Ayuso dará más dinero a los centros concertados que extiendan el bilingüismo pero no a los colegios públicos

Los colegios concertados que amplíen el bilingüismo al segundo ciclo de Infantil recibirán más financiación para sufragar gastos de formación de personal, mientras las escuelas públicas deberán hacerlo a coste cero

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, de cara al próximo curso escolar, prepara las bases para extender el programa de bilingüismo en el segundo ciclo de Educación Infantil. Y lo está haciendo de una manera desigual, tal y como adelantan desde CC OO a El Salto. Y es que, la consejería, y mediante un decreto ad hoc, pretende inflar la financiación de los colegios concertados para sufragar los gastos derivados del incremento de personal, materiales didácticos y formación del profesorado. Sin embargo, en la orden 1120/2022 de mayo del pasado año, en la que se regula la extensión del programa bilingüe al segundo ciclo de Educación Infantil en todos los colegios públicos, no hay ni rastro de un incremento presupuestario para estos menesteres.

Para Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CC OO Madrid, esta decisión se inserta en un contexto en el que la administración de Isabel Díaz Ayuso intenta favorecer este tipo de enseñanza, “dando más dinero al que más tiene”, denuncia, mientras recuerda que, en términos globales, en la pública se escolariza el alumnado más vulnerable y las familias con más nivel adquisitivo son las que recurren a los centros concertados.

Desde CC OO denuncian la desigualdad en la ampliación de este programa, al margen de mantener fuertes discrepancias con el modelo bilingüe

Desde su organización, que este martes ha elevado un voto particular en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, denuncian la desigualdad en la ampliación de este programa en 377 colegios públicos y 222 concertados, al margen de mantener fuertes discrepancias con el modelo bilingüe.

Más dinero para la concertada

Tal y como se refleja en el artículo cuatro de la propuesta de orden de la Consejería de Educación para los colegios concertados, a la que ha tenido acceso El Salto, se prevé un aumento de financiación para los centros aplicando, “por cada unidad escolar concertada de segundo ciclo de Educación Infantil en la que se implante enseñanza bilingüe, un coeficiente de 0,077 al concepto “Otros Gastos” del módulo económico del concierto educativo” con el objetivo “de cubrir los gastos correspondientes al auxiliar de conversación, la adquisición de material didáctico, la formación del profesorado y los gastos generales de funcionamiento de esta enseñanza”.

Antes de esto, en el artículo tres se establece la obligatoriedad de la instauración de la figura de “auxiliares de conversación” con una dedicación mínima de una hora semanal en cada grupo de alumnos. Se especifica además que los centros deberán disponer de un mínimo de un auxiliar de conversación por cada 18 unidades concertadas de segundo ciclo de Educación Infantil en las que se haya implantado este programa.

En la orden para los colegios públicos no hay ni rastro de un incremento de financiación de manera explícita para incremento y formación de profesorado

Mientras, en la orden 1120/2022 para los colegios públicos no hay ni rastro de un incremento de financiación de manera explícita para formación de profesorado. Tan solo se recoge en el artículo 10 que “dependiendo de la dotación de auxiliares de conversación con la que cuente cada colegio público bilingüe de Educación Infantil y Primaria, la dirección general competente en materia de bilingüismo valorará la necesidad de incrementar esta dotación para poder atender debidamente las necesidades de apoyo en la etapa de Educación Infantil”. Afirmación que no concreta horario ni ratio alguna, “dejando este asunto en el limbo de lo indefinido, lo que refleja una ausencia de compromiso de la Comunidad de Madrid con los centros públicos”  tal y como valoran desde CC OO en el voto emitido.

Así y en lugar de un incremento de financiación para sufragar los gastos de formación del profesorado, la orden obliga a que los maestros que deseen acceder a puestos bilingües a través del procedimiento de concurso de traslados deberán estar en posesión de la habilitación lingüística en lengua inglesa.

En general, según valoran desde CC OO en todos los centros públicos que han aplicado el bilingüismo, se quejan de falta de medios y presupuesto, “cuyo compromiso no está plasmado en ninguna norma, sino que queda en el ámbito de la discrecionalidad”.

Imposición del bilingüismo

Una desigualdad que desde CC OO quieren señalar además de incidir en que no comparten el modelo “impuesto”. Así el pasado 22 de enero de 2022 este sindicato emitía otro voto particular en el seno del Consejo Escolar donde denunciaban la extensión del programa de bilingüismo en el Segundo Ciclo de Infantil, de manera unilateral y en ausencia de consulta a la comunidad educativa, siendo “una aberración pedagógica” en alumnos y alumnas de temprana edad que aún no dominan la lengua materna.

