Si varias generaciones quedan excluidas de la vivienda, antes o después, la explosión es inevitable
Al principio de los años 2.000, en plena burbuja inmobiliaria, circulaba este meme:
«Escribo desde el año 2050. Para poder pagar una vivienda nos hemos juntado una dentista, un notario, una ingeniera y un oncólogo».
Unos años después la burbuja explotó y miles de personas perdieron sus viviendas por que no podían pagar las hipotecas y/o haber perdido su trabajo. Pasada otra década, los precios empezaron a repuntar y la distopía se parece cada día más a la realidad.
En 2013 el gobierno de Rajoy reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos excluyendo de su ámbito el vacacional dejando su regulación en las Comunidades Autónomas
Son diversos factores, pero las claves se pueden señalar a través de algunas consignas de las derechas:
¿Los inmigrantes tienen culpa en el aumento del precio de los alquileres o son otras víctimas más?
La falacia se construye con el argumento de que, a mayor demanda, menos oferta y eso incrementa los precios. ¿Es así? ¿Quiénes son actualmente los clientes mayoritarios de los caseros? Notoriamente la mayor presión, con diferencia, es el alquiler vacacional frente al residencial. Este cuadro de Housing Europe (Fuente “Ser” y “elEconomista.es”) de fecha reciente nos lo aclara:
Si nos remontáramos una docena de años atrás, en 2014 estas cifras serían cercanas a cero, a casi nada. Es decir, la tensión en el mercado de alquiler la produce exponencialmente el turístico. Las víctimas son los que las necesitan para vivir, inmigrantes o no. Los especuladores se lucran de esta tendencia. El crecimiento de esa corriente resulta imparable salvo que se adopten medidas drásticas.
Los planes urbanísticos diferencian entre uso «residencial» y «terciario» y es en este último donde tiene cabida el hospedaje, junto con otros servicios, residencias de estudiantes o de mayores, además de oficinas, ocio, restauración, etc.
Entonces,¿Por qué se está permitiendo que el «residencial» sea invadido por el hospedaje? En 2013 el gobierno de Rajoy reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos excluyendo de su ámbito el vacacional dejando su regulación en las Comunidades Autónomas y generando un vacío legal por donde se coló esto coincidiendo con la eclosión de las plataformas inmobiliario-turísticas en las redes. Al principio manga ancha, dejación de funciones, excepción que se convierte en regla. Y ya, convertido en un enorme mercado estratégicamente, por exigencias de la oligarquía inmobiliaria.
La gente que consigue una vivienda es para habitarla. Esta es la realidad a proteger y a la que las élites del mercado inmobiliario ponen palos en las ruedas a través de sus representantes políticos de las derechas
Construir más. ¿Con mayor oferta bajan los precios?
Esta letanía ya se demostró falsa precisamente en la década prodigiosa de 1998 a 2008 en la que se construyeron unas 560.000 viviendas cada año, cerca del doble de lo que se consideraba necesario para reposición familiar. La cantinela de «más viviendas, menores precios» justificó la Ley de Suelo de 1998 del gobierno de Aznar. Cualquier terreno era urbanizable salvando pocas premisas. Se construyó tanto que el meme anterior tuvo segunda parte y nos volvieron a escribir desde el año 2050: «Los agoreros que dijeron que la burbuja explotaría se equivocaron se siguió construyendo al mismo ritmo. Como el terreno se acabó se construye bajo el mar. No sirven para vivir, pero ¡qué más da!, son para inversión».
¿Y con tantísima vivienda qué pasó con los precios? Lo contrario de lo que dijeron. Se produjo el mayor boom inmobiliario «el actual va camino de alcanzarlo», los precios subieron cerca de un 200% en la década (Fuente: Banco de España y BBVA).
Por eso la formula no es construir sin control, sino construir lo necesario en las zonas tensionadas y sobre todo con medidas de protección.
La vivienda protegida también se jodió
En esos años de promoción salvaje al menos la vivienda protegida suponía entre un 15% y un 20% (cien mil iniciadas/ciento cincuenta mil terminadas). A los tiburones inmobiliarios eso les suponía un desperdicio e iniciaron una campaña de desprestigio, acoso y derribo de «la protegida». Utilizaron casos puntuales para que en la sociedad fuera calando que estas eran un nicho de especulación. Algo así como si con el desempleo se dijera que como hay casos que trabajan en negro, hay que quitarlo para todos. En la vivienda lo consiguieron en gran parte, pero se encontraban con la dificultad de que los anteriores planes urbanísticos establecían un cupo obligatorio de suelo destinado a vivienda protegida. La solución la marcó el gobierno de Esperanza Aguirre sacando el Plan de Vivienda Joven que posibilitó a los promotores privados construir vivienda protegida para alquiler destinada a menores de 35 años. Cumplidos siete años de alquiler podrían comprarlas, en caso de no hacerlo los promotores quedaban autorizados para venderlas en el mercado libre. Por medio subieron los precios autorizados para la vivienda protegida con lo que, al vencimiento en plena crisis económica, las de los inquilinos que no pudieron afrontar la compra acabaron en manos de los fondos buitres desencadenándose los desahucios.
Durante la crisis, en los años críticos, de más de 500.000/año, caen en picado hasta 35.000 en 2013 y parecido en 2014, reputando paulatinamente en los siguientes. De estas, ¿cuántas protegidas?: entre un 3% y un 5% de media en la década (Fuente: Funcas: Informe VP 1981/2022), es decir en 2013 y 2014 la ridiculez de 1.700 viviendas cada uno.
En los últimos años desde el 2020 al 2025, con un total de 700.000 iniciadas en la década, las protegidas solo representan el 12,8%. Sin duda consiguieron buena parte de su objetivo: dar un gran bocado a las protegidas a favor de las libres.
Acabo con un dato antagónico con el mantra interesado de que la vivienda protegida es especulativa. Vitra, la cooperativa de viviendas que impulsó CCOO, contrarrestando la campaña difamatoria contra la vivienda protegida, encargó una encuesta a través de una agencia independiente. La consulta fue sobre el total de las familias que habitaban en viviendas promovidas por la cooperativa (a lo largo de su trayectoria Vitra desarrolló unas 35.000 viviendas). El resultado de la encuesta fue que cerca del noventa por ciento seguían viviendo en ellas. Hay que contar que del otro diez por ciento una parte habría cambiado de casa al modificarse pasados los años el número de unidad familiar o por cambio de ciudad por destino de trabajo u otros. La gente que consigue una vivienda es para habitarla. Esta es la realidad a proteger y a la que las élites del mercado inmobiliario ponen palos en las ruedas a través de sus representantes políticos de las derechas, deudos de aquellos, impidiendo legislar como ha sucedido estos días atrás en el Congreso.
Fuente: Pablo Fernández-Miranda fue profesor colaborador en el Máster de Política Territorial de la Universidad Carlos III. Ha trabajado durante cuarenta años en materia de vivienda protegida y cooperativismo en nuevatribuna.es
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