Vecinas migrantes denuncian prácticas fraudulentas por parte de la polémica inmobiliaria meses después de que Consumo le sancionara por cláusulas abusivas. Pese a estar al corriente de pago de la renta, las afectadas acumulan actualmente deudas de miles de euros y han sido incluidas falsamente en el fichero de morosos de ASNEF
Lidia y Mónica no se conocen entre sí, nunca han tenido la oportunidad de coincidir en un mismo espacio pero a ambas les vincula una historia muy similar. A los pocos años de migrar a Madrid, la primera desde Rusia y la segunda desde Perú, se vieron envueltas en una gran estafa inmobiliaria tras contratar los servicios de Alquiler Seguro.
Aunque nunca habían fallado al pago de la renta del piso, las dos inquilinas acabaron adquiriendo una deuda que crece día a día a causa de prácticas fraudulentas más que documentadas de esta agencia. La falta de una legislación específica que atienda a las actividades ilícitas de estas inmobiliarias lleva años jugando a su favor y a día de hoy, tras la histórica multa impuesta por Consumo en abril de este año, las amenazas y abusos siguen replicándose.
“Me entregaron un papel con su logotipo y sus datos, finalizamos el contrato y me hicieron firmar pero ellos no firmaron nada…”, relata Mónica, vecina de Usera
Mónica estuvo ocho años viviendo en un piso situado en el distrito madrileño de Usera, los primeros con su ex marido, hasta que en 2024 recibió un burofax de Alquiler Seguro que le obligaba a abandonar el piso ya que le negaban la renovación. En un principio el término de contrato no le suponía un perjuicio destacable ya que llevaba tiempo planteándose irse a vivir a Toledo con su actual pareja. Tal y como había acordado con la agencia, se citó presencialmente en la oficina para hacer efectiva la entrega de llaves. “Me entregaron un papel con su logotipo y sus datos, finalizamos el contrato y me hicieron firmar pero ellos no firmaron nada, debería haberme parecido raro en su momento pero entonces no lo pensé”, relata la inquilina en conversación con El Salto.
A priori, la relación con la inmobiliaria debería haber acabado en ese instante, pero los problemas legales no habían hecho más que empezar. Al cabo de escasos días después de la firma, ya en su nuevo piso de Toledo, comenzó a recibir decenas de correos en los que se le indicaba que Alquiler Seguro procedería a demandarla porque, aseguraban, “no se había hecho efectiva la entrega de las llaves”. Alegaban en todo momento que ella seguía viviendo en el inmueble. Para salir de la incertidumbre, decidió personarse en su antigua casa y descubrió que ahora vivía ahí una nueva vecina.
“Vi que el piso tenía la cerradura cambiada, había gente viviendo dentro. Como al parecer esta nueva inquilina no estaba pagando el alquiler, Alquiler Seguro trató de hacer que fuera yo la que siguiera pagando, pese a no estar habitando el piso”, sospecha. En efecto, además de acusarla falsamente de no haber abandonado el piso, le repercuten desde 2024 el pago de la renta de cada mes, unos 530 euros tras las últimas subidas. “He dado la orden a mi banco de devolver esos recibos”. “Como consecuencia de esto, –traslada con ansiedad– me han mandado a ficheros de morosos y a día de hoy acumulo una deuda de casi 16.000 euros. Ya llevo dos años así y mientras tanto, la deuda va aumentando mes a mes”.
También le reclaman una indemnización de 3.000 euros por daños y perjuicios. Incluir a una persona en una base pública de deudores sin que exista una sentencia judicial que lo respalde no sólo va en contra de la ley sino que además supone un grave perjuicio al honor. Ello da derecho a una compensación económica.
Todavía no se ha hecho pública la fecha de celebración del juicio en el que espera poder demostrar no sólo su verdad sino los incontables abusos y fraudes. Mientras tanto, la agencia se lava las manos, nadie responde ni parece hacerse cargo de lo ocurrido. Un rasgo muy habitual en este tipo de agencias, que utilizan para comunicarse con las inquilinas un sistema de aplicaciones telefónicas para ir derivando las incidencias y así eludir cualquier responsabilidad.
El excasero de Mónica tampoco quiso tomar cartas en el asunto “y me dijo, yo no quiero saber nada. A mí, mientras Alquiler Seguro me pague, yo tan contento”
Al estar incluida inicialmente en la lista de morosos de ASNEF, su banco rechazó autorizarle un préstamo que necesitaba para comprar enseres básicos de su bebé. Su casero tampoco quiso tomar cartas en el asunto: “Le llamé llorando porque quería poner fin a esta pesadilla y me dijo, yo no quiero saber nada. A mí, mientras Alquiler Seguro me pague, yo tan contento”, asevera con indignación.
