Ha tenido que producirse un serio ataque a la esposa del presidente del Gobierno para que el Partido Socialista despertase ante lo que una parte del activismo político y social lleva padeciendo desde hace años, la persecución política utilizando al poder judicial como ariete percutor, lo que últimamente se conoce con el anglicismo de lawfare.
Fue el pasado del 24 de abril de 2024 cuando Pedro Sánchez publicó una carta abierta a la ciudadanía en la que manifestaba que tenía que «reflexionar» —en sus propias palabras— sobre qué hacer con su futuro político. En esos momentos caló el estupor en casi todas las esferas políticas, miembros del PSOE, aliados del Gobierno, oposición y periodistas no daban crédito. Cinco días después, tras esos días en los que el presidente del Gobierno sopesó cuál será el futuro inmediato de España, todo quedó en un aviso y en un supuesto impulso para acometer cambios con determinación.
Este supuesto impulso del presidente del Gobierno para acometer cambios normativos contra el lawfare y en favor de políticas públicas que de verdad sean útiles a la población no ha sido explicitado hasta ahora por el PSOE, en contraste con la batería de medidas que tanto IU como SUMAR han puesto ya en el debate político, medidas que se irán concretando en las próximas semanas. En todo caso, es posible exponer ya una concreción de esta batería de medidas que reivindican profundizar en más democracia y más derechos.
Democratizar la justicia
En primer lugar, resulta necesario abordar de forma urgente cambios legales en el ámbito de la justicia. El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ya ha anunciado 3 propuestas de modificaciones normativas en este ámbito.
La primera proposición de ley que ha planteado es la que modificaría el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de tal forma que podamos superar el actual bloqueo impuesto por el PP, incapaz de asumir las mayorías democráticas que desde hace más de 5 años rigen en nuestro país. Con la propuesta planteada por el portavoz de Justicia de Sumar y diputado de IU se modificaría la elección de los 12 miembros del CGPJ que son elegidos entre jueces y magistrados, toda vez que la Constitución no establece una mayoría especifica para la elección de estos 12 miembros, por lo que la propuesta planteada por Sumar rebajaría la mayoría de 3/5 establecida actualmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a un sistema en el que estos jueces y magistrados sean elegidos por mayoría absoluta si en el plazo de 2 meses desde la apertura de votaciones para elegir a este turno no se hubiese alcanzado la mayoría de 3/5. En esta propuesta también se incluiría rebajar alguna de las competencias que actualmente cuenta el CGPJ, competencias que no se ajustan al mandato constitucional.
La segunda propuesta legislativa en el ámbito judicial tiene por objeto modificar la vía de acceso a la carrera judicial, de tal forma que se democratice superando el actual sistema eminentemente memorístico y muy costoso para las familias que deben sufragar los gastos de opositor. La propuesta se centra en plantear un nuevo modelo de acceso en el que prime el expediente universitario de los estudiantes de derecho, siendo que los mejores expedientes universitarios puedan acceder a la Escuela Judicial y desde ahí, plenamente becados, a la carrera judicial.
Y una última propuesta de modificación legislativa para el reforzamiento de la garantía de la responsabilidad de jueces y magistrados, modificando la LOPJ para que los daños y perjuicios causados por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones den lugar a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia cuando provinieren de dolo o culpa grave, situaciones que se están dando en resoluciones judiciales teñidas de lawfare. Debe quedar claro que una vez satisfecha por el Estado la indemnización al perjudicado, la Administración General del Estado podrá exigir al Juez o Magistrado responsable, por los cauces del proceso declarativo que corresponda, el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que éste pudiera incurrir.
Conseguir derogar la ley mordaza
A estas medidas legislativas en el ámbito judicial cabe también señalar las propuestas legislativas que se están planteando para la recuperación de derechos y libertades públicas mediante la derogación de las leyes mordazas del Partido Popular.
Ya el pasado otoño Sumar planteó, bajo el impulso de IU, la modificación del Código Penal para derogar todos aquellos artículos que vienen siendo utilizados por la derecha política o judicial para amedrentar a los activistas de la izquierda social y cercenar así su libertad de expresión, utilizando la amenaza de procesos judiciales por la supuesta perpetración de delitos como injurias al rey, ofensas a la bandera o blasfemia, entre otros. Estos delitos deben desaparecer de nuestro Código Penal.
Casi más importante es la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, con la derogación de todos aquellos artículos que persiguen al activismo social y limitan el derecho a la protesta. Así, a mediados del mes de mayo de este año el GP Sumar, de nuevo con el impulso de IU, presentó una proposición de ley que recogía el texto de la ponencia que naufragó la pasada legislatura, texto en el que se recoge el acuerdo que alcanzaron PSOE, UP, ERC, EH Bildu, PNV y Junts para modificar decenas de artículos de esta ley, pero que el disenso sobre cuatro aspectos concretos hizo que el conjunto de la reforma descarrilase. Ahora se pretenden iniciar los trabajos desde el texto de acuerdo común ya pactado, que costó alcanzar casi dos años de negociaciones, para que durante el otoño de este año se pueda concretar un acuerdo sobre los puntos de disenso, especialmente sobre el uso de material antidisturbios y pelotas de goma.
A todas estas medidas de impulso democratizador cabe añadir otras que se están impulsando desde el espacio político en el que se encuentran IU y PCE, dirigidas a perseguir las fake news o la utilización fraudulenta de la inteligencia artificial.
Impulsar políticas públicas
Pero este impulso democratizador no puede ser ajeno al reforzamiento de medidas nítidamente sociales o económicas, por lo que en las últimas semanas se ha impulsado la tramitación de la ley para recuperar y garantizar la universalidad de nuestra Sanidad Pública —que perdimos con los gobiernos del PP— y la presentación de un anteproyecto de Ley de Gestión Pública de la misma que da portazo a la ley de las privatizaciones (ley 15/1997) y habilita mecanismos para revertirlas. También se han planteado medidas para evitar que las empresas cambien de domicilio fiscal para pagar menos impuestos mientras siguen obteniendo beneficios en el país del que se han marchado o el impulso de reformas legales para rebajar la jornada laboral, por lo que es de esperar que en los próximos meses se concrete un envite de cambios normativos que sitúen la agenda democrática y social en el centro del debate político.
Fuente: Juan Moreno Redondo en mundoobrero.es
Foto: Fachada del Tribunal Supremo | Cberbell / CC BY-SA 3.0
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