Algunos han podido volver a sus domicilios; otros han sido acogidos por diferentes ONG. Todos temen que después del estado de alarma puedan volver a internarles y se efectúe su deportación, por lo que ya están tomando medidas al respecto.
“Ahora vivo en un domicilio que no es el que consta en mi ficha por miedo a que me busquen cuando se levante el estado de alarma”. Estas palabras de Yasin, migrante recientemente liberado del CIE de Madrid, dibujan lo que se esconde detrás de una realidad nueva: por primera vez en la historia, todos los Centros de Internamiento de Extranjeros están vacíos. Una noticia que no es satisfactoria para los colectivos que, día a día, acompañan a estas personas y que ahora, como han hecho siempre, siguen reclamando el cierre total de estos centros donde los internos sufren humillaciones, vejaciones y amenazas, según los activistas.
Ningún migrante duerme ya en un CIE, ¿pero a dónde han ido y hasta cuándo? Según relata Adrián Vives, portavoz de CIES No Valencia, aquellos migrantes que dejan en libertad y no tienen familia o amistades en el país que les puedan acoger se quedan en la calle. Cuando se decreta el estado de alarma esta situación cambia y se activan diferentes mecanismos para que los afectados puedan acceder a un lugar donde tengan la posibilidad de respetar la normativa vigente y vivir dignamente. “El problema es que la puesta en libertad de cada interno se ha ido realizando de manera individual, así que algunos de ellos han estado más de 40 días esperando a que los sacaran aun sabiendo que ya no podían ser deportados”, relata el propio Vives.
Yasin es claro cuando habla de él mismo: “Tengo miedo a que dentro de veinte días la policía se presente en mi casa buscándome; por eso no estoy en el domicilio que figura en mi padrón”
Lo peor de todo es cuando este portavoz confirma a El Salto que en el Estado español se han tramitado, como mínimo, dos ingresos nuevos durante el periodo de alarma, contraviniendo las recomendaciones que el Defensor del Pueblo hizo al respecto. Por un lado, dictaminó que se pusiera en libertad de forma inmediata a todos los internos debido a la imposibilidad de ser deportados por el cierre de fronteras, algo que no ocurrió ya que cada proceso se llevó a cabo de manera individual. Por otro, la resolución también recogía que la puesta en libertad debía efectuarse bajo las condiciones propicias para cumplir el confinamiento, un hecho que sí se ha producido, ya que aquellos internos sin una red de apoyo en el país han sido acogidos en centros de ONG. Según ha confirmado el Ministerio del Interior a Público, los CIE estaban ocupados al 59%, por lo que unas 450 personas habrían sido liberadas por la pandemia del coronavirus.
HABLAN LOS INTERNOS: VEJACIONES Y VIOLENCIA
El CIE de la capital presenció una protesta de varios de sus internos pidiendo su inmediata liberación, tal y como recomendaba el Defensor del Pueblo. Yasin, que ayudó a subir a alguno de sus compañeros al tejado del centro, fue internado el 27 de enero: “Cuando salí estaba temblando, me estaban dejando libre y no podía hacer otra cosa más que reírme”. Este joven de 24 años no duda en afirmar que entre las paredes del CIE madrileño se repiten las vejaciones y un trato inhumano por parte de los policías a los internos. “No me podía imaginar una situación así hasta que caí en ese pozo”, relata.
Su caso es algo particular. Nacido en Madrid pero de nacionalidad marroquí, ningún vínculo le une con el país africano ya que ha pasado toda su vida en el Estado español, donde ha estudiado y, con el paso del tiempo, tejido las redes de apoyo que ahora le sustentan. Sin papeles, Yasin cometió un delito por el que ya cumplió condena en España: “Lo hice desde el primer hasta el último día que dictaba la sentencia, y salí de la cárcel con otra mentalidad totalmente diferente”. Estos hechos desembocaron en que constara sobre él una orden de expulsión, algo que llegó a ocurrir. Le llevaron hasta Marruecos, donde le dejaron sin dinero y sin sitio al que ir. Tras haber conseguido retornar al Estado español, su día a día se basa en buscarse la vida de la mejor forma que puede.
Cabe destacar que la inmensa mayoría de los migrantes recluidos en estos centros no han cometido delito alguno, tan solo una falta administrativa. “Se les priva de libertad por el único hecho de migrar”, señala Adrián Vives
Josué, un peruano de 38 años, estaba interno en el CIE de Madrid junto a Yasin cuando se llevó a cabo la protesta. En una situación administrativa irregular, el migrante trabajaba de repartidor sin contrato hasta que le paró la Policía. Ahí empezó su calvario: “Pasé por Extranjería, en Aluche, donde nos dicen que si no colaboramos con ellos las cosa puede ir a peor. Más tarde me llevaron a la comisaría central de Moratalaz, testifiqué ante el juez a las seis de la tarde y ya a las nueve llegué al CIE. La primera noche la pasé en aislamiento porque no había servicio sanitario para que me valoraran. Hasta el domingo a las tres de la tarde, desde el viernes que me detuvieron, no me pude duchar. Eran unas condiciones de aseo personal mediocres”, relata el antiguo interno.
“Dejé de ser Josué para pasar a ser el número 296. Me arrebataron mi identidad entre esas paredes”, explica. Guarda un agrio recuerdo de lo que ha presenciado mientras vivía retenido: “Todos sufrimos comentarios racistas por parte de la policía, pero los árabes mucho más, sobre todo si no hablan castellano. Son los que más sufren maltrato, tanto físico como verbal”, narra el peruano.
