La propiedad del número 22 de la calle General Lacy, en Madrid, ha iniciado una campaña de presión para forzar la salida de sus inquilinos ejerciendo amenazas y coacciones a través terceros. Los dueños del edificio exigen indemnizaciones a los vecinos de hasta 6.000 euros “con el fin de evitar un procedimiento judicial de desahucio”
Los vecinos del número 22 de la calle General Lacy, en el barrio madrileño de Palos de la Frontera, viven atrapados en una pesadilla inmobiliaria desde hace más de un año. A mediados de 2024, después de que la finca cambiase de administradora unos meses antes, comenzaron a notificarles a través de burofaxes que sus contratos de arrendamiento no serían renovados. Desde entonces todo ha sido una sucesión de malas noticias para las más de 40 familias que viven en este bloque de pisos ubicado en el distrito madrileño de Arganzuela, del que la propiedad del inmueble intenta echarles. Para acelerar su salida, la propiedad ha iniciado una “táctica de desgaste” que combina chantaje, presiones, falsos mediadores y una maraña de gestoras inexistentes.
El edificio, propiedad de dos rentistas con múltiples inmuebles en la capital, se ha convertido en el epicentro de una estrategia opaca que, según los vecinos, tiene como objetivo vaciar el bloque para futuras operaciones especulativas. Detrás de todo este entramado -denuncian- se encuentra la familia Campos Cebrián-González Ruano, que han mantenido durante meses una red de administradores intermediarios que les ha permitido operar con escasa transparencia.
Primero fue Savills, una compañía inmobiliaria presidida por el empresario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, después el Grupo Soluzone y We Rent, y ahora Gaiprop, una empresa sin registro mercantil ni personal contratado. Esa opacidad es, según los vecinos, una táctica deliberada: “No hay nadie a quien reclamar, nadie con nombre y apellidos. Es una forma de eludir responsabilidades y desactivar cualquier defensa organizada”, denuncia Blanca, una de las inquilinas del bloque.
Las últimas noticias sobre la propiedad y sus planes con el edificio llegaron hace tan solo unos días. Los vecinos a los que ya les ha vencido el contrato de arrendamiento comenzaron a recibir comunicaciones por burofax en las que los dueños del bloque, a través de un bufete de abogados, les ofrecían pagar cantidades que oscilan entre los 125,95 y los 6.000 euros “con el fin de evitar un procedimiento judicial de desahucio”. “Ningún vecino ha dejado de pagar religiosamente su alquiler ni los suministros, no tiene ningún sentido que nos pidan dinero por evitar ir a juicio, quieren manipularnos para que cedamos ante sus presiones”, asegura Blanca.
Según explican los vecinos, las cifras que exigen en estas comunicaciones “han sido lanzadas al azar” e indican que solo lo han hecho para cumplir el trámite legal que ahora les exige ofrecer un acuerdo previo antes de demandar judicialmente. Las tácticas de confusión no terminan ahí. Poco después de recibir dichos burofaxes, apareció en el portal del edificio una nota convocando a los vecinos a una reunión “informativa”, firmada por una supuesta empresa gestora de la que los vecinos no habían tenido noticias previamente. Además, la convocatoria coincidía con el día y el horario habitual en el que los vecinos se reúnen semanalmente.
Investigando el nombre de la empresa, los vecinos descubrieron que no existía: no tiene sede fiscal, ni trabajadores, ni está en el registro mercantil. Aun así, decidieron acudir a la reunión para ver qué pasaba. Lo que encontraron fue, en sus palabras, “ridículo”. Un hombre y una mujer sin identificación alguna se presentaron ante los inquilinos como mediadores. Les explicaron que querían ayudarles a encontrar la mejor solución y les dejaron una tarjeta con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico al que podían contactarles.
Después de la visita los vecinos pudieron confirmar que detrás de estos supuestos mediadores se encontraban María José Jiménez y Rafael Ramírez, dos inviduos enviados directamente por la propiedad para ejercer todavía más presión sobre los vecinos. Jiménez es una conocida activista gitana candidata en las listas del Partido Popular y de Podemos y, ahora, mediadora a sueldo para el fondo buitre Elix Rental Housing, la socimi de la familia Aguirre. Claudio Aguirre, primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre es el socio director y copresidente de AltamarCAM, una empresa inversora a la que pertenece Elix.
