Los familiares de los fallecidos en residencias piden una rectificación a la Fiscalía
Marea de Residencias y Verdad y Justicia celebran que se pida declarar a los “autores intelectuales” del protocolo de exclusión y que sean 17, no solo nueve, las denuncias presentadas por la fiscal superior madrileña.
A raíz del comunicado que hacía público la Fiscalía de la Comunidad de Madrid donde anunciaba que ponía en marcha nueve denuncias sobre la falta de asistanecia médica por discriminación de mayores en las residencias, las asociaciones de familiares Marea de Residencias y Verdad y Justicia piden una rectificación de esta información. Empezando por el dato que da la titular de la Fiscalía Superior, Almudena Lastra, y es que apuntan a que son 17 y no nueve las denuncias aupadas por este organismo.
Desde las dos asociaciones detallan cada una de estas demandas y, añaden, que se ha pedido la reapertura de otra causa archivada. Especifican que cinco de las denuncias han sido abiertas por la Fiscalía Provincial de Madrid (en los juzgados de instrucción de Madrid y de Collado-Villalba), otras seis desde la Fiscalía de Getafe-Leganés (una en el juzgado de instrucción de Getafe, otra en Aranjuez, tres en Valdemoro y una en Leganés), tres en la Fiscalía de Móstoles-Fuenlabrada (dos en el juzgado de instrucción de Alcorcón y una en el de Móstoles) y tres más por parte de la Fiscalía de Alcalá de henares (las tres en el juzgado de instrucción de Alcalá).
La causa que piden reabrir ha sido en los juzgados de Fuenlabrada, reapertura pedida por la Fiscalía de Móstoles. Este mismo organismo, añaden las asociaciones, ha pedido al juzgado decano auxilio judicial para un informe médico forense en una causa presentada en Navalcarnero.
“Pedimos que se rectifique de inmediato esa nota informativa porque la opinión pública debe conocer la verdad y no ser intoxicado con versiones inventadas, bulos o verdades a medias”, indica a El Salto, Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. “Lo cierto es que, pese a quien pese, esta decisión de la Fiscalía Provincial es un primer paso muy decisivo para conocer la verdad y hacer justicia con las víctimas de las residencias”, reconoce.
“Lo cierto es que, pese a quien pese, esta decisión de la Fiscalía Provincial es un primer paso muy decisivo para conocer la verdad”
Otro dato que tanto Marea de Residencias como Verdad y Justicia rebaten a la fiscal es que se hayan reunido y, a raíz de ese encuentro, surgieran las denuncias de la fiscalía. “Esta información es falsa. La denuncia colectiva se presentó en el Registro de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid el 10 de octubre, no en noviembre. Las entidades no se reunieron con la fiscal Lastra ni en octubre, ni en noviembre, ni en ninguna otra fecha desde entonces”.
Por último, los familiares quieren poner en relieve el trabajo que desde las fiscalías de la Comunidad de Madrid se ha hecho en estos meses. Celebran que la Fiscalía Provincial solicite que se llame a declarar como investigados a “los autores intelectuales” y a los firmantes del protocolo excluyente que impidió la derivación a los hospitales de miles de residentes enfermos. Esto pone en relieve lo que ya se ha intentado hacer con varias macro querellas y denuncias que es que reconozca el carácter discriminatorio y letal de los protocolos llamados ‘de la vergüenza’.
Por primera vez se consideran como investigados a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como posibles responsables de un delito.
Tanto las denuncias de la fiscalía como las presentadas por los familiares de 115 residentes se centran en demostrar que se cometió un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Esto ha llevado, por primera vez, a considerar como investigados (antigua figura de imputado) a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como posibles responsables de este delito.
Algo determinante ara Marea de Residencias. “Además de certificar esa denegación de la derivación hospitalaria, también deja claro que no en todas las comunidades autónomas se actuó igual”, explican y detallan que, en concreto, la fiscalía dice que “fueron muy pocas las Comunidades Autónomas de nuestro país que dictaron este tipo de protocolos, significando especialmente a la Comunidad de Madrid”.
