Sin la existencia de un estatuto a nivel estatal que establezca un mínimo, reclaman que el servicio sea público allí donde se encuentra privatizado y la mejora de sus condiciones laborales para hacer frente a unos incendios cada vez más virulentos
Tan cierto es que los incendios forestales se evitan en invierno como que la mejora de las condiciones laborales de los bomberos es la mejor inversión para que cada año no se quemen miles de hectáreas. Sin ir más lejos, en Castilla y León hay bomberos forestales que han recibido 14 horas de formación. Allí, el servicio está externalizado a unas empresas privadas que se reparten el pastel y cuyo fin primordial es el negocio. No sucede así en otras comunidades, aunque en ellas también acucia el problema de la alta temporalidad, la siniestralidad, las nuevas condiciones que dificultan la extinción del fuego y el envejecimiento de una plantilla que realiza un gran esfuerzo físico en su desempeño.
Jesús Pita, representante del Sindicato Profesional de Bomberos/as Forestales (Firet) en la comunidad, indica que el 80% de los operativos forestales está formado por trabajadores pertenecientes a empresas privadas. “Los tres meses de verano el operativo está al completo. La mitad está uno o dos meses más, el 10% trabaja diez meses, y los restantes se quedan fuera”, añade. Los salarios que perciben, denuncia Pita, son demasiado bajos. El sueldo de un peón está en los 1.050 euros, y el de un especialista en torno a los 1.100 euros brutos sin pluses ni pagas extras.
El sindicalista califica esta realidad de “decimonónica”, pues la precariedad en la que se ven inmersos se materializa, según datos de Firet, en que un 70% de los operativos contra los incendios forestales de Castilla y León no tiene una antigüedad mayor a tres campañas, es decir, nueve meses. Tal y como apunta Pita, “a la hora de extinguir un fuego, la falta de experiencia, entrenamiento y capacitación tiene consecuencias graves”.
Además, los bomberos forestales se enfrentan a la mayor siniestralidad posible: el peligro de morir trabajando. “El seguro que establece el convenio en Castilla y León por un accidente grave o por fallecimiento son 25.000 euros de indemnización. Eso es ridículo, no estamos cubiertos”, se queja el representante de Firet, que trabajó 15 años como bombero forestal.
Nadie con experiencia
A sus 37 años, Pita sabe que “los incendios de ahora no son los de hace cuatro años”. Los 4.500 bomberos que hay en la comunidad castellanoleonesa, pertenecientes a hasta 20 empresas diferentes, deben luchar también contra unas llamas mucho más virulentas debido a los periodos más largos de sequía, por ejemplo.
Por otra parte, el perfil que destaca en la plantilla corresponde al de joven estudiante que accede a su primer empleo, y al de persona con estudios relacionados con el sector forestal que quiere acceder a puestos en otras comunidades autónomas donde las condiciones son mejores y exigen antigüedad. Es decir, que en Castilla y León no hay nadie con cierta experiencia. “Desde la Junta no hacen nada para remediarlo. En muy sencillo: les da exactamente igual”, resume Pita.
Ángel Rubio, responsable del Sindicato Profesional de Bomberos Forestales de UGT a nivel estatal, atiende a lamarea.com desde la guardia que realiza en Granada. En este caso, la plantilla pertenece a la Agencia de Aguas y Medio Ambiente de Andalucía. En otras palabras: son personal de la Administración pública. Allí, de los 3.600 bomberos forestales que existen, unos 800 suelen ser interinos o temporales que trabajan únicamente los cuatro meses y medio de verano.
El salario de estos bomberos andaluces está por encima de la media. En la comunidad del sur se ubica en los 24.900 euros anuales, cuando el salario medio en España está en los 23.000, tal y como confirma Rubio. “Hay algunas horquillas que van desde los 15.000 hasta los 28.000 de algunas autonomías. Las que más altos tienen los sueldos son Cantabria y Canarias”, indica el sindicalista de UGT.
La lucha por la fijeza del puesto laboral
En su caso, la mayor reclamación que formulan es la finalización de la interinidad y temporalidad del personal. “Han hecho una interpretación bastante nefasta de la última reforma laboral. Aunque un Real Decreto establecía la finalización de las interinidades, se han acogido a la fórmula fijo-discontinuo en lugar de hacer fijos a los trabajadores”, desarrolla Rubio, quien recuerda que casi un 25% de la plantilla tan solo trabaja en verano. Si les hicieran fijos, dice, podrían realizar muchos más trabajos preventivos en la campaña invernal.
