La petición de las familias afectadas se basa en las experiencias previas del barrio de El Carmel en Barcelona y del pacto para dar viviendas a familias de la Cañada Real Galiana
Los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares llevan muchos años luchando por una solución definitiva que ponga fin al grave problema derivado de la mala ejecución de la construcción de la línea 7B de Metro. La situación actual del problema no se entiende sin echar la vista atrás.
Antecedentes
En el año 2007, la por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, celebraba la inauguración del nuevo trazado de metro que, casualmente, coincidía con los comicios autonómicos que derivaron en una abultada mayoría absoluta para el Partido Popular. Pocos meses después de la algarabía y resaca por la victoria electoral comenzó la pesadilla en el municipio de San Fernando de Henares. En junio del año 2008 se emitieron los primeros informes técnicos que alertaban del riesgo de colapso en el túnel y el entorno del trazado de metro. En el año 2009, nuevos informes remarcaban la extrema urgencia de actuar en el nuevo trazado. En el año 2010 comenzaron a monitorizar los primeros problemas estructurales generados en viviendas por el movimiento del terreno. En el año 2016 ya era demasiado tarde. Un nuevo informe de los técnicos de la propia Comunidad de Madrid señalaba que “se dejó transcurrir un tiempo excesivo desde que se manifestaron los primeros problemas y por ello el proceso de disolución y degradación del terreno evolucionó hacia extremos difícilmente reversibles”. Tras once años eludiendo su responsabilidad, el 9 de enero del año 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó en firme a la Comunidad de Madrid como única administración responsable. Entre los años 2019 y 2024, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no solo no ha dado una solución definitiva para acabar con el problema técnico y su derivada social en el municipio, sino que lo ha empeorado hasta niveles difícilmente imaginables.
Un nuevo informe demoledor
La situación ha empeorado hasta el punto de que el pasado 25 de junio, por primera vez en 16 años, el consejero de Transporte y Vivienda, Jorge Rodrigo, ha planteado abiertamente un posible cierre definitivo de todo el suburbano a su paso por San Fernando de Henares, añadiendo un cierre temporal estimado en siete meses de toda la línea 7B hasta la estación de Estadio Metropolitano. Este cierre temporal se produce, según declaraciones del propio consejero, para acometer trabajos de mejora y actualización en la señalización de la línea. Estas afirmaciones chocan frontalmente con los nuevos datos que se desprenden del nuevo informe técnico que ha hecho público la Plataforma de Afectados por Metro 7B y que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha ocultado durante un mes siguiendo su habitual política de opacidad.
Este documento, firmado y avalado el pasado 21 de mayo por Miguel Núñez, director de Infraestructuras del gobierno de la Comunidad de Madrid, arroja una serie de importantes conclusiones. Se verifica la existencia de “graves patologías en túnel, desprendimiento de material en las dovelas, degradación epidérmica del hormigón y grietas en elementos estructurales. Todo ello debido a fenómenos de disolución-precipitación de sales presentes en el agua, lo que produce un estado de debilidad estructural”. Al mismo tiempo se constata la deformación de la rasante del túnel, “llegando a registrarse un descenso acumulado de 17’54 cm”, sometiendo la estructura del túnel “a un nivel tensional no previsto”. La estructura del túnel ha duplicado en un mes la velocidad de hundimiento, pasando de 0’12mm a 0’20mm en tan solo 35 días. A estos datos se suma otro más estremecedor: a pesar de todos los trabajos realizados, ninguno de ellos ha servido para revertir el problema estructural. Al contrario. Ha empeorado de forma considerable.
Dicho informe concluye de la siguiente manera: “La confluencia de los citados factores constituye un estado de grave inestabilidad estructural del túnel […], los movimientos registrados en profundidad se están trasladando desde las capas inferiores hacia las superiores, dando lugar a descensos diferenciales en los niveles de apoyo de las cimentaciones de las edificaciones y por tanto provocando tensiones y daños muy graves en las estructuras de las construcciones. Todo ello conlleva un grave peligro para personas y bienes”. Las reacciones políticas no se han hecho esperar e Izquierda Unidad en Madrid ha exigido la dimisión del Consejero de Transporte de la Comunidad.