María José ya actuó de mediadora en Tribulete 7, edificio que terminó comprando la compañía Elix y dejando en la calle a 54 familias. En la visita a General Lacy le acompañaba Rafael Ramírez, del que los vecinos no tienen referencias, salvo que su actitud era similar a la de las empresas de desocupación. Este periódico ha conseguido ponerse en contacto con Rafael Ramírez, pero se ha negado a contestar nuestras preguntas sobre la propiedad y el edificio.
Después del primer encuentro en la asamblea vecinal, los supuestos mediadores han vuelto a intentar hablar con los vecinos en, al menos, otras dos ocasiones, esta vez yendo timbre por timbre para intentar convencerles de pagar la cantidad que pide la propiedad y abandonar el edificio. Este jueves el asunto escaló a mayores. María José y Rafael se presentaron en General Lacy de nuevo con un nuevo objetivo: presionar al portero de la finca. Según relatan los vecinos del bloque a Somos Arganzuela, intentaron convencer al portero para ayudarles a coaccionar a los inquilinos amenazándole con que “si no lo hacía iban a hacer todo lo posible para que perdiera su puesto de trabajo”.
La visita terminó con el Samur y la Policía en el edificio, los primeros porque el portero sufrió un ataque de ansiedad y los segundos porque los mediadores los llamaron ante la negativa de los vecinos a dejarles entrar. Durante los primeros encuentros con ellos, los inquilinos consideraban que se trataba de una estrategia para “sembrar dudas” entre ellos, sin embargo, dadas los últimos acontecimientos, el temor a algo peor es cada vez más real.
Abandono estructural como forma de presión
Mientras se libra esta guerra fría de gestoras falsas, mediadores y amenazas, hay otra traba más a la que se enfrentan los vecinos: el deterioro de algunas de las viviendas. Techos a punto de caerse, humedades severas y hongos en las paredes componen el escenario diario con el que viven algunos de los inquilinos desde hace meses. La gestora de la propiedad no ha dado ninguna solución a los vecinos que se encuentran en esta situación, dejando que vivan en condiciones insalubres, aún teniendo los contratos en vigor.
El silencio e inoperancia por parte de la empresa gestora respecto a la gotera junto a la amenaza de desalojo ha llevado a los vecinos a plantearse que podrían estar siendo víctimas de un caso de mobbing inmobiliario. “El modus operandi de esta gente es bastante curioso. Están esperando a que los contratos de alquiler vayan cumpliéndose para vaciar los pisos poco a poco. Eso puede llevarles años, dependiendo de cuándo terminen los contratos. Mientras tanto, lo que están haciendo con los contratos aún vigentes es omitir su deber de asegurar la habitabilidad de las viviendas”, contaba Blanca a este periódico hace unos meses.
En su caso, tras una orden emitida por el área de Urbanismo del Ayuntamiento que les obligaba a reparar las humedades de la vivienda, enviaron a un técnico sin conocimientos específicos. “Solo vino a hacer fotos. No era fontanero ni hizo nada útil. Al final contraté yo a un profesional y en cuatro horas lo arregló. Me costó lo mismo que un mes de alquiler. Mandé la factura y la resté del pago. No han dicho ni mú”, explica la vecina afectada. Blanca asegura que el contenido de los burofaxes refuerza la hipótesis de una campaña de intimidación orquestada.
Ante las presiones recibidas en las últimas semanas por parte de la propiedad, los vecinos han decidido pasar a la acción. Este domingo 29 de junio, entre las 12.00 y las 15.00 horas, los vecinos organizan un acto de protesta frente al edificio de General Lacy 22. La concentración contará con conciertos, almuerzo y una performance artísticas, además del despliegue de una gran pancarta en la fachada del inmueble. Blanca, está convencida de que este es el camino que deben transitar si quieren ser escuchados: “Queremos hacer ruido. Mostrar que no estamos solos ni indefensos. Que esto no es un caso aislado, sino parte de una ofensiva inmobiliaria más amplia”.
Fuente: Nerea Díaz Ochando en eldiario.es
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