Por último, los familiares de fallecidos consideran “muy importante” que la Fiscalía resalte que “los médicos y resto de facultativos sociosanitarios hicieron todo lo que pudieron, incluso arriesgando su vida y salud y este sentimiento de respeto y admiración es reflejado por todos y cada uno de los denunciantes a los que se ha tomado declaración en las Diligencias de Investigación Preprocesal nº 66/2025”.
Fuente: Laura L. Ruiz – @lauralruiz.bsky.social – @lauralruiz@mastodon.world en elsaltodiario.com
Homenaje a las víctimas de las residencias en el quinto aniversario de la pandemia: “Queremos que nos pidan perdón”
Un centenar de personas se concentran frente al Tribunal Supremo para recordar a los mayores fallecidos en los centros de mayores. “Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidieron quién tenía derecho a morir y quién no”, han lamentado los organizadores
Siguen buscando respuestas a lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia. Cinco años después de que se ratificase la primera versión de los protocolos que impidieron la derivación de mayores que estaban residiendo en centros de mayores, familiares de fallecidos y distintos colectivos se han reunido este martes frente al Tribunal Supremo para pedir verdad, justicia y reparación.
En recuerdo a los más de 7.000 fallecidos durante los peores meses de la pandemia, los convocantes se han concentrado rodeando sillas de ruedas para homenajear a los mayores que, a pesar de estar contagiados, no fueron derivados. “Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidieron quién tenía derecho a morir y quién no”, ha asegurado una de las portavoces de la asociación de Verdad y Justicia que ha tomado la palabra.
En la concentración también han participado empleadas de centros de mayores. Mar Jiménez ha recordado la impotencia que sintieron ella y sus compañeras durante aquellos meses en los que el virus se expandió en los centros de mayores. “Se nos morían entre las manos, no teníamos medios para ayudarlos”, ha explicado. “Nos convertimos en héroes anónimos en un sistema que tantas veces nos ha dado la espalda”, ha apuntado Carmen, otra empleada, que también ha solicitado al Gobierno autonómico que aporte a las residencias unos “presupuestos justos para dar una atención de calidad”.
7.291 Verdad y Justicia, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE), la Coordinadora de Madrid por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Madrid, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores han sido los convocantes de esta concentración.
La plataforma Marea de Residencias, que también ha asistido, ha denunciado el “señalamiento que se ha hecho desde el gobierno de la Comunidad de Madrid hacia aquellas personas que están luchando para conseguir esa justicia, hacia el trabajo de nuestro movimiento y hacia los familiares”.
Aunque el Ejecutivo autonómico ha trasladado este martes su respeto a esta concentración, el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García, ha vuelto a cargar contra los convocantes, a los que ha definido como “plataformas políticas que han decidido realizar legítimamente esa manifestación”.
En un manifiesto conjunto, los convocantes han explicado que “Madrid fue con diferencia la región en la que se vivió la peor situación, tanto por el gran número de fallecidos respecto de la población en residencias (con solo el 15% de la población nacional, concentró más del 35% de las muertes en residencias), como por la horrible situación vivida por cada uno de los afectados en su dramático final”.
La madre de Ramona Carvajal falleció en una residencia de en abril de 2020. “Pagarán por lo que han hecho”, esas fueron las últimas palabras que dirigió a su progenitora al despedirse, antes de que fuese sedada. Desde entonces, busca que “se haga justicia con aquellas personas que no tuvieron la opción de poder salvarse”, que no pudieron acceder a una atención sanitaria.
“Lo único que buscamos es que se reconozca que esos protocolos existieron, que se reconozca que se hizo mal y que pidan perdón. Nada más”, explica Carvajal, que espera que los nuevos avances judiciales en la investigación de lo sucedido en las residencias “den un poquito de luz a las personas que sufrieron esta situación”.
Fuente: Laura Galaup en eldiario.es
Tu Barrio