Todo ello, aseguran, en una etapa como lo es la Educación Infantil “que no va a contar con las maestras y maestros habilitados necesarios y con la especialización debida”, en “ausencia de análisis y evaluación alguna” y en detrimento “de las condiciones laborales del profesorado que se va a ver desplazado”, así como una “merma en la calidad de la enseñanza en una etapa fundamental”.

Por ello, el voto particular acaba con un rechazo frontal a este proyecto, solicitando a la Consejería de Educación, “que asuma sus responsabilidades, analice y evalúe debidamente el programa bilingüe y las consecuencias de su aplicación en la Educación Infantil con la participación efectiva de la comunidad educativa”.

Fuente: Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com
Foto: Libros de texto en inglés | David Sabadell

sp

Fuente: Fátima Caballero en eldiario.es

El Gobierno recurre en los tribunales las trabas de Ayuso contra la ley educativa

El recurso contencioso-administrativo es sobre los requisitos que el Gobierno regional ha fijado para la promoción y obtención de los títulos de ESO y Bachillerato

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado un recurso contencioso-administrativo en contra de las trabas que la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso está poniendo en la implementación de la ley educativa LOMLOE aprobada por el Congreso en diciembre de 2020. En concreto, el recurso se centra en los requisitos que el Gobierno regional ha fijado para la promoción de curso y la obtención del título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, que endurecen la norma estatal, algo que para la administración central vulnera la ley, ha adelantado El País y confirmado elDiario.es.

La LOMLOE no establece ninguna mayoría cualificada del profesorado para la obtención de estos títulos y la promoción de los cursos en caso de materias suspendidas, sino que deja en manos del profesorado esta decisión. Para ESO, no hay límite de suspensos, mientras que para Bachiller puede pasarse al segundo curso con dos materias suspensas, si así lo decide el profesorado, y se puede obtener el titulo con una suspendida.

La Comunidad de Madrid ha decidido endurecer esos requisitos fijando un mínimo de acuerdo por parte de dos tercios del profesorado para que el alumno pueda promocionar de curso con alguna asignatura suspensa y obtener el título en el caso de la ESO y una mayoría de cuatro quintos para el título de Bachiller. Para el Ministerio de Educación esto puede contravenir la normativa estatal por lo que requirió explicaciones al Gobierno regional que no fueron contestadas.

“Cuando la Comunidad de Madrid aprobó el decreto de desarrollo de la ESO y Bachillerato, la Alta Inspección, que actúa siempre de oficio cada vez que se aprueba una norma legal en cualquier comunidad autónoma, advirtió que había dos aspectos en los decretos que podían contravenir la Lomloe”, explica el Miniaterio de Educación a preguntas de elDiario.es .

“Los servicios jurídicos del ministerio lo valoraron, llegaron a la conclusión de que evaden la ley, se les envió un requerimiento como corresponde. Ellos no respondieron (respondieron formalmente, pero no entraban en la cuestión, no hubo negociación) y vencido el plazo se fue al contencioso administrativo. Ellos tienen que presentar sus argumentaciones ahora y los tribunales determinarán si contraviene la normativa básica o ellos tienen razón”, añaden.

Recurso del Gobierno de Ayuso

Pero la batalla judicial a escasos meses de las elecciones por la ley educativa es en las dos direcciones. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, anunció hace unas semanas el recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de Bachillerato aprobado por el Gobierno central en el marco de la nueva Ley educativa estatal (LOMLOE), al considerar que tiene “una falta de contenidos o saberes esenciales y también una elevada carga ideológica en el texto” por utilizar términos como “sostenibilidad” o “igualdad de género”, según defendió el vicepresidente, consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, en rueda de prensa.

Ossorio explicó que en ese momento se presentó el escrito especificando la disposición impugnada y, una vez recibido, el Supremo le pidió al Ministerio de Educación “el expediente de tramitación” de todo el decreto. Este se trasladó a la Comunidad de Madrid, que lo estudió con detenimiento, y este mismo lunes presentó el recurso como tal ante el Alto Tribunal.

Dicho recurso está motivado por “la ausencia de contenidos básicos, así como en la elevada ideología incluida por el Gobierno de España en la redacción de la normativa”. Por ejemplo, según han señalado desde el Ejecutivo madrileño, “algunos términos en asignaturas con las que no guardan ninguna relación se repiten de manera numerosa, como sostenibilidad (130 veces), perspectiva o igualdad de género (54 veces)”.

Como recoge el informe en el que la Comunidad de Madrid ha basado su recurso, “el abordaje de estos temas resulta complejo y debe hacerse con la mayor seriedad y rigor, pues no parece prudente vincular, por ejemplo, la validez matemática con el consumo responsable, ni exigirles a los docentes de las distintas especialidades que deban enfrentarse a ello sin tener los conocimientos requeridos”.

Fuente: Fátima Caballero en eldiario.es

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