El Ayuntamiento retoma los derribos en Cañada Real y echa abajo cuatro casas del Sector 6

Después de seis años de corte de suministro, “la estrategia para destruir Cañada se intensifica con estos derribos”, denuncian desde la campaña ‘Cañada se queda’

Un operario durante los trabajos de derribo de una de las casas de La Cañada, el lunes pasado / Patricia Aranguren

Cuatro viviendas fueron demolidas este lunes en el sector 6 de la Cañada Real Galiana, en una actuación del Ayuntamiento de Madrid que ha generado protestas vecinales. A primera hora, los vecinos recibieron la visita de las excavadoras que echaron abajo cuatro casas, dos de ellas habitadas (una, por una pareja joven; otra, por una familia con niños). Decenas de personas se han concentrado para intentar detener los derribos, pero los vecinos afectados han quedado finalmente en la calle sin que se les haya ofrecido, en ese momento, alternativa habitacional.

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Aunque el Gobierno municipal sostiene que se trata de “infraviviendas vacías” y que las actuaciones “se realizan con todas las garantías”, los testigos contradicen esa versión. En ambos casos, las familias que residían en las viviendas habían recibido aviso de que se produciría el derribo. “Nos habían avisado hace un par de meses de que la iban a derribar”, cuenta el joven que residía en una de las casas junto a su pareja. Las excavadoras destruyeron la pared frontal, lo justo como para dejarla inhabitable, dejando los escombros. Durante el derribo, se temió que la casa colindante sufriera desperfectos: “Es la casa de mis padres de siempre, la construyeron ellos”, dice el joven. Ahora, su única alternativa es alojarse temporalmente en esa casa e intentar reparar el destrozo producido por las excavadoras para volver a habitar la suya.

Las casas adyacentes a las viviendas derribadas también han quedado afectadas, sufriendo cortes de agua sin previo aviso. La vecina de una de las casas confirma que no tiene agua corriente desde el momento de la demolición. “Tenemos una bomba grande de agua pero tampoco funciona”, dice. Esta misma mujer, que estuvo presente durante las demoliciones, relata que la policía ha mostrado una actitud muy agresiva, golpeando las puertas no con la mano sino con la porra, llamando a gritos a los inquilinos y dando patadas.

Patricia Aranguren

Familias sin agua ni luz

Desde la asociación Tabadol, de mujeres del sector 6, confirman que han sido cinco casas afectadas por el corte de agua desde los derribos. “Sin agua, sin luz, sin servicios básicos, sin una vivienda digna, sin condiciones de vida dignas. No pueden beber, cocinar, lavar a sus hijos o hijas, es inaceptable. Esto no es un accidente, es consecuencia directa de los derribos”, denuncia Houda Akrikez, de Tabadol, en sus redes sociales.

Asegura que el Ayuntamiento de Madrid conoce la situación porque desde su asociación se pusieron en contacto con el comisionado del Ayuntamiento. “Su respuesta fue que sean las propias familias afectadas las que le escriban para pedir agua. Familias que están en una situación límite tienen que demostrar una vez más que tienen derecho a algo tan básico”, dice. Considera que es “una forma de desentenderse, es trasladar la carga a quienes ya están sufriendo las consecuencias de un abandono institucional constante”.

Tabadol y los colectivos agrupados en la campaña “Cañada se queda”, varios de cuyos miembros han estado presentes en los derribos, denuncian en un comunicado que, durante la operación, el desmontaje de la uralita se ha hecho sin las medidas de precaución necesarias, y que los escombros han quedado en el lugar que ocupaban las casas, ocupando la vía pública, dificultando la movilidad a los vecinos y añadiendo peligrosidad a una zona donde juegan niños y niñas. Este colectivo denuncia que los derribos vulneran el marco acordado en 2011 (la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana), según la cual no deben ejecutarse derribos de viviendas habitadas sin garantías legales ni una solución de realojo.

