Audita Sanidad y la Coordinadora de Barrios alertan frente al Ministerio que el Proyecto de Ley de Gestión Pública mantiene intactos los artículos de la Ley General de Sanidad que permiten conciertos, convenios y concesiones con empresas privadas
Bajo el lema «¿A quién quieren engañar?», la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública han comparecido este miércoles frente al Ministerio de Sanidad para desmontar el relato oficial sobre el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Las organizaciones sostienen que la norma, lejos de blindar el sistema público, perpetúa el modelo mixto público-privado que dicen combatir.
“La ministra Mónica García sigue reiterando que con este proyecto de ley el sistema sanitario público iba a ser 100% público. Pues no es correcto ni es exacto”, ha sentenciado Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad, durante la rueda de prensa. Su diagnóstico es claro: “Ha habido algunas decisiones positivas, pero la letra pequeña permite que se siga manteniendo el modelo sanitario mixto público-privado”.
La derogación que no deroga nada
El Ministerio de Sanidad ha presentado la derogación de la Ley 15/1997 como el gesto simbólico que cierra la puerta a la privatización sanitaria. La norma, aprobada por el Gobierno de José María Aznar, abrió la vía a fórmulas de gestión privada como el modelo Alzira y facilitó la entrada de grandes grupos empresariales en la sanidad pública.
Sin embargo, las plataformas advierten que derribar esa norma no equivale a demoler el edificio jurídico que sostiene la privatización. Los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad de 1986 —que regulan los conciertos singulares, los convenios con hospitales privados y la concertación de servicios— permanecen intactos. “La derogación de una ley no elimina el resto del marco jurídico que permite la privatización”, insisten.
A ello se suma la Ley de Contratos del Sector Público, que las organizaciones señalan como la autopista legal por la que las administraciones pueden seguir externalizando servicios diagnósticos, laboratorios, rehabilitación, atención domiciliaria o tecnología sanitaria. “No pone ningún control ni limitación”, ha denunciado Losada.
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Los contratos que sobrevivirán a la ley
El Proyecto de Ley incluye un régimen transitorio que, según el Ministerio, ofrece “seguridad jurídica” a las concesiones ya en marcha. Las plataformas lo interpretan de otro modo: los contratos firmados al amparo de la legislación anterior —incluidos los de colaboración público-privada (PFI/PPP) que en algunos casos se extienden hasta 2036— seguirán vigentes hasta su vencimiento, sin que la nueva norma contemple mecanismos para revocarlos o impedir sus prórrogas.
“Es posible la reversión, pero hay muchos contratos de temporalidad de 30 años. No se habla de la imposibilidad de prorrogarlos”, ha señalado Ana Encinas, de la Coordinadora de Barrios. Las organizaciones citan el precedente del modelo Alzira, cuya concesión no fue renovada y cuya gestión revirtió a la Administración valenciana, como prueba de que la reversión es viable cuando existe voluntad política.
Según datos aportados por las entidades, en 2025 un total de 249 hospitales del Estado contaban con algún tipo de concierto con la sanidad pública, de los cuales 19 operaban bajo fórmulas de colaboración público-privada y once de ellos se concentraban en la Comunidad de Madrid.
El agujero de las mutualidades
Uno de los puntos más incómodos del análisis expuesto por las plataformas es la persistencia del régimen sanitario especial de las mutualidades de funcionarios. MUFACE, ISFAS y MUGEJU permiten a más de un millón y medio de empleados públicos elegir cada 1 de enero si su asistencia sanitaria la presta la sanidad pública o una aseguradora privada. “Esto es inadmisible y atenta contra la igualdad del resto de la población”, ha declarado Encinas.
La norma, sostienen, no toca ese régimen. Y mientras no lo haga, una parte significativa de la población seguirá teniendo garantizado por ley el acceso a la sanidad privada financiada con fondos públicos, sin que la nueva ley de gestión pública altere ese equilibrio.
Lo que el Ministerio no dice
El Gobierno ha justificado la norma con argumentos de evidencia científica: un análisis de 38 países de la OCDE concluyó que no existe respaldo empírico a la supuesta mayor eficiencia de la privatización, y que modelos como el de Alzira obtuvieron peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus que hospitales públicos comparables. La ministra García ha llegado a decir que “se acabó convertir la sanidad pública en una franquicia para fondos buitre”.
Las plataformas no discuten esos datos. Discuten que la ley que los invoca tenga los dientes suficientes para traducirlos en cambios reales. La gestión indirecta seguirá siendo posible si las administraciones justifican su excepcionalidad ante un comité de evaluación, pero las organizaciones consideran que ese filtro es un formalismo que no impide nuevas externalizaciones. “La privatización no es más barata ni tampoco más segura. Al contrario, conlleva una reducción de plantillas y una peor atención”, ha concluido Encinas. “Este proyecto de ley no blinda la sanidad pública: se va a poder seguir derivando dinero público al sector privado”.
Mientras el texto inicia su tramitación parlamentaria, la pregunta que las plataformas lanzan frente al Ministerio sigue sin respuesta oficial: si la ley no deroga los artículos que permiten los conciertos, no revierte los contratos firmados y no toca las mutualidades, ¿qué blindaje queda?
Fuente: loquesomos.es
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