¿Tregua en María Guerrero 1? Mantiene la protesta contra 6 desahucios aunque Sareb anuncie que la paraliza

• El ‘banco malo’ había amenazado de desalojo a 6 de las 14 familias que viven en un edificio que su antiguo propietario alquiló durante más de 10 años en fraude de ley y ha ofrecido contratos con clausulas abusivas al resto

Oficialmente los desahucios de seis familias previstos para el próximo miércoles 12 de noviembre por parte de la Sareb estarían paralizados, pero el Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC) mantiene la protesta prevista para la hora del lanzamiento en María Guerrero 1. En el conflicto que mantiene a 14 familias enfrentadas al ‘banco malo’, el movimiento por la vivienda exige alquileres sociales y que se retiren las ofertas de contrato con clausulas abusivas, entre otros aspectos.

Los motivos son al mismo tiempo prácticos y simbólicos. El abogado del movimiento de vivienda recibió la noticia de la petición de paralización del lanzamiento el pasado viernes 7 de noviembre. Al ser el lunes 10 festivo en la ciudad Madrid, dejaría un solo día, el 11, para que se hiciese efectiva dicha medida en el juzgado.

Por otra parte, y como comunicaron los representantes del SVC en un acto celebrado este domingo 9 de noviembre, convocado desde hace semanas para preparar la resistencia al lanzamiento, “esto no significa que se paralice el desahucio, se puede volver a anunciar para cualquier otra fecha, y sigue sin solucionar la cuestión de las clausulas abusivas ofrecidas en los contratos”.

La situación en María Guerrero 1 se remonta a 2009, durante la crisis anterior, cuando el edificio fue construido por la promotora Inversiones Winner. Esta firma quebró dejando una deuda de más de seis millones de euros con diferentes proveedores, pero aún así uno de los empresarios comenzó a alquilar las viviendas del bloque a pesar de no tener cédula de habitabilidad y mantener la luz y el agua de obra. Los vecinos que entraron a vivir entonces desconocían esta circunstancia.

A lo largo del tiempo, algunas familias se marcharon por los inconvenientes de residir en el bloque, sufriendo frecuentes cortes de suministros, no teniendo la posibilidad de empadronarse —y por tanto con problemas para tener el centro de salud o el colegio en el mismo barrio— e incluso con alguno de los inmuebles convertido por breve tiempo en residencia turística irregular.

En 2023 la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) asumió la deuda de la promotora y comenzó el proceso de desalojo de los vecinos, algunos de los cuáles descubrieron en aquel momento que se encontraban en alquiler de forma irregular a pesar de haber cumplido su contrato durante año. El bloque se constituyó como plataforma dentro del SVC hace justo un año e inició un proceso de negociación colectiva, aunque Sareb se niega a reconocerlos como interlocutores.

El pasado verano los vecinos denunciaron el ofrecimiento de contratos a unas familias sí, ocho, y a otras no, las seis amenazadas de desahucio para el próximo miércoles. Dicha oferta se rechazó por no abarcar a todas las viviendas y por incluir clausulas como la posibilidad de que los responsables de Sareb entren en las viviendas en cualquier momento sin notificarlo previamente o la polémica “cláusula de bonificación” por la cual el ‘banco malo’ podría decidir retirar el alquiler social a una familia unilateralmente y sin notificarlo.

Durante las actividades del pasado domingo 9 de noviembre participaron representantes del movimiento de vivienda en otras zonas de Madrid capital, como es el caso de la PAH de Vallecas. Estas explicaron la vigencia del llamado Plan Sareb, movilización a nivel estatal de diferentes organizaciones de vivienda para forzar a que la entidad pública ponga en alquiler social las viviendas que aún gestione y paralice tanto los procesos de desahucio como los contratos abusivos.

El Plan Sareb inició sus actividades el pasado octubre de 2024 con la primera denuncia de una vecina de Madrid contra el ‘banco malo’ por violar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Uno de los principales objetivos de dicho plan es conseguir con la “clausula de bonificación”, por la que Sareb se reserva el derecho de “subir el alquiler en cualquier momento” al retirar la bonificación social. Por este motivo la entidad ha llegado a reclamar deudas de entre 10.000 y hasta 35.000 euros a diferentes vecinas.

En el caso de María Guerrero 1, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel mantiene la convocatoria de concentración el próximo 12 de noviembre a las 8:00 de la mañana como medida de presión y en previsión de un posible desalojo.

Fuente: Jose A. Cano – IG @caniferus – elsaltodiario.com