Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid apunta que lo que se pretende con este anteproyecto de Ley del Suelo y Ordenación del Territorio es la supresión de controles públicos y municipales, para impulsar la instalación dispersa en el territorio de algunas iniciativas de los grandes capitales, como los Centros de Procesamiento de Datos, universidades privadas, polígonos fotovoltaicos, grandes centros logísticos, etc., en lo que denominan un “urbanismo a la carta”, como el que se vivió con la fracasada ciudad del juego (Eurovegas) que es contrario al concepto de Ordenación del Territorio
La organización subraya que se utiliza el problema de acceso a la vivienda de amplios sectores de la población, fundamentalmente las personas jóvenes, la población migrante y los sectores más desfavorecidos, como coartada para facilitar el negocio inmobiliario incentivando la construcción de viviendas que no van dirigidas a esos sectores.
En este sentido se posicionan a favor de que se legisle para hacer que las más de ciento ochenta mil viviendas vacías todo el año que hay en la Comunidad de Madrid, según datos del INE, sean habitadas, por la reducción drástica de los pisos de alquiler turístico, para facilitar la rehabilitación de viviendas y edificios, para impedir la compra de viviendas por extranjeros no residentes, especialmente por los fondos buitre de capital internacional, para restringir la acumulación de viviendas por empresas y particulares y para limitar los precios de alquiler y reforzar los derechos de los inquilinos e inquilinas. Rechazan las Viviendas de Protección Pública (VPP) que consideran una falsa solución, por ser viviendas de promoción privada sujetas al mercado que, además, solo son accesibles para rentas medio-altas, por los altísimos precios que para ellas ha establecido el gobierno de la Comunidad de Madrid y que llegan hasta cerca del medio millón de euros.
Se pronuncian por la creación de un parque público de viviendas en alquiler social, como la única política que permitiría paliar el problema de la vivienda para las personas jóvenes, migrantes y más necesitadas, y por la necesidad, para este fin, de incluir en la nueva Ley el incremento de las cesiones a los Ayuntamientos y al gobierno regional de suelo en las promociones inmobiliarias en marcha, revirtiendo los recortes de estas cesiones que se han venido dando en los últimos años.
Señalan también que en la legislación autonómica existe desde el año 1995 la obligación de que el gobierno regional elaborara una planificación del territorio, pero que no se ha querido hacer y se ha preferido mantener e impulsar un crecimiento inmobiliario caótico y especulativo para, aseguran, favorecer los negocios inmobiliarios, “en esa lógica de relación entre el entramado político y el inmobiliario que se ha configurado en nuestra Comunidad”, por lo que manifiestan no creer en los propósitos de este gobierno respecto a poner en marcha una planificación del territorio, menos aun cuando, entienden, se pretende una mayor desregulación del urbanismo.
Reprochan al gobierno de la Comunidad de Madrid no haber actuado con transparencia, al no haber facilitado el borrador del Anteproyecto de Ley sobre el que se realiza la consulta. Se ha publicado únicamente una escueta Memoria que cabe en tres páginas y en la que, según la organización ecologista, “solo aparecen frases propagandísticas y la repetición de mantras neoliberales de reducción de los controles de legalidad a través de lo que denominan flexibilización, simplificación y agilización. Mientras que sí han sido transparentes hacia las grandes empresas inmobiliarias explicándoles reiteradamente el propósito de facilitarles sus ganancias, en varios encuentros realizados y en publicaciones del gobierno autonómico”.
Denuncian que los retrasos en la aprobación de los instrumentos urbanísticos se deben fundamentalmente a que los poderes políticos y el poder inmobiliario, “presentan planes que intentan burlar de manera burda la legislación, para favorecer las plusvalías y los pelotazos, por lo que en muchos casos son rechazados por los organismos de la Comunidad de Madrid o por los tribunales que, en numerosas ocasiones, han fallado a favor de las demandas de Ecologistas en Acción”.
La organización señala que en esa Memoria “se comienza mintiendo cuando se dice que el crecimiento demográfico de la Comunidad de Madrid supera las cien mil personas anuales”, y lo contrastan con los datos de los últimos veinte años del propio Instituto Madrileño de Estadística, además subrayan la fragilidad de basar las políticas públicas en la demografía, sujeta a múltiples condicionantes coyunturales, estructurales y de la lógica de los ciclos y crisis económicas.
