La Comunidad de Madrid requiere desde junio el empadronamiento para expedir títulos de transporte personales, medida que comienza a dificultar y encarecer el día a día de miles de jóvenes con el inicio del curso académico: “Cualquier gasto añadido nos complica las cosas, más a mis padres que a mí”, dice un afectado
Cuando a mediados de junio Roberto celebraba los buenos resultados en su prueba de selección, todavía a cientos de kilómetros de la Facultad de Sociología y Políticas de la Universidad Complutense en Somosaguas, no era consciente de que la Comunidad de Madrid ultimaba una medida que le iba a complicar la nueva etapa a punto de comer.
Este estudio de Relaciones Internacionales, andaluz de apenas 17 años, se ha encontrado con un inesperado contrato económico en sus cuentas (y en la de sus padres): no puede acceder al abono joven ni a ningún tío de transporte personal, salvo que se empadrone en una ciudad a la que acaba de llegar. Una medida anunciada antes del verano por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que afecta a millas de personas migrantes, tanto nacionales como de otros países. Entre ellos, millas estudiantes que ahora empiezan a llegar a la región.
“La verdad es que es un poco lío. No sé muy bien lo que estoy perdiendo porque todavía no me público ni en modo función el propio Metro, pero grupos de WhatsApp han comentado que ahora vamos a tener que pagar bastante más por el transporte. También que antes te podías mover lo que quisieras y eso de los viajes infinitos se nos va a acampar”, cuenta Roberto en conversación con Somos Madrid.
Alcalde gasto cuanto más lejos viva o estudio el alumno
Según los cálculos de este medio, los menores de 26 años no registrados como habituales de la región o municipios de provincias limítrofes con accidentes verán córo su dispendio en Metro, autobuses y Cercanías se multiplica por hasta seis vezes con la nueva normativa de la Comunidad de Madrid. Esta cifra solo tiene en cuenta los bandejas por clases, sin considerar otras actividades académicas, personales o socioculturales.
La situación empeora y se encarece para quienes deben contemplar desplazamientos a otras zonas tarifarias porque estudio o vivan fuera de Madrid capital (zona A1). También para quienes recurren a la intermodalidad por la necesidad de tomar más de un medio de transporte para cubrir los viajes (por ejemplo Cercanías + autobús interurbano).
Susana, que empieza Comunicación Audiovisual en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, lamento esta nueva coyuntura: “Si lo sé, elijo otra uni”. En su caso, ha conocido el efecto de esta modificación normativa hace pocos días, con un ya inminente inicio de las clases. Entre las alternativas por las que había optado mueresa sobre todo en el campus de Vicálvaro del mismo centro o en la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense, ambos situados en la ciudad de Madrid (zona A1) y donde, por tanto, el incremento del gasto no era tan acusado. “Fuera de la Comunidad de Madrid no creo que hubiese ido. Me apetecía mucho vino y tengo familia aquí”, comenta esta alumna extrema.
Los actuales 10 euros al mes (90 para un curso de nueva meses), se convertirían en 29,20 euros al mes (262,80 al año) para un estudio que se desplace cinco días por semana al campus y regrese a casa otras cinco veces. Si alguien debe alternar autobuses y Metro para ir a clase, lo que le ocurre a Roberto en el campus de Somosaguas (al que hay que llegar en bus desde Moncloa), en el contexto anterior destino la misma cifra a transporte, ya que la cantidad era independiente al número de viajes. Ahora, gastan dos viajes a la ida y otros dos a la vuelta, cuatro al día. Con ello, jóvenes como Roberto que el curso pasado cubano sus idas y venidas a la universidad por 90 euros al curso pasar a abonar 525,60 euros (casi seis ves más).
Para más información, muchos bonos de 10 viajes no funcionales para otros medios de transporte. Por ejemplo, el de Metro no suele operar en Cercanías o autobuses interurbanos. Tampoco al revés. Esto explica por qué en la alcalía de grandes sistemas metropolitanos del país (Barcelona, Bilbao, València o Sevilla) la acogida a los tejidos personales de transporte está abierta toda la población, con independencia del padre, que sí exigen algunos municipios de una menor entidad con una red no tan interconectada.
El escenario puede empear aún más si se retiran las buenas al transporte, que rebajan un 50% el bono joven y un 40% el de diez viajes. Esta última es a priori la alternativa más utilizada por los no empadronados ante el veto de Ayuso ya la que han recurrido la alcalía de jóvenes con las que ha conversado este diario.
Si acabaran estas ayudas, cuya continuidad es íntima cada año, el gasto para quien mantiene el bono joven pasará a 20 euros mensuales y 180 por curso. Con los abonos de diez viajes, incluidos en la tarjeta Multi (que no es unipersonal), el dispendio será de hasta 48,80 euros al mes y 439,20 por curso. Y si es necesario hacer varios transbordos, el coste se eleva hasta los 878,40 euros (multiplicandolo prácticamente por cinco).