Varios kilómetros más al sur de la región, en Getafe, Lidia lucha contra viento y marea por obtener justicia tras sufrir también una estafa por parte de esta agencia. Entró a vivir en su actual piso en 2017, por aquel entonces pagaba una renta de 490 euros. Tras la pandemia, esos 490 se convirtieron en 575 y, tras varias subidas abusivas por encima del IPC y del índice Arca, 609 euros. Unas cifras desorbitadas “tratándose de una vivienda a medio amueblar, sin calefacción ni aire acondicionado, con una lavadora que ya venía averiada y sin que nadie nunca se hiciera cargo de las reparaciones”.
En 2025 quisieron aumentarle todavía más la renta –pese a que ella ya había recibido una orden de no renovación que quedó en papel mojado– pero no comunicaron de ninguna forma la actualización ni verbalmente ni por escrito, ni siquiera especificaban la nueva cantidad, de manera que ella continuó abonando los 609 que venía tiempo pagando.
A Lidia, “Alquiler Seguro empezó a imputarle gastos de gestión, de la comisión de impagos, hasta tres comisiones que le incrementaban la deuda 60 euros. Con todo, ahora dicen que debe 750 euros”, explica su abogado
“Alquiler Seguro le decía no solamente que se le estaba generando una deuda por un supuesto impago sobre la renta, sino que la agencia empezó a imputarle gastos de gestión, de la comisión de impagos, hasta tres comisiones que le incrementaban la deuda 60 euros. Con todo, ahora dicen que debe 750 euros”, explica Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), que ha asesorado su caso y conoce de cerca las estratagemas de esta agencia.
A raíz de esta deuda ha recibido un burofax previo a una demanda de desahucio por impago y le han metido en dos ficheros de morosos pese a que, “la deuda no es líquida ni exigible, además de bastante dudosa”. Por tanto, el modus operandi de la inmobiliaria en todos estos casos es el siguiente: generar situaciones de deuda e impago a través de unas clausulas fraudulentas que ellos mismos imponen, causando deliberadamente esa situación de indefensión.
Mismas praxis, distintos nombres que buscan burlar la legalidad
Como ilustran las historias de estas dos inquilinas estafadas, poco ha cambiado desde que la agencia fuera sancionada. Activistas e inquilinas organizadas con los sindicatos de vivienda coinciden en que la estrategia que ha seguido estos últimos meses Alquiler Seguro ha consistido en utilizar fórmulas distintas para seguir engañando a las vecinas. El 8 de abril, el Ministerio de Pablo Bustinduy multaba con 3,6 millones de euros a la agencia por prácticas abusivas, en concreto por vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado tras la denuncia que presentó en noviembre de 2023 Facua. Una victoria judicial contra la impunidad de los gigantes inmobiliarios después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador contra ellos en marzo de 2025.
Algunas de las infracciones “muy graves” que se señalaban eran la imposición al inquilino de un contrato de seguro de hogar, así como honorarios en forma de gastos de gestión inmobiliaria que se acababan repercutiendo al arrendado. Se trataba de cobros que el inquilino no podía rechazar de ningún modo si quería formalizar un contrato de arrendamiento, fruto no de la libre elección sino de las coacciones habituales de la empresa, incluso a través de amenazas. Además, durante la firma de los contratos se imponía una cláusula de otorgamiento automático de Protección de Datos por el que el inquilino autorizaba a dar sus datos a todas las empresas vinculadas a Alquiler Seguro.
“Alquiler Seguro te pide una información muy sensible, solicita movimientos bancarios, contratos, vida laboral, es decir, te desnudan y a partir de esa información hacen perfiles que venden posteriormente a otras empresas”, desliza a este medio Palomo. Del mismo modo, desde hace un tiempo obligan a pagar un supuesto Servicio de Atención al Inquilino (SAI), “uno de los pagos más grandes que se hace” si la persona quiere obtener un contrato de alquiler. La ley estatal de vivienda de 2023 prohíbe a las inmobiliarias repercutir estos gastos a los arrendatarios.
El SAI no es sino una plataforma online de gestión de reparaciones, averías e incidencias que en la práctica carece de funcionalidad real y cuyo coste, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas, supera los 900 euros + IVA. “Ellos lo camuflan con un servicio supuestamente que te dan mientras tú estás habitando allí. Han cambiado el nombre y ya está, pero siguen cobrando ese extra. Ahora nos mandan un correo a los usuarios, cosa que no se hacía antes, y ellos te contestan o se ponen en contacto con la dueña de casa para que vayan y solucionen ellos los problemas, de manera que la inmobiliaria se cubre las espaldas ante todo lo que sucede”, comenta Rufina Parra, inquilina en lucha residente en Chamberí y militante en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, donde prevén organizar distintas acciones de boicot contra los innumerables abusos de esta agencia.
