La familia Mejías Cano vive desde hace diez años “con un pie dentro y otro fuera” de su casa. El Ayuntamiento de Madrid vendió su piso y 1.860 más al fondo buitre Blackstone
La posibilidad de tener que abandonar su casa ha sido continua para los Mejías Cano. Tanto es así, aseguran, que las navidades de los últimos años las han celebrado como si fueran las últimas bajo ese techo, aunque no contaban con un plan b si eso sucedía. “Durante años no hemos comprado muebles porque pensábamos que si nos teníamos que ir, quizá no teníamos espacio luego en el nuevo piso para meterlos. O no hemos pintado por si nos echaban. Nos han condicionado la vida”, denuncia Mercedes Cano desde su piso, en el barrio madrileño de Carabanchel.
Ella, su marido y sus hijas, más que ilusionadas, están impacientes por lo que diga finalmente la justicia. Son una de las centenares de familias afectadas por la venta a precio de saldo de 1.860 viviendas propiedad del Ayuntamiento de Madrid al fondo buitre Blackstone en el año 2013. Aquella fue una de las operaciones inmobiliarias más abyectas de las últimas décadas, un símbolo del desprecio de lo público que, ahora por fin, podría empezar a revertirse.
El Tribunal Supremo ratificó a principios de diciembre el derecho de cuatro residentes de comprar las casas en las que residen en la calle Lope de Vega, en el centro de la capital. De esta forma, como ya hiciese la Audiencia Provincial, el Alto Tribunal reconoce el derecho de tanteo y retracto que figuraba en los contratos de dichos inquilinos con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, que daba prioridad a los residentes a la hora de comprar los inmuebles. Ahora, podrán ejercer la compra al mismo precio que lo hizo el fondo en 2013, unos 65.000 euros por piso. No obstante, el caso de la familia Mejías Cano y el de otros 40 hogares aún deben ser estudiados por el Supremo. La Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a las familias en enero de 2022 pero el fondo presentó un recurso de casación que los demandantes esperan que no tarde demasiado tiempo en resolverse.
Un calvario de diez años
Manuel Mejías todavía se acuerda del 2 de diciembre de 2002, el día en el que le entregaron las llaves de su nueva casa después de meter la mano en un bombo. “Fue azar que nos tocase, porque podría haber sido cualquier otra”, cuenta sentado en el salón de su vivienda, en la periferia de Madrid. Manuel no habla demasiado y son su hija Arantxa y su esposa quienes relatan el calvario vital que llevan soportando desde hace más de diez años. Noelia, la hija más pequeña del matrimonio, se une a la conversación un poco más tarde.
Mercedes tiene que someterse a varias intervenciones quirúrgicas en los próximos días, una de las cuales podría derivar en la necesidad de una prótesis de rodilla. Todo ello se sumará a las tres operaciones por las que ya ha tenido que pasar, además de un cáncer de mama. “Nadie podrá decir que todo lo que padezco procede de lo que hemos sufrido, eso no hay ningún médico que lo pueda confirmar, pero lo que está claro es que yo no he tenido las condiciones ni físicas ni mentales para poder recuperarme. Llevamos diez años viviendo en la cuerda floja, y eso, a mí, me ha quitado la vida”, concluye en el sofá.
Arantxa, la hija mayor del matrimonio, se convirtió en portavoz y líder de todas las personas perjudicadas. Siempre de la mano del abogado Mariano Benítez de Lugo, para quien solo tiene palabras de agradecimiento. “Cuando empezó todo esto, yo tenía 24 años, era una niñata y no tenía ningún conocimiento jurídico. He invertido mi juventud, mi tiempo y mi dinero en esto y ha sido un desgaste emocional enorme”, denuncia la joven, que se muestra feliz ante la sentencia del Supremo pero, a su vez, “expectante y comedida” ante las próximas resoluciones.
Madre e hija se han llegado a sentir culpables mutuamente. Mercedes, por haber permitido que Arantxa asumiese el liderazgo y la representación de cientos de familias –a la vez que muestra un enorme orgullo por el trabajo realizado por su hija–. Arantxa, en su caso, por haber colocado a su familia en el punto de mira de Blackstone: “En 2016, cuando fueron venciendo los contratos, al resto de inquilinos se les ofreció una renovación. Con condiciones leoninas, sí, pero una renovación. A nosotros nos enviaron un burofax para decirnos que teníamos 30 días para abandonar el piso”. La familia, sin embargo, asegura no haber incumplido ninguno de los términos del contrato ni haber dejado de pagar una renta que comenzó siendo de 600 euros en sus inicios y que, en la actualidad, supera los 1.100 euros.
“A una media de 800 mensuales, llevamos pagados 173.000 euros hasta ahora. Súmale lo que haya que pagar si finalmente nos dan la razón para ejecutar la compra, más los intereses de la hipoteca. Y, sobre todo, suma el desgaste que llevamos viviendo durante años. Que nadie se equivoque, porque incluso ganando el juicio, perdemos. Son los pisos más caros de la historia”, asegura Arantxa en un relato agridulce del que, sin embargo, sí extrae algo positivo: “Estamos recuperando un derecho para nosotros pero también para todos los madrileños, porque esas 1.860 viviendas eran de todos y de todas”. Mercedes asiente: “Y, por una vez, el pez grande no se sale con la suya”.
La gestión de Ana Botella
«Sólo cambia su casero, sólo cambia el emisor en el contrato de alquiler». Fue la frase que pronunció la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, durante una intervención en el pleno en abril de 2014 en la que aseguró que los inquilinos iban a mantener “sus derechos y obligaciones”. Arantxa recuerda todavía esa frase: “Que nos digan a nosotros si solo ha sido un cambio en el recibo”.
La exedil del PP fue señalada como principal culpable de la operación, y así fue recogido por el Tribunal de Cuentas, que en 2018 condenó a Botella y a seis de sus concejales al pago de casi 23 millones de euros por la venta de las 1.860 viviendas por un precio inferior al contable y de mercado. Meses después, sin embargo, la sala de enjuiciamiento del citado organismo revocó la condena por dos votos frente a uno. En ambos casos, se trataba de consejeros propuestos por el PP, entre ellos Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con José María Aznar, marido de Ana Botella.
A través de la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS, Arantxa Mejías, que ejercía como presidenta, y el abogado Benítez de Lugo, sentaron en el banquillo al exconsejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. Ambos fueron finalmente absueltos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. Arantxa cree que podrían haber ganado el recurso ante el Tribunal Supremo: “Pero ya estábamos muy cansados”. Ella, Mercedes, Manuel y Noelia, sin embargo, todavía guardan algunas fuerzas para lo que esperan sea un recta final corta que les permita dejar de vivir con un pie dentro y otro fuera de su propia casa. “Es egoísmo por nosotros pero también son ganas de que el resto de personas puedan estar tranquilas”, expresa Mercedes, que remarca el carácter humilde de su familia y la falta de expectativas futuras en el ámbito de la vivienda: “No es solo que no se ponga remedio al problema que existe, sino que lo poco que hay, como esto, se regala a este tipo de empresas. Las casas son para vivir, no para esto”.
Los Mejías Cano afrontan unas fiestas aparentemente diferentes. Pero el suyo no es un cuento de Navidad, y así lo repiten. “Ojalá que la próxima vez que hablemos, esto se haya acabado”, dice Arantxa antes de despedirse. “Ojalá. Yo quiero ya vivir tranquila, no quiero esta losa tan enorme”, añade Mercedes.
Fuente: Dani Domínguez en lamarea.com
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