Amnistía Internacional documenta más de 60 casos de violencia policial durante la huelga del 11-N

“Es fundamental que en la próxima legislatura se regule el uso de la fuerza ejercida por la policía de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos”, sostiene la organización

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cargas policiales en Gran Vía durante la huelga del 11N – rrss

Miguel García, un joven de 26 años, buscó refugio en la calle Leganitos de Madrid el día de la huelga general por la vivienda. Según cuenta, pronto se vio atrapado entre dos unidades policiales: una que subía desde Plaza España y otra que bajaba desde Callao. Mientras la policía se acercaba, escuchó a un agente gritar “¡ahora qué, valientes!”. Miguel, siempre según su relato, se puso contra una pared para evidenciar que no quería ninguna confrontación. Aun así, denuncia que recibió tres golpes de porra: en la pierna, en la cara y, ya de espaldas, en el glúteo. Un vídeo de la escena muestra a un agente disparando una pelota de goma en horizontal, a muy corta distancia, contra un grupo que se retiraba de espaldas.  

::Pasa en Carabanchel::

Es uno de los 61 casos que Amnistía Internacional ha documentado de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de diversos cuerpos de policía contra manifestantes pacíficos y periodistas durante la pasada huelga general. Tras desplegar equipos de observación en distintos puntos del país, la organización ha analizado material audiovisual de la jornada y ha llevado a cabo 24 entrevistas a personas que han denunciado violaciones de derechos humanos y testigos.

Entre los hechos documentados, figuran golpes de porra contra personas que no suponían una amenaza a las fuerzas de seguridad, muchos de ellos en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, y contra personas de espaldas que huían o se alejaban de los agentes. También ha documentado el uso indiscriminado de espray pimienta contra personas y grupos de manifestantes pacíficos, en ocasiones a muy corta distancia. Según explica en un comunicado, los agentes lanzaron botes de gas lacrimógeno contra una multitud pacífica que acabó encapsulada, y dispararon pelotas de goma por la espalda.

Una chica de 26 años (que prefiere preservar su identidad), al ver a agentes antidisturbios preparados para cargar en Gran Vía, se refugió en el metro. Según cuenta, recuerda ver mucho humo dentro del propio metro, que le produjo mucho picor en nariz y boca. Afortunadamente, tenía una mascarilla FFP2, que se puso en ese momento. Una de sus amigas se había quedado fuera, por lo que pidió a los agentes que estaban en el metro que la dejaran salir para ir a buscarla, ya que estaba herida. No solo se negaron –denuncia– sino que un agente le espetó: “Si la [sic] hemos pegado es porque, a lo mejor, se lo merecía”. 

«Estas actuaciones son incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por la policía en una manifestación», denuncia Amnistía Internacional, que añade que el uso excesivo de la fuerza no es ocasional: «Responde a un patrón que se ha repetido de forma continuada durante el último año». 

Los hechos durante la jornada de huelga llevaron a algunas organizaciones y partidos a pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, tras las denuncias, ordenó investigar las incidencias y dio instrucciones para dejar de usar estos gases lacrimógenos en las protestas. Amnistía Internacional valora este anuncio como un primer paso positivo pero insuficiente: «Las porras, las pelotas de goma, el espray pimienta y los gases lacrimógenos deben revisarse en tres aspectos: su idoneidad para usarse en el contexto de protestas, sus protocolos de uso y la formación de los agentes». La organización pide, además, que las investigaciones sean independientes, alcancen a la cadena de mando y hagan públicas sus conclusiones con detalle. 

Lo que ocurrió es consecuencia directa de la vigente Ley Mordaza, cuya derogación –pese a las promesas del Gobierno– no se ha cumplido tampoco en esta legislatura. En ese sentido, Amnistía Internacional valora positivamente que algunos partidos políticos como PSOE, Frente Amplio, Podemos, PNV, EH–Bildu y ERC, entre otros, recojan en sus programas medidas para poner fin a la criminalización de la protesta y la reforma de la oficialmente denominada Ley de Seguridad Ciudadana. «Es fundamental que en la próxima legislatura se regule el uso de la fuerza ejercida por la policía de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos», sostiene la organización. 

Fuente: lamarea.com

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