La institución cambia de tendencia después de la elección de cuatro nuevos magistrados, tres de ellos de tendencia progresista. El renovado Tribunal Constitucional debe abordar recursos contra la reforma laboral de Yolanda Díaz o la ley del aborto de 2010
Cambio de guardia en el Tribunal Constitucional. Juan Carlos Campo y Laura Díez, juristas nombrados por el Gobierno, y María Luisa Segoviano y César Tolosa se incorporan al órgano regulador del que salen cuatro miembros, entre ellos su presidente, Pedro González Trevijano.
Cambia también el equilibrio, puesto que González Trevijano y Antonio Narváez, fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y el magistrado Santiago Martínez Vares, también saliente, pertenece al sector conservador. En el nuevo equipo solo Tolosa viene con la vitola de conservador, mientras que los nombrados por Moncloa y la magistrada Segoviano cambiarán las mayorías —que quedarán 7 a 4 debido a la vacante de un magistrado conservador que se encuentra de baja— a falta de saber también quién será el o la nueva presidenta del TC, presumiblemente progresista, en una votación que debe tener lugar en un pleno convocado en la segunda semana de enero. A priori, la juez andaluza María Luisa Balaguer parte con cierta ventaja en las cábalas sobre su compañero, el exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
La nueva etapa del Constitucional tiene una serie de temas pendientes, algunos de largo recorrido como los recursos a la Ley del Aborto de 2010 y otros recientes, como la propia renovación de los órganos judiciales que generó a mediados de diciembre una crisis institucional sin precedentes por la propia intervención cautelarísima del TC que impidió en una votación en el Senado. Otros recursos pendientes de evaluación son la votación de la reforma laboral —la del error del diputado Alberto Casero—, la ley de eutanasia, la de protección a la infancia o la Ley Rider. También será el momento de examinar si fue justa la decisión de retirar el escaño a Alberto Rodríguez diputado por Tenerife por Podemos, después de una condena menor.
Más allá de su trabajo diario, el Constitucional tiene como primer objetivo volver a un segundo plano después del inusitado protagonismo ganado en la noche del 19 de diciembre, momento en el que ejerció como “tercera cámara” para cambiar el designio político marcado por el poder legislativo.
El desbloqueo del TC contrasta sin embargo con la falta de acuerdo para la renovación del Poder Judicial y su máximo organismo el Consejo General (CGPJ). El PSOE no parece dispuesto a dar esa batalla, en contra de lo que exigen sus socios de Unidas Podemos. El CGPJ lleva cuatro años con mandato caducado y todos los intentos para pactar la renovación con el Partido Popular, que ha aprovechado una mayoría ideológica a su medida, han fracasado.
Podemos, partido dentro de la coalición, ha criticado al PP por este bloqueo y lo ha comparado con el golpismo en Brasil, tras el episodio de asalto a la sede gubernamental, equivalente al rechazo del PP a acatar el mandato constitucional que insta a la renovación de instituciones en consonancia con el equilibrio electoral.
Fuente: elsaltodiario.com
Foto: De izquierda a derecha, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo, Laura Díez y César Tolosa | CGPJ
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