Más de 150 millones de euros por el sumidero
Estas informaciones, detalladas con claridad en la Exposición de Motivos para los trabajos de impermeabilización del túnel, que costarán 35 millones de euros más a los madrileños/as, se oponen de forma rotunda al ideario político desplegado por el ejecutivo regional, que ha gastado más esfuerzos en crear una imagen distorsionada de la realidad que en lograr una solución definitiva para la mayor negligencia técnica generada a un municipio en la historia reciente de nuestro país.
El 3 de noviembre del 2022 el gobierno de Ayuso publicitó a bombo y platillo que su ejecutivo había “invertido” en “soluciones integrales” más de 124 millones de euros. A estas partidas presupuestarias habría que sumar no solo la cuantía del último proyecto sino una infinidad de contratos destinados a diversos proyectos de consolidación. Después de arrojar a un sumidero más de 150 millones de euros, dejar sin hogar a 73 familias, dañar más de 600, devaluar un municipio y derruir el patrimonio público, la Comunidad de Madrid señala su incapacidad para desarrollar una solución real.
Este problema ha generado unas consecuencias a corto plazo gravísimas para la población en materia de vivienda y transporte, pero también un problema imprevisible a medio y largo plazo por la carencia de estudios hidrogeológicos de gran envergadura, tal y como ha sugerido recientemente el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos en su último Dictamen al respecto del problema técnico de la línea 7B de Metro: «El terreno complicado en el que se ejecutó la obra hubiera exigido un proyecto adaptado a las condiciones peculiares del subsuelo salino y a la hidrogeología local […] Ninguno de los tres proyectos realizados consideró un análisis de riesgos integral en su dimensión más extensa, centrando únicamente en el análisis de las subsidencias”. Por este motivo proponen la realización de forma urgente de un “Estudio Geológico de detalle” puesto que “no se puede diseñar una solución constructiva sin conocer a fondo y diagnosticar el proceso geológico que está ocurriendo en el subsuelo de San Fernando de Henares”.
Los afectados exigen un Pacto de Estado
Las familias afectadas, aglutinadas en la Plataforma de Afectados por Metro como máximo órgano de movilización y organización del conflicto, piden un Pacto de Estado urgente. Lo hacen basándose en dos experiencias previas: la solución dada en el año 2005 a las familias del barrio de El Carmel en Barcelona y el reciente pacto firmado para dar viviendas a las familias que actualmente residen en la Cañada Real Galiana.
En este sentido, los afectados solicitaron hace meses a los grupos parlamentarios que componen el Gobierno de España una reunión urgente para tratar este asunto. El pasado 21 de marzo representantes de Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y el Partido Comunista de España citaron a los afectados en el Congreso de los Diputados para, por primera vez, explorar una vía de solución técnica y social enmarcada en un Pacto de Estado. Cuatro meses después siguen esperando la respuesta del grupo Socialista que, hasta la fecha, ha respondido con silencio administrativo a todas las peticiones realizadas por los afectados. Este posicionamiento se complementa con la posición de la dirección política del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, con mayoría absoluta del PSOE, que en los últimos meses ha desplegado una narrativa en sintonía con la del gobierno de la Comunidad de Madrid, alejándose sensiblemente de los intereses de las familias afectadas.
Mientras tanto, las familias trabajadoras de San Fernando de Henares y Coslada siguen sufriendo las terribles consecuencias. La pérdida de sus hogares y negocios, de espacios públicos, los daños a cientos de viviendas, la devaluación generalizada del municipio y la pérdida de un servicio de transporte público parece no ser un aliciente suficiente para poner en el centro de la acción política las necesidades de las familias trabajadoras de la periferia de Madrid.
Fuente: Moisés Guerra en mundoobrero.es
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