Debido a los recortes del PP a las renovables, España pagará 1,6 millones al bufete de Sáenz de Santamaría

Una de las principales responsables de lo ahora demandado es quien se está lucrando de las demandas.

España tendrá que pagar 1,5 millones en concepto de honorarios del despacho de abogados Cuatrecasas por su labor de asesoría al inversor OperaFund, y 95.670 euros por los trabajos del mismo bufete en el caso NextEra, por el recorte del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las renovables. En total, debe reembolsar a los inversores solo en honorarios del despacho 1,6 millones de euros, tal y como se desprende de los laudos que resuelven ambos casos, analizados por Público.

Llama la atención que Cuatrecasas es el despacho en el que trabaja la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy,  Soraya Sáenz de Santamaría, número dos del Ejecutivo cuando salió adelante la reforma energética por la que han demandado estos inversores. Por lo tanto, una de las principales responsables de lo ahora demandado es quien se está lucrando de las demandas.

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El bufete asegura haber dedicado al caso 5.277 horas de trabajo, y cobró entre 150 y 575 euros por hora de trabajo hasta 2018. La tarifa subió en 2019, para facturar entre 200 y 600 euros por hora. En total, requirió el pago de 2.006.670 euros, de los que el demandado debe sufragar el 75%.

Hoy por hoy, hay seis causas abiertas en las que el inversor cuenta con los servicios de este bufete, y en total reclaman más de 1.334 millones al Estado, por lo que se espera que los bolsillos de Sáenz de Santamaría sean de nuevo llenados con el dinero de todos los españoles.

España, en total, debe pagar 7,1 millones de euros a los dos inversores por sus gastos. Ha sido condenada a cubrir hasta el 75% del importe desembolsado por ambos

En lo que va de año, han condenado a España en tres ocasiones por el recorte del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las renovables, por lo que el Estado deberá pagarles casi 260 millones como indemnización. También deberá correr con la mayoría de los gastos en los que estas empresas sostienen haber incurrido durante los años en los que han estado abiertas estas causas. Fuente: contrainformacion.es

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