“Generalmente exigen más requisitos a las familias latinoamericanas, por ejemplo, cobrando una garantía adicional de varios meses de renta adelantada para entrar o un depósito de hasta 7.000 euros”, afirman desde el Sindicato de Inquilinas
Lo mismo ocurre con la fianza, que a ojos de Palomo acaba convirtiéndose en un “rehén” de Alquiler Seguro ya que se utiliza fundamentalmente para penalizar al inquilino cuando se niega a abonar cualquier pago extra e ilegal que la inmobiliaria requiere a su antojo. Pero hay una cuestión mucho más desconocida que también salpica a la inmobiliaria: sus acciones de discriminación contra inquilinas migrantes y/o racializadas. El racismo inmobiliario latente en esta y otras empresas hermanas como Tecnocasa a menudo es muy complejo de demostrar porque no es fácil aclarar que ciertas imposiciones van dirigidas específicamente a estas vecinas.
No obstante, tanto el Sindicato de Inquilinas como varias vecinas afectadas insisten en que así sucede: “Generalmente exigen más requisitos a las familias latinoamericanas, por ejemplo, cobrando una garantía adicional de varios meses de renta adelantada para entrar o un depósito de hasta 7.000 euros, algo que no hacen con el resto de familias de forma tan desproporcionada”.
Una huelga en el horizonte para acabar con un modelo de negocio “parasitario”
Los sindicatos de vivienda plantean, ante este escenario, dos interrogantes. Por un lado, ¿es suficiente, para asegurar el fin de ciertas prácticas fraudulentas la imposición de una penalización económica cuando se trata de una empresa con facturaciones millonarias?. Y, por otro ¿por qué no existe un organismo inspector en el ámbito inmobiliario al igual que sí sucede, por ejemplo, en el laboral?
“A día de hoy no tenemos un órgano que permita la inspección en materia de alquileres y eso a ellos les da una clara ventaja”. infiere Palomo, del Sindicato de Inquilinas
Palomo afirma que, puesto que el sistema legislativo todavía está tardando en adaptarse a las particularidades del modelo de intermediarios entre caseros e inquilinos, “las agencias siempre van un pasito por delante”: “A día de hoy no tenemos un órgano que permita la inspección en materia de alquileres y eso a ellos les da una clara ventaja”. infiere. Ha quedado patente que esta y muchas otras empresas del estilo han sabido hallar las grietas legales para poder continuar lucrándose a base de endeudar a familias enteras.
Decepcionados con la escasa de rendición de cuentas en el caso de actores, el Sindicato de Inquilinas prepara su próximo asalto: una huelga de inquilinos estafados por Alquiler Seguro para acabar interponiendo una demanda de prejudicialidad y recuperar el importe de las mensualidades cobradas injusta e ilegalmente: “Lo ideal sería conseguir que 500 personas, porque con eso ya les haces de repente un mes, dejan de cobrar medio millón de euros. La idea es mandar un mensaje de que hay que atacar el modelo de negocio de quienes actúan como buitres a costa de las vidas de las vecinas”, destaca Sergio Rodil, miembro activo de la campaña de la Confederación de Sindicatos de Inquilinos contra Alquiler Seguro.
Un modelo “parasitario”, basado en gestionar de forma abusiva la intermediación imputando gastos de gestión ilegales para maximizar la rentabilidad de las empresas. También en lo tocante a otras como Tecnocasa, RedPiso o la Agencia Negociadora del Alquiler, que incurren en procedimientos prácticamente idénticos. Así lo afirma tajantemente el Sindicato en un comunicado.
“Esta lucha no es solo contra Alquiler Seguro, es contra un sistema que convierte el derecho a la vivienda en un negocio cada vez más inaccesible. No podemos esperar a una justicia lenta que llega tarde mientras seguimos sufriendo los abusos cada día”.
De hecho, un estudio realizado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), titulado Impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler, revela que el 46,65% de las personas que buscan piso a través de inmobiliarias han sufrido algún tipo de discriminación. No es un caso aislado, es un patrón recurrente de coacciones y abusos. La investigación apunta igualmente a que, en el caso de Madrid, el pago de honorarios inmobiliarios para acceder a una vivienda de alquiler se ha disparado coincidiendo con el aumento de los intermediarios.
Fuente: Alejandra Mateo Fano – IG @alejandramfano en elsaltodiario.com
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