Antecedentes: un pacto para desmantelar el Sector 6

Derribos como los de esta mañana se enmarcan en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, un acuerdo que firmaron en mayo de 2017 la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos implicados (Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada) y el Gobierno Central. En él se buscó una solución para los seis sectores de la Cañada y, entre otras medidas, se decidió regularizar el Sector 1. En cuanto al Sector 6, el más amplio y habitado, en aras de “garantizar unas condiciones de vida dignas para las familias” y considerando no tenía condiciones mínimas de habitabilidad, se planteó no su regularización, sino su desmantelamiento progresivo acompañado de programas de realojo para la población que cumpla los requisitos establecidos. El proceso se inició en 2018.

Una de las condiciones para los realojos es poder demostrar una residencia en Cañada anterior a diciembre de 2011. Desde Tabadol calculan que el realojo no va a llegar más que a un 20% de las familias, y critican que las obliga a instalarse en pueblos a varios kilómetros de Madrid donde quedan aisladas de sus redes familiares y vecinales. Denuncian que el Pacto Regional no contó con la voz de todos los vecinos y vecinas y también un abandono institucional que lleva al Sector 6 a cumplir el sexto año sin suministro eléctrico.

En el comunicado publicado con motivo de las demoliciones, las asociaciones opinan que “el plan urbanístico de ampliar Madrid por el suroeste no busca la mejora de las condiciones de vida de las familias de Cañada, sino que pone de manifiesto la finalidad de obtener un beneficio económico cada vez mayor en el negocio de la vivienda”. Eso implica “acabar con este barrio histórico nacido de la autoconstrucción y la comunidad”. Creen que después de seis años de corte de suministro, “la estrategia para destruir Cañada se intensifica con estos derribos”, e instan a construir “la fuerza colectiva para defender el territorio contra la fuerza depredadora que quiere un Madrid solo para unos pocos”.

En esa línea, las mujeres de esta asociación se organizan más intensamente, junto a las asociaciones la Laboratoria y la Plataforma de Afectados (PAH) de Vallecas, desde octubre de 2025, cuando varias de ellas recibieron cartas de derribo y desalojo. En algunas de estas cartas está la firma del jefe de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, el mismo funcionario que fue inhabilitado en 2025 por un derribo ilegal en Cañada Real. Santos ha sido reconocido por los vecinos durante la mañana de los derribos acompañando a policías, antidisturbios, operarios de las excavadoras y personal del Comisionado y del Ayuntamiento de Rivas, e increpando a varios vecinos, según los testigos.

Patricia Aranguren

Cuesta arriba pero sumando victorias

Las asociaciones que componen la campaña ‘Cañada se queda’ insisten en que la justicia las está dando la razón. Recientemente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid suspendió la orden de demolición de dos viviendas considerado la “irreparabilidad del perjuicio” que ocasionaría el derribo para sus dos vecinas.

En otra sentencia reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a un vecino cuya vivienda, construida hace veinte años en la Cañada, había recibido una orden de desalojo previa a su demolición por parte del Ayuntamiento de Madrid, al considerarla una infravivienda en suelo no urbanizable. Al cambiar la Administración la causa (de obras ilegalizables a uso ilegal del suelo) sin dar audiencia al interesado sobre este nuevo motivo, le generó indefensión. El Tribunal consideró que la orden era nula de pleno derecho porque se dictó “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal”.

Como resultado, aunque la sentencia no legaliza la vivienda, anula la orden de desalojo por defectos en el procedimiento, algo que valoran desde ‘Cañada se queda’ como precedente favorable. “Podemos empezar a hablar de que las casas en Cañada no son ilegales, que es lo que siempre se dice”, interpretan desde la PAH Vallekas. “Y empezar a hablar no de asentamiento ilegal, sino de un barrio cuya situación debería ser legalizada, dejando las viviendas fuera de ordenación o cediendo los terrenos a las familias”.

Fuente: Diana Moreno – @dianamorenog.bsky.social‬ en elsaltodiario.com

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