La querella, firmada por exmagistrados y expertos, señala que el monarca utilizó fundaciones opacas para eludir impuestos y pide que se le investigue por fraude fiscal entre 2014 y 2018, periodo en el que ya no era inviolable
Un grupo de juristas han presentado una querella contra el rey emérito Juan Carlos I por cinco delitos de fraude fiscal, impugnando su regularización fiscal de 2021. Aducen que utilizó fundaciones opacas para evadir impuestos. La querella destaca la importancia de la justicia y la responsabilidad pública en este contexto.
Un grupo de destacados juristas e intelectuales ha presentado este lunes una querella ante el Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I, acusándolo de cinco delitos de fraude fiscal. En el escrito, de 20 páginas, impugnan también la regularización fiscal realizada por el monarca en 2021, que fue avalada por la Fiscalía y utilizada para cerrar las investigaciones sobre sus presuntas irregularidades tributarias.
Entre los firmantes se encuentran figuras como los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, los exmagistrados del Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger, así como académicos y personalidades públicas como Javier Pérez Royo, Pilar del Río y Josep Ramoneda. En su querella, subrayan que la defensa del interés general y los principios de igualdad y solidaridad son la base de su iniciativa, en un caso que involucra a una figura pública de la relevancia constitucional del anterior jefe del Estado.
La querella sostiene que Juan Carlos I utilizó instrumentos opacos como las fundaciones Zagatka y Lucum, radicadas en Liechtenstein y Suiza, para ocultar fondos y eludir impuestos entre 2014 y 2018, periodo en el que ya no gozaba de la inviolabilidad otorgada por la Constitución a los monarcas en ejercicio. Estas maniobras, según los denunciantes, constituyen un fraude fiscal agravado que no prescribiría hasta 10 años después.
En particular, los querellantes impugnan la regularización fiscal por valor de más de 4,4 millones de euros que el rey emérito realizó entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, cuando ya sabía que estaba siendo investigado. Argumentan que esta acción no cumple los requisitos de “integridad y espontaneidad” que el Código Penal exige para eximir de responsabilidad en casos de fraude fiscal. Según explican, Juan Carlos I efectuó estas declaraciones complementarias tras recibir notificaciones formales de la Fiscalía sobre la apertura de diligencias, lo que invalida el efecto despenalizador de la regularización.
Además, el escrito detalla las investigaciones iniciadas en 2018 sobre el patrimonio del monarca y los indicios de delitos vinculados al uso de tarjetas de crédito sufragadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, comisiones ilegales relacionadas con el AVE a La Meca y cuentas en paraísos fiscales. También se alude a gastos opacos como vuelos privados y armas de caza gestionados a través de la fundación Zagatka.
La querella no solo pide que Juan Carlos I sea llamado a declarar en calidad de imputado, sino que también solicita la comparecencia como testigos de personas clave en su entorno financiero. Entre ellos, su primo Álvaro de Orleans, el abogado Javier Sánchez-Junco y los gestores suizos Arturo Fasana y Dante Canónica. Asimismo, incluye al empresario Sanginés-Krause y representantes de bancos y agencias que habrían facilitado las transacciones cuestionadas.
El grupo solicitante, en un gesto simbólico, ha propuesto fijar una fianza de tan solo un euro para esta acción legal, argumentando que su principal objetivo es reivindicar los valores de la Justicia, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. La acusación popular insta al Tribunal Supremo a investigar los hechos y a valorar las pruebas presentadas, subrayando la relevancia de este caso en el contexto de la responsabilidad pública y ética de quienes han ocupado altos cargos institucionales.
Este caso plantea un desafío inédito al modelo jurídico que regula la posición de los exmonarcas en España y reabre el debate sobre el alcance de la responsabilidad penal en figuras de alta relevancia institucional.
Fuente: mundoobrero.es
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