46.300 personas dependientes fallecieron sin recibir ayudas económicas en 2021

El plan de choque del Gobierno revierte parte de los recortes perpetrados desde 2012 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pero su alcance se queda lejos de los objetivos prometidos

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado el último informe procedente del Observatorio Estatal de la Dependencia. En él, se desgrana el impacto del plan de choque diseñado por el Gobierno específicamente para reconstruir un sistema de dependencia que, ya debilitado por los recortes, se vio duramente golpeado por la pandemia de covid-19.

Cabe decir que, estableciendo una comparativa con los años anteriores, los resultados muestran cierta mejoría en aspectos tan cruciales como la financiación pública o el número total de personas atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Hablando de cifras exactas, el incremento de la partida presupuestaria correspondiente a este sector supone un aumento del 48%, mientras que la cantidad de ciudadanos y ciudadanas cubiertas por los servicios del SAAD en 2021 multiplicó por diez la evolución del año anterior, llegando a beneficiar a 97.912 personas más que en 2020.

Son números que no se alcanzaban desde hace una década; no obstante, el balance general del informe no es nada halagüeño, pues los signos de recuperación mencionados no bastan para tapar las grietas generadas tras una época de recortes sin miramientos, cuyo volumen acumulado desde 2012 se estima que ronda los 6.321 millones de euros. Una cantidad desorbitada de dinero, extraído directamente del sistema de dependencia por las políticas neoliberales, que se traduce en problemas muy serios, como las casi 400.000 personas que se encuentran atrapadas en las listas de espera de la dependencia, con un tiempo de demora medio de 421 días, casi 14 meses. 

Todo ello tiene como consecuencia fallecimientos que podrían haberse evitado. Concretamente, el informe habla de una mortalidad excesiva del 10,3%, lo que supone 20.976 muertes que, a priori, no deberían haber ocurrido. 

Si bien se puede apreciar una responsabilización explícita dirigida hacia los recortes llevados a cabo en legislaturas previas, el documento del Observatorio Estatal de la Dependencia también señala, de forma directa, las negligencias del actual equipo de gobierno. En este caso, revela lo lejos que se ha quedado el Ejecutivo de cumplir con los objetivos de su plan de choque: de las 60.000 personas que deberían haber salido de las listas de espera de la dependencia durante el año 2021 –un 25,8% de reducción–, solo lo han logrado 38.807 –un 16,7% de reducción–.

De nuevo, se trata de errores que, más allá de su representación numérica, tienen un impacto tremendo a nivel de vidas humanas: son 46.300 las personas que murieron privadas de la posibilidad de recibir una serie de servicios acordes a los derechos básicos derivados de su condición de dependientes. De ellas, 18.356 ni siquiera pudieron ver resuelta su situación, ya que perdieron la vida sin haber llegado a obtener un grado de dependencia, el primer paso necesario antes de ejercer sus derechos.

Con respecto a la idoneidad de las ayudas que sí llegan a tiempo, el informe habla de “prestaciones y servicios cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia”. Pero no solo arroja esta valoración, sino que la sustenta en los datos exactos de las cuantías que conforman, en promedio, las prestaciones económicas por cuidados familiares: 138,36€ al mes para los Grado I, 240,59€ al mes para los Grado II y 333,73€ al mes para los Grado III. Además, hasta un 21,3% de los costes directos de los servicios de atención a la dependencia desplegados durante el año 2021 fueron cubiertos por los propios usuarios y usuarias en forma de copagos.

Para terminar, cabe hacer una mención a la situación de todas esas personas –en su gran mayoría mujeres– que dedican su vida, muchas veces por obligación, a cuidar de alguien dependiente. Según este XXII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, tan solo el 13,93% de las cuidadoras están dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales. Una cantidad mínima que, aparte de precarizar tantas y tantas vidas, hace que el Estado deje de movilizar más de 70 millones de € incluidos en la dotación presupuestaria destinada a este servicio, que quedan sin ejecutar.

Fuente: ctxt.es
Foto: Gerd Altmann en Pixabay

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