La huelga general también va de Servicios Públicos: su deterioro y recorte afecta a los bolsillos de las familias

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado: “Si algo necesita España para reforzar los niveles de seguridad, de certezas, de certidumbres de las mayorías sociales pasa por recuperar el papel vertebrador de sociedad que suponen los servicios públicos”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha comparecido junto a los responsables del Área Pública del sindicato para explicar por qué uno de los vértices fundamentales de la huelga general del 11 de noviembre son también los servicios públicos. “Reivindicar una mejora en las coberturas de los servicios públicos es una reivindicación que afecta directamente a los bolsillos de la ciudadanía española”, resaltaba Sordo.

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“Si algo necesita España para reforzar los niveles de seguridad, de certezas, de certidumbres de las mayorías sociales pasa por recuperar el papel vertebrador de sociedad que suponen los servicios públicos”, añadía el secretario general, quien estuvo acompañado de Lucho Palazzo, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios y Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza.

El secretario general del sindicato resaltó que las familias españolas cada vez destinan más parte de su renta disponible a proveerse de servicios básicos como la educación, como la sanidad o como la atención al cuidado y a la dependencia. “Esto es producto de decisiones políticas que vienen de años atrás y que están teniendo que ver con el recorte o con la insuficiente inversión pública”, zanjó. En este sentido, Sordo advirtió también de que se debe promover una gran infraestructura de vivienda a precios protegidos en los próximos años, lo cual también es un servicio público.

Lucho Palazzo ha recalcado que “apostar por los servicios públicos es apostar por las condiciones laborales de los más de tres millones y medio de compañeros y compañeras que trabajan en ellos”, y recordó que los salarios en la administración pública en muchos casos “rozan” el mínimo interprofesional, lo que hace que en más del 30% de los casos las plazas queden desiertas, porque las personas que aprueban una oposición “no se pueden pagar una vivienda allá donde les ha tocado ejercer su trabajo”.

Por su parte, Humberto Muñoz explicó que el personal sanitario y sociosanitario -alrededor de un millón de personas-, sufre el parálisis de varios avances como la reclasificación profesional, la limitación de las guardias o la racionalización de tiempos de descanso, así como el acceso a una jubilación parcial y anticipada. “El millón de trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud deben tener en cuenta estos factores”, recalcó. Por otra parte, advirtió de que el sistema de atención a la dependencia “está al borde de implosionar” por la falta de financiación y las enormes listas de espera.

Los y las profesionales de Enseñanza también se encuentran “cerca” del salario mínimo interprofesional, explicó Teresa Esperabé, como es el caso de las educadoras de educación infantil, en huelga indefinida. “Los salarios de muchos no están a la altura y por eso hacemos este llamamiento a la huelga”, recalcó. La vivienda también afecta a las profesionales de la enseñanza: “Tenemos a personas trabajadoras que no pueden acceder a una vivienda, que han de compartir piso. Hablamos de familias o personas de 40 o 50 años compartiendo piso”, recalcó.

Fuente: sanidad.ccoo.es

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