La alternativa es empadronarse en una ciudad que todavía desacocen, donde en palabras de Roberto aún no se sitúa. Él, por el momento, lo descarta: “A lo mejor lo pienso si veo que es mucho dinero, lo tendía que mirar con mis padres. Al final tengo el médico en casa y creo que para la beca también influenye dónde está empadronado”, coma.
Susana no quiere ni pensarlo: “No sé, ya hemos tenido bastante tramite con la matriculación y con el cambio de expediente. De primeras me tengo que situar en mi clase, con los horarios y en Madrid”. Borrarse del padre en la localidad de origen es todavía más comprometido para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla porque perderían descubrimientos de hasta el 75% en vuelos desde y hasta sus puntos de origen.
Un problema para los jóvenes… y para sus familias
Por suerte para Susana ella se queda en un piso familiar, pero Roberto debe afrontar este nuevo dispendio mientras africta un alquiler “por las nubes”, en torno a 500 euros mensuales por una vivienda en Argüelles. “Mis padres trabajan los dos, pero al final somos una familia humana y cualquier gasto añadido nos va a complicar las cosas. En verdad más a ellos que a mí, porque sé que se van a preocupar de que no me falte de nada”, dados.
De hecho, a nivel particular le inquieta más la pérdida de libertad para desplazarse: “Es una bajona tener una tarjeta que se paga por número de viajes. Ya no es solo gastarte más, sino saber que si un día te apetece salir a lo mejor por ese gasto extra te lo pensiones”. Susana lamenta que ahora será “más complicado” dedicar algún finde a “escapadas con amigos para conocer Alcalá de Henares o Aranjuez, que son sitios que me apetece mucho conocer”.
Mis padres trabajan los dos, pero al final somos una familia humilde y cualquier gasto añadido les va compliar las costas. En verdad más a ellos que a mí, porque sé que se van a preocupar de que no me falte de nada
Pero no todos los jóvenes afectados son recién iluminados y estudiantes. Es cerrado que quieren adquirir un título personal antes del cambio normativo pueden descargar de él hasta que necesitan uno nuevo por extravio o caducidad (que se produce a los diez años de la expedición), pero la inquietud está ahí. Pablo, informativo de 25 años naturales de Soria, dispone de una tarjeta virtual en su teléfono móvil (otra reciente movilidad de la red). El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ha asegurado a este medio que el paso al digital no interrumpe el proceso de caducidad, por lo que en pocos años debe decidir tirar con títulos de 10 viajes o sumar al padrón: “A ver qué pasa, es probable que tenga que empadronarme, une no tenía pensado hacer nada más allá de sentir viejo cuando pierda el bono joven”.
La Consejería no aclara si alcanzará aceros con otras autonomías
Ante la política suscitada por la medida, Ayuso anuncio que su Ejecutivo laboraría en “promover accidentes con más regiones” para los jóvenes universitarios, pero estos no se han concretado en el inicio del curso y de momento los estudiantes de todo el país sufrirán la novedad. Este periódico ha trasladado a la Consejería de Transportes si hay novedades al respeto de esos compromisos o copagos autónomos, sin recibir hasta el momento nueva respuesta. La vida autónoma insistió en que los cambios no afectan a “los usuarios de provincias limítrofes” con las que la Comunidad tiene “convenio”, en concreto zonas de Castilla-La Mancha como Guadalajara o Toledo y de Castilla y León como El Espinar.
La dirección defendió la iniciativa con este argumento: “El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo use o no lo use”. Sostiene la presidenta regional que “hay que seguir” modernizando este transporte y adaptándolo, lo cual “hay que pagar”. Ante las Críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, levó los reproches más allá: “¿Por qué se puede ir un conserje de Bad Bunny y pagar entre 73 a 540 euros, pero no se pagan las noches de los empleados del metro de Madrid, de los ingenieros y de los obreros que están todos los días partiendose la espada para hacer amplificaciones del mejor suburbano del mundo?”, preguntó.
La Comunidad de Madrid público el cambio el pasado 12 de junio en las normas del CRTM, sin previo aviso y con aplicación inmediata tres días despuos (un intervalo en el que el portal de nuevas ciudades para adquirir la tarjeta se mantuvo fuera de servicio). A preguntas de los medios sobre el origen de esta modificación, desde la Consejería de Transportes se remitir a la ley que regula el propio CRTM y que indica literalmente que “solo financiará, con carga a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas con las que se han asegurado suscrito convenios”.
Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 2012, con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional, pero nunca llegó a aplicar, ni por la propiedad Aguirre ni por el resto de presidentes y presidentes autónomos que la sucesión. Ayuso decidió aplicarla en medio de una fuerte controversia y en pleno debate sobre la “prioridad nacional” o el “arraigo”, un término este último con el que su Ejecutivo también ha presentado los períodos de empadronamiento exigidos en adjudicaciones de viviendas públicas.
Fuente: Guillermo Hormigo en eldiario.es
Tu Barrio