Para Ecologistas en Acción, el territorio de la Comunidad de Madrid hace muchos años que ha sobrepasado su capacidad de carga ecológica, por lo que lo que plantea el gobierno regional, en la lógica de llevar la población hasta diez millones de habitantes, se enmarca en la práctica negacionista de los límites biofísicos del crecimiento indefinido y de la necesidad de afrontar los problemas que enfrentamos el conjunto de la humanidad en este siglo. Una propuesta que, de llegar a darse, entienden provocaría problemas irresolubles y deterioraría aún más la calidad de vida de las personas que habitan en la Comunidad de Madrid.
La organización afirma que se pretende generar una legislación que, aun proclamando la ordenación del territorio y una visión de futuro, e incluso la protección del medio natural, la participación ciudadana y la autonomía municipal, trata simplemente de abrir huecos para algunas docenas de negocios a corto plazo, especialmente para grandes capitales del exterior y fondos buitres internacionales, como los que están detrás de los Centros de Procesamiento de Datos, los macro polígonos fotovoltaicos, las universidades privadas, el tendido de más líneas eléctricas por todo el territorio, la compra masiva de viviendas por fondos buitre y bancos, el negocio rentista del alquiler, etc., continuando, ahora con lo que denominan el modelo de “urbanismo a la carta” y a corto plazo, que tendría como consecuencia la extensión del desorden en un territorio tan saturado y castigado como es el de la Comunidad de Madrid, e hipotecando su futuro, que es el futuro de las personas que aquí viven.
Denuncian que son absolutamente falsas las reiteraciones de que falta suelo urbanizable en la Comunidad de Madrid, señalando que tiene esa consideración de suelo en el que se podría construir, desde la Ley del Suelo vigente (aprobada en el año 2021) más del veinte por ciento de la superficie de la región (en torno a 200.000 hectáreas, que son dos mil millones de metros cuadrados) al que hay que sumar el suelo urbano no construido, los solares, etc., lo que configura una enorme bolsa de suelo que de llegar a urbanizarse permitiría la construcción de en torno a cinco millones de viviendas que podrían albergar unos quince millones de personas más, algo que consideran totalmente disparatado, por lo que plantean que la legislación urbanística debe revertir esa situación, devolviendo la consideración de Suelo No Urbanizable a estos suelos, para favorecer el mantenimiento de la superficie de uso rural y del suelo natural, poniendo fin a la continua destrucción del suelo vivo.
Para la organización esta ley olvida también las repercusiones económicas del escenario de emergencia climática en el que hemos entrado por el calentamiento global, la crisis del modelo energético basado en los combustibles fósiles (su progresivo encarecimiento y su dificilísima sustitución en el marco de este sistema) el aumento de los costes de los materiales de construcción, la escasez de trabajadores/as especializados en la construcción, el encarecimiento de los metales, de los alimentos y productos agrícolas, del extractivismo, etc., y las crecientes incertidumbres económicas y políticas.
Consideran que nos encontramos ante un territorio madrileño que ha visto producirse la pérdida, degradación y fragmentación del suelo agrícola y forestal, convertido en desarrollos residenciales, industriales o comerciales dispersos e infraestructuras, y que tal degradación no hace más que agravar el contexto de crisis climática en el que nos encontramos.
Según Ecologistas en Acción el principal reto de la Comunidad de Madrid no es el crecimiento de la población, ni el crecimiento económico, ni mucho menos asegurar el lucro de los capitales inmobiliarios y de sus valedores, sino mantener el suelo vivo, la calidad de vida de la población, reducir la insostenible hipermovilidad en vehículos privados, recuperar para uso rural suelos urbanizables, renaturalizar suelo deteriorado, mantener los corredores ecológicos, los cursos fluviales, la calidad del aire, el paisaje, el patrimonio cultural, la vida de vecindad, renaturalizar también los cascos urbanos, desasfaltar y favorecer los refugios climáticos, disminuir la contaminación química, sonora, lumínica, etc.
Recuerdan que el suelo es un recurso finito y escaso, sobre el que se asienta la vida, nuestra vida, y que es imprescindible cuidar y preservar, también para las futuras generaciones.
Fuente: ecologistasenaccion.org
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