El 2 de abril fue liberado del Centro de Internamiento, desde donde se dirigió a casa de su novia, donde están los dos empadronados. “El 8 de mayo vuelvo a trabajar de repartidor y, aunque me arriesgo a que me paren otra vez, tengo que salir para ganarme la vida como sea”, declara. En su caso, trabajará un par de horas al día por poco más de 6 euros la hora repartiendo comida de un restaurante.
En el caso de que le paren, Josué aclara que irá con la hoja que le dieron al salir del CIE: “Les diré que no tengo papeles, que no tengo permiso de residencia y si me quieren arrestar que lo hagan, pero yo no estoy robando a nadie”, enfatiza. Cuestionado por cómo se encuentra, responde que la ansiedad y los nervios le empiezan a pasar factura. “Pienso dejar este domicilio antes de que se levante el estado de alarma; nos mudaremos sin comunicarlo para que no me encuentren cuando vengan a por mí”, finaliza el recién liberado.
Tal y como explicita Vives, la principal demanda de los colectivos sociales es la regularización inmediata de estas personas que ahora mismo se encuentran en un paréntesis de sus vidas: “Los migrantes acogidos por ONG están bien atendidos y los que han podido retornar a sus casas experimentan un periodo de transición similar o peor que si acabaran de salir de una cárcel, pero todos ellos se muestran temerosos sobre qué les va a ocurrir los próximos días dada su situación administrativa”.
Cabe destacar que la inmensa mayoría de los migrantes recluidos en estos centros no han cometido delito alguno, tan solo una falta administrativa. “Se les priva de libertad por el único hecho de migrar”, continúa el activista valenciano.
“Los CIE están vacíos, pero no cerrados . El racismo estructural que impera en el Estado español y que aplica el Gobierno en sus políticas migratorias va a seguir existiendo”, concreta el activista.
Yasin no duda en denunciar la situación que estos internos tienen que soportar día tras día: “Yo hacía de intérprete porque no había ninguno. La barrera lingüística causa muchísimas complicaciones en el centro, situaciones que acaban de la forma más desagradable posible. Muchos de mis compañeros se metían en líos porque no entendían la orden que les daba el policía, así que si no lo entienden a la primera le empiezan a gritar, como si eso te hiciera aprender un idioma de repente, y si sigue sin hacer lo que le manda, muchas veces podían llegar a agredirle físicamente”, narra este antiguo interno del CIE de Madrid. En este sentido, Yolanda Corrales, activista de CIES NO en la capital, afirma que estos centros son peores que las cárceles, argumentando que en las prisiones trabajan funcionarios cualificados, pero en los centros de internamiento únicamente interactúan policías sin formación para ello.
Ella misma explica que desconocen el criterio seguido para liberar a unos internos antes que otros: “Ha habido casos de internos que les han soltado a altas horas de la tarde, sin dinero porque las visitas se habían cancelado mucho antes, y no podían volverse a sus ciudades, así que tuvieron que dormir en la calle cuando no estaba permitido”, relata la activista. Ella misma pone la vista en el futuro cuando agrega que ya han ido avisando a todos los migrantes de cara a que estén preparados porque cuando se levante el estado de alarma el Estado volverá a programar vuelos de deportación. En el caso concreto de Madrid, de 284 plazas que había disponibles, al inicio de la pandemia eran 160 las personas internas, las mismas personas sobre las que sigue pesando una orden de expulsión o devolución.
Yasin es claro cuando habla de él mismo: “Tengo miedo a que dentro de veinte días la policía se presente en mi casa buscándome; por eso no estoy en el domicilio que figura en mi padrón”, relata justo antes de señalar que nunca antes se había visto en una situación así. “Es lo peor que me puede pasar”, sentencia.
La situación en la que se encuentran todos estos internos cuando son liberados, pues no pueden permanecer encerrados en los CIE más de 60 días por cada proceso de deportación, es descrita como un “limbo jurídico”, según comenta Corrales: “Cuando salen han perdido las habitaciones que alquilaban, al igual que los pocos trabajos con los que se financiaban. Por un lado no tienen papales y por eso no les dan trabajo y, precisamente porque no tienen trabajo, tampoco pueden acceder a un permiso de residencia”.
En estos momentos, la preocupación de los movimientos sociales antirracistas se centra en el sentir general de los recién liberados. Según Diego Paz, activista de SOS Racismo en Madrid, ahora todos los esfuerzos se centran en saber qué pasará y cómo se actuará de cara a la búsqueda que la brigada de extranjería de la Policía Nacional realizará sobre los migrantes que han dado sus datos a los servicios sociales buscando ayuda. Corrales aporta algo de luz a la situación: “En el caso de que vuelvan a por ellos, no podrían internarles en el CIE de nuevo con la misma orden de deportación, así que o les expulsan del país de forma exprés, antes de que transcurran 72 horas tras su detención, o tendrían que abrirles un nuevo expediente”.
Vives, desde Valencia, incide en que el Ministerio del Interior no ha llegado a dar ninguna orden relativa a la liberación de los internos y que esta situación tan solo se ha producido por la emergencia sanitaria: “Los CIE están vacíos, pero no cerrados . El racismo estructural que impera en el Estado español y que aplica el Gobierno en sus políticas migratorias va a seguir existiendo”, concreta el activista.
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