los alcaldes, que ”son responsables desde el momento en que se decreta el nivel cero y uno“.
También descargó en la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que formaba parte del Comité de Dirección del Cecopi, junto con la entonces consellera Pradas. “De facto, ambas dirigían y tomaban decisiones”, afirmó.
“Gente muy variopinta” en la reunión
Por otro lado, aludió al Comité Asesor de Seguimiento, compuesto por representantes de la CHJ, de la Aemet y por dos técnicos de Protección Civil. En el Cecopi, Argüeso también recordaba la presencia de “gente muy variopinta”, como el “personal de Iberdrola”.
El exsecretario autonómico de Emergencias declaró que en el Cecopi “echó alguna bronca” y, dado que “no era jefe de nada”, se limitó a “dar su opinión”. También descartó que la ausencia de Carlos Mazón en el Cecopi, al que el jefe del Consell no fue convocado, retrasara el envío de la alerta a los móviles “ni siquiera unos minutos”.
Además, el imputado arremetió contra una responsable de comunicación que, en el marco del Gabinete de Información del Cecopi, ostentaba la función de informar sobre “las noticias que se están produciendo en el exterior” (como una “ventana”, dijo). Aurora Roca, la directora de Información, “no puso ningún tuit ni informó de lo que se estaba produciendo fuera”. “No asesoró, no articuló palabra”, aseguró Argüeso.
Fuente: Lucas Marco en eldiario.es
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