Asimismo, exigen que se atienda a sus coeficientes reductores para la edad de jubilación, pues en Andalucía hay un 45% de la plantilla por encima de los 50 años. “Es un volumen muy grande porque en una década la plantilla puede quedarse a la mitad”, concreta el ugetista.
Anxo Pernas es bombero forestal en la Xunta de Galiza y delegado de personal de Comisiones Obreras en la provincia de Lugo. A sus 42 años y 22 campañas de verano de experiencia, ocupa una plaza de fijo discontinuo de nueve meses. En esta comunidad todo el servicio también pertenece a la Administración, aunque hay algunas bases privatizadas.
En ese sentido, sus salarios corresponden con los marcados para el personal laboral de la Administración pública, con ciertas peculiaridades dada la especificidad de sus funciones. De esta forma, de entrada cada bombero cobra unos 1.700 euros brutos, que se quedarían en 1.100 netos. “Nosotros trabajamos 7 horas los grados de riesgo bajo y medio, y 8 horas en alto riesgo con un tope de 12 en caso de extinción”, explica Pernas, que afirma que últimamente están trabajando por encima de lo estipulado.
Reclaman, también, la aplicación a nivel estatal del código forestal, mediante el que no solo harían funciones de prevención y extinción de incendios, sino que podrían dar apoyo a las contingencias del medio natural. Desempeñarían así funciones auxiliares ante cualquier tipo de emergencia a la que podrían llegar antes que otros cuerpos.
Trabajo de sobra en Galicia
Una de sus grandes luchas es la estabilización de las plazas que ahora mismo están en régimen de interinidad en la comunicad gallega. “Estaríamos en unas 1.400 personas de carrera en el servicio, y con la Ley de temporalidad la Administración tiene que estabilizar mil plazas de personal que solo trabaja medio año”, señala Pernas al mismo tiempo que defiende que habría que aumentar el tiempo de trabajo de esas personas. “En Galicia se corta más del 50% de la madera a nivel estatal, así que hay trabajo de sobra de prevención”, en sus propios términos.
Pese a que acepta que en Galicia las condiciones laborales son mejores que en otras regiones, el sindicalista de CCOO indica que no todas las plazas están cubiertas. “Si en una brigada de cinco personas solo van tres, estamos llevando a cado casi el doble de trabajo, con lo que eso conlleva para la seguridad propia de cada uno”, desarrolla.
Envejecimiento de la plantilla e incendios más virulentos
Desde su comunidad también reivindican que se acepten los coeficientes reductores de cara a la edad de jubilación. Pernas apuntilla que “hay personal en extinción que se acerca a los 60 años”. En Galicia, las cosas tampoco son demasiado diferentes a la hora de aplacar las llamas. Los fuegos, que no conocen fronteras, ponen cada vez más vidas en peligro, pese a ser forestales.
“La vegetación en España tiene un estrés hídrico mucho mayor que antes, y la prueba de ello es que en 2022 llevamos quemadas 245.061 hectáreas en 48 grandes incendios forestales, según datos de Europa”, apunta Rubio. La fotografía entre grandes incendios y hectáreas quemadas corresponde a una curva invertida: hay menos incendios que antes, pero arden muchas más hectáreas.
Que el fuego se expanda tanto hace que, cada vez más, se aproxime a la población. “Antes, que teníamos una emergencia en el medio natural, dada la emergencia climática acuciante que tenemos nos encontramos con desalojos y acciones de protección civil frente a esos incendios que nos dejan en una situación muy compleja”, agrega el miembro de UGT. Se refiere a la escala de acción que tienen: primero salvar las personas, después los bienes materiales, y por último la masa forestal.
“Ya no hablamos de condiciones laborales, es que organizativamente es lamentable. Es lamentable ver cómo un incendio pasa al otro lado de la frontera y no puedes ir a actuar. Ahora los gobiernos se dan cuenta de que sus dispositivos no están dimensionados adecuadamente para estas emergencias, así que esperamos que la cosa cambie”, concluye Rubio.
Fuente: Guillermo Martínez en lamarea.com
Foto portada: Incendio forestal en la parroquia de Puente Sampayo, Pontevedra (Galicia, España), el 10 de agosto de 2016. CONTANDO ESTRELAS / Licencia CC BY